Por Shauneen Miranda, Iowa Capital Dispatch
Washington, DC — Los despidos masivos propuestos en el Departamento de Educación de EE. UU. han generado alarma entre defensores de personas con discapacidad y legisladores demócratas por el posible impacto en millones de estudiantes con discapacidades.
Los defensores advierten que el departamento no puede llevar a cabo sus funciones legalmente obligatorias para los servicios y el apoyo de educación especial con los niveles de personal propuestos por la reducción de fuerza, o RIF, del presidente Donald Trump.
Se informa que la agencia también está considerando una transferencia de los programas de educación especial a un departamento diferente.
“Si hemos aprendido algo este año, es que la lucha recién comienza”, dijo Rachel Gittleman, presidenta de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Municipales y de Comercio Local 252, que representa a los trabajadores del Departamento de Educación, a States Newsroom. “Y vamos a hacer todo lo que podamos para luchar contra estos despidos ilegales y el desmantelamiento del departamento, pero esto recién comienza”.
La administración Trump asestó otro hachazo al departamento a principios de este mes en medio del cierre gubernamental en curso, vaciando efectivamente unidades clave que sirven a estudiantes con discapacidades. Las oficinas afectadas administran 15,000 millones de dólares en programas de subvenciones formularias y discrecionales bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, o IDEA, proporcionan orientación y apoyo a familias y estados e investigan quejas por discriminación por discapacidad, entre otras responsabilidades.
Aunque un juez federal ha bloqueado temporalmente a la administración para llevar a cabo los despidos, el fallo proporciona solo un alivio a corto plazo mientras se desarrollan los procedimientos legales.
La administración procedió a despedir a 465 empleados del departamento, incluidos 121 en la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación, u OSERS, 132 en la Oficina de Educación Primaria y Secundaria, u OESE, y 137 en la Oficina de Derechos Civiles, u OCR.
Los despidos también afectaron a la Oficina del Secretario, la Oficina de Comunicaciones y la Oficina de Educación Postsecundaria.
“No se puede ver nada de esto de forma aislada”, dijo Gittleman. “Cuando se piensa en la educación específicamente, también hay que considerar que la OESE, la Oficina de Educación Primaria y Secundaria, también experimentó una RIF casi completa”.
Gittleman describió la oficina de derechos civiles como “el lugar que garantiza que las familias tengan un sitio al que acudir cuando se niega a los estudiantes el acceso a la educación por su discapacidad”.
“Eso también fue casi completamente desmantelado”, dijo. “Así que se están debilitando estos programas de múltiples maneras porque… los niños con discapacidades se benefician de los programas de OESE, la asistencia de OCR y los programas de OSERS”.
Esas tres unidades ya habían sido afectadas por un conjunto separado de despidos en el departamento a principios de este año.
Los padres como defensores
Katy Neas, directora ejecutiva de The Arc of the United States, un grupo de defensa para personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, dijo que aunque la ley IDEA no ha cambiado y los derechos de los niños con discapacidades se mantienen, la capacidad del gobierno para hacer cumplir e implementar esos derechos se ha deteriorado.
OSERS es responsable de gestionar y apoyar la ley IDEA, que garantiza una educación pública gratuita para estudiantes con discapacidades y cumple 50 años. La unidad general OSERS incluye la Oficina del Secretario Adjunto, la Oficina de Programas de Educación Especial y la Administración de Servicios de Rehabilitación.
“Si se elimina el conocimiento de las personas en el Departamento de Educación de EE. UU. en la Oficina de Programas de Educación Especial — la ley es compleja, la combinación de la ley federal con las leyes estatales es compleja — se necesita esa fuente confiable de información precisa, y por eso, creo que va a hacer que la implementación de esta ley sea mucho más difícil”, dijo Neas a States Newsroom.
Durante el año escolar 2022-2023, 7.5 millones de estudiantes en Estados Unidos recibieron servicios a través de la ley IDEA, según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, una agencia federal.
Neas alentó a los padres a “conocer sus derechos” y “entender qué hace y qué no hace la ley por su hijo, y no aceptar un no por respuesta”.
