Por Brooklyn Draisey, Iowa Capital Dispatch
Los miembros de la Junta de Regentes de Iowa aseguraron al público este miércoles que están prestando atención a las preocupaciones planteadas y que están ralentizando el proceso de implementación de una nueva política sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) en la educación universitaria. Señalaron que la versión final de dicha política podría diferir de la propuesta actual.
El regente David Barker indicó que la política propuesta, que prohibiría a las universidades exigir a los estudiantes cursar asignaturas con “contenido sustancial que promueva DEI o CRT (teoría crítica de la raza)” como requisito para graduarse —con algunas excepciones—, “será un primer paso importante” para evitar que se presenten ideas controvertidas como hechos y para restablecer la confianza en la educación superior.
La junta debatió la propuesta durante su reunión del 11 de junio, siendo esta la primera de dos lecturas antes de someterla a votación en julio.
De acuerdo con la propuesta, los estudiantes no estarían obligados a cursar materias que incluyan como pilares fundamentales temas como antirracismo, solidaridad (allyship), microagresiones, tipos de sesgos o privilegios, justicia social, teoría crítica de la raza, opresión sistémica, marginación o teoría de género, entre otros.
Mark Braun, director ejecutivo de la Junta de Regentes, reconoció durante la discusión que el término “sustancial” es ambiguo, pero afirmó que el personal de la junta trabajará con las instituciones para definirlo con mayor precisión y determinar en qué situaciones aplicará una vez que la política entre en vigor. Recalcó que esta medida se aplicaría únicamente a los cursos obligatorios, no a los optativos.
“En gran medida, esto servirá para mostrar cuántos programas académicos no requieren cursos que cumplan con ese criterio de contenido sustancial”, explicó Braun.
La política también prevé un mecanismo para solicitar exenciones, añadió Braun, ya que la junta comprende que ciertos cursos deben abordar estos temas por motivos válidos. Según el borrador de la política, las universidades podrán presentar cada dos años —en años pares y a más tardar el 30 de junio— una lista de programas, especialidades y certificados que deberían quedar exentos. La junta deberá aprobar dichas solicitudes.
Durante la reunión, los regentes Christine Hensley y Barker comentaron que recibieron numerosos correos electrónicos tras la publicación de la propuesta, algunos de los cuales, según Barker, fueron “algo arrogantes y altaneros” o “denotaban una falta de comprensión sobre la política”. No obstante, destacó que la información útil recibida le permitió considerar que es posible mejorar esta propuesta inicial.
Barker aseguró que el objetivo de la política no es suprimir ciertas posturas, sino evitar que se presenten “ideas polémicas y debatidas como verdades absolutas”, sin importar de qué sector político provengan.
Hensley recordó que, en un principio, se tenía previsto que la discusión de esta semana incluyera tanto la primera como la segunda lectura de la propuesta, lo que “desató una tormenta” entre muchas personas preocupadas por la aparente rapidez del proceso.
“Creo firmemente que, cuando se trata de algo controversial —y diría que este caso lo ha sido—, es importante hacer una pausa, retroceder y escuchar a los distintos grupos involucrados”, afirmó Hensley.
Preocupaciones expresadas por estudiantes y funcionarios estatales
Los críticos de la propuesta fueron más allá de enviar correos a los regentes: varios expresaron sus preocupaciones durante el espacio de comentarios públicos del miércoles. Tanto organizaciones como personas a nivel institucional y estatal han calificado los cambios como una forma de censura en el aula y una violación a la ley.
Aunque muchos estudiantes, docentes y ciudadanos que intervinieron agradecieron a la junta por haber pospuesto la votación, la opinión generalizada fue que la política tendría un efecto negativo en los campus y sus comunidades, a pesar de presentarse como una medida para proteger los derechos estudiantiles.
Luego de que el sindicato de profesores de la Universidad del Norte de Iowa publicara una declaración en contra de la propuesta la semana pasada, el presidente del sindicato United Faculty, Christopher Martin, participó en los comentarios públicos para exponer tres aspectos que, según él, definen esta política: primero, que fue redactada a partir de recomendaciones externas al estado y no como respuesta a problemas reales en Iowa; segundo, que su implementación constituiría censura gubernamental; y tercero, que sería ilegal.
“No hay una postura intermedia, ni una solución a medias”, dijo Martin. “O defiendes la libertad de expresión en las universidades de Iowa, o no lo haces. Y que Dios proteja a Iowa, a sus universidades públicas y a toda la ciudadanía de este estado si no lo hacen”.
Ashley Maempa, estudiante de doctorado en historia en la Universidad de Iowa, manifestó estar “profundamente preocupada” tanto por esta política —que calificó como una sobrerreacción legislativa— como por otras leyes que, según dijo, están perjudicando a su institución y a otras universidades del estado.
Maempa señaló que, aunque se afirma que estas decisiones buscan proteger a los estudiantes, en realidad otorgan poder “a un organismo gubernamental designado políticamente para tomar decisiones políticas sobre qué conceptos se consideran opiniones y cuáles tienen una base académica legítima”. Afirmó que quienes deberían decidir qué se enseña en las aulas son los especialistas capacitados en estas áreas, y no los miembros de la junta, quienes no tienen esa preparación.
“No somos portavoces políticos de quienes estén en el poder”, declaró Maempa. “Somos académicos, somos docentes, somos estudiantes. Les pedimos que voten en contra de esta propuesta en julio, y que cumplan con su deber de defender la libertad académica frente a nuestra Legislatura”.
El senador estatal Herman Quirmbach, demócrata por Ames, publicó un memorando antes de la reunión en el que analiza leyes anteriores y el Código de Iowa vigente respecto a las funciones de la junta y las políticas educativas del estado. En él concluye que la junta no tiene autoridad legal para restringir la enseñanza académica de esta manera y que, de hacerlo, estaría infringiendo la ley estatal.
“Ninguna legislación reciente ha otorgado a la Junta de Regentes autoridad sobre el contenido de los cursos relacionados con diversidad o discriminación por raza o sexo”, indicó Quirmbach en un comunicado de prensa. “Además, la legislación vigente en Iowa incluye sólidas protecciones a la libertad académica de docentes y estudiantes, protecciones que esta propuesta vulneraría”.
Dado que la política no entraría en vigor hasta dentro de un año, Quirmbach apuntó en el memorando que no existe razón para apresurar su aprobación sin dar a la comunidad universitaria el tiempo necesario para revisarla a fondo, y mucho menos para evaluar su posible impacto. Propuso posponer la votación hasta el otoño para permitir un análisis más profundo por parte de los campus, y para que la junta pueda considerar “posibles vulnerabilidades legales y constitucionales, así como el riesgo de enfrentar demandas judiciales”.
Durante la reunión, el regente Robert Cramer expresó su interés en escuchar al personal académico de las universidades sobre qué lenguaje consideran más adecuado para evitar el adoctrinamiento en el aula sin poner en riesgo la libertad de cátedra.
Hensley coincidió en que fue acertado posponer la votación, y al contar con una nueva lectura antes de tomar una decisión, señaló que no sería un problema si la política aún no está completamente lista.
“Esto no entrará en vigor hasta el próximo año, así que tenemos tiempo para hacerlo bien, y creo que eso debe ser nuestra principal prioridad”, concluyó Hensley.
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