Dijo que los padres “realmente tienen que estar bien versados en lo que la ley exige que las escuelas proporcionen a su hijo”, y “tienen que ser los que insistan en que la ley se implemente con fidelidad, porque son ellos los que estarán en primera línea tratando de que eso suceda”.
“Atónitos”
Jacqueline Rodriguez, directora ejecutiva del Centro Nacional para las Discapacidades del Aprendizaje, dijo que las RIF harían “imposible” que la Oficina de Programas de Educación Especial “cumpla con sus requisitos estatutarios”.
Rodriguez, cuya organización aboga por personas con problemas de aprendizaje y atención, dijo que “teníamos cientos de empleados haciendo este tipo de trabajo — los requisitos estatutarios son monitoreo, cumplimiento, orientación, apoyo — no es solo presionar un botón y emitir fondos”.
También señaló que los grupos de defensa, incluido el suyo, están “atónitos” por los despidos generalizados de personal de educación especial debido al contraste con las garantías previas que la secretaria de Educación, Linda McMahon, ha dado tanto a Rodriguez como al Congreso sobre apoyar a los estudiantes con discapacidades.
“No me sorprende que la administración intente desmantelar algo que estaba legalmente requerido”, dijo. “Pero estoy atónita de que la secretaria se sentara y diera testimonio ante el Congreso en su audiencia de confirmación. Lo hizo en la audiencia de supervisión. Se sentó frente a mí y dijo: ‘No, Jackie, esta administración apoya a los niños con necesidades especiales. Siempre seremos buenos defensores. No tienes que preocuparte'”.
Solo días después de que se enviaron los avisos de despido, McMahon recurrió a las redes sociales para restar importancia a las consecuencias del cierre en su departamento.
A las dos semanas del cierre, “millones de estudiantes estadounidenses todavía van a la escuela, los maestros reciben sus salarios y las escuelas funcionan con normalidad”, escribió McMahon.
La secretaria añadió que “confirma lo que el Presidente ha dicho: el Departamento de Educación federal es innecesario, y deberíamos devolver la educación a los estados”.
McMahon también especificó que “ningún fondo para educación se ve afectado por la RIF, incluidos los fondos para educación especial”.
Rodriguez dijo que la publicación de McMahon indica que la secretaria cree que el “statu quo es perfectamente razonable — cuando sabemos que ese no es el caso — y desmantela todas las oportunidades para que un niño con una discapacidad realmente tenga su educación legalmente garantizada”.
“Estoy más allá de ser educada y brindar deferencia profesional porque no ha habido consideración o deferencia hacia los niños con discapacidades en los últimos 10 meses”, añadió.
Los grupos que abogan por los estudiantes con discapacidades están unidos en su oposición, continuó Rodriguez.
“Las organizaciones de discapacidad en todo el país están unidas, todos estamos hablando entre nosotros”, dijo. “Todos trabajamos de manera colaborativa, y estamos en concierto, completamente alineados”.
Demócratas del Congreso se oponen ferozmente a los recortes
Mientras tanto, varios legisladores demócratas expresaron indignación y preocupación por las RIF del departamento en dos cartas separadas a la administración este mes.
Los representantes Lucy McBath de Georgia, Mark DeSaulnier y Lateefah Simon de California, lideraron a docenas de compañeros demócratas de la Cámara en una carta del 17 de octubre expresando a McMahon y al director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, su “profunda oposición” a los despidos y instándolos a “invertir inmediatamente el curso y rescindir los avisos de terminación que se enviaron a estos trabajadores”.
En otra carta a McMahon, 31 miembros del Caucus Demócrata del Senado escribieron el lunes que “acciones punitivas y temerarias como estos últimos despidos demuestran cómo el Presidente Trump y …Vought están disfrutando del cierre gubernamental que causaron — y están tratando a los estudiantes como peones políticos”, añadiendo: “Eso es indignante — y francamente inaceptable”.
La senadora Patty Murray del estado de Washington, la principal demócrata en el Comité de Apropiaciones del Senado, lideró la carta, junto con: el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer de Nueva York; el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, miembro de alto rango del Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones; y la senadora Tammy Baldwin de Wisconsin, miembro de alto rango del subcomité de Apropiaciones que supervisa la financiación del Departamento de Educación.
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