Por Ariana Figueroa, States Newsroom
Washington, D.C — El primer año del regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca estuvo marcado por constantes choques con el poder judicial, mientras el mandatario y su administración avanzaban con una agenda migratoria agresiva.
Durante el último año, la administración Trump ha intentado transformar de manera drástica la política migratoria en Estados Unidos, incluyendo retirar el estatus legal a millones de inmigrantes e intentar redefinir el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento.
Estas medidas han chocado de forma reiterada con el poder judicial.
Jueces federales frenaron temporalmente los planes de la administración Trump para desplegar a la Guardia Nacional en Portland, Oregón, con fines de control migratorio. También bloquearon la invocación de una ley bélica arcaica para expulsar inmigrantes del país, una medida que generó preocupaciones, incluso ante la Corte Suprema, por vulnerar los derechos al debido proceso de los inmigrantes.
En respuesta, el presidente pasó el último año enfrentándose con frecuencia a jueces federales, como ocurrió en junio, cuando el Departamento de Justicia demandó a todos los jueces de un tribunal federal en Maryland por una pausa de dos días en las deportaciones, implementada para garantizar el debido proceso de los inmigrantes.
Trump también centró su atención en ciertos jueces que suspendieron sus políticas, como el juez presidente del Distrito de Columbia, James Emanuel Boasberg.
Boasberg bloqueó a la administración Trump la deportación de ciertos inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y ordenó el regreso de vuelos de deportación que, pese a su orden judicial, terminaron aterrizando en una prisión de alta seguridad en El Salvador.
El señalamiento directo de Trump contra Boasberg a finales de marzo, así como su llamado a destituirlo, provocó una inusual reprimenda del presidente conservador de la Corte Suprema, John Roberts.
No obstante, la Corte Suprema ha concedido con frecuencia fallos favorables a la administración Trump en múltiples apelaciones de emergencia. El máximo tribunal permitió la deportación de inmigrantes a países con los que no tienen vínculos, conocidas como expulsiones a terceros países, y autorizó el uso de criterios raciales en la aplicación de las leyes migratorias en Los Ángeles.
El presidente también se ha enfrentado a diversos grupos como consecuencia de su política migratoria restrictiva.
Un grupo de cuáqueros demandó al Departamento de Seguridad Nacional después de que las autoridades eliminaran una política conocida como de “lugares sensibles”, que limitaba las acciones migratorias en espacios de culto.
La administración Trump también enfrentó críticas por su intento de deportar rápidamente a niños guatemaltecos en plena madrugada, caso en el que un juez designado por Trump afirmó que los argumentos del Departamento de Justicia “se derrumbaron como un castillo de naipes”.
De las decenas de demandas presentadas contra la administración Trump, estos son los cinco casos judiciales más relevantes relacionados con las políticas migratorias del presidente:
Ley de Enemigos Extranjeros
En marzo pasado, Boasberg, juez presidente del Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, ordenó que dos aviones de deportación que transportaban inmigrantes expulsados bajo una ley bélica del siglo XVIII regresaran a Estados Unidos.
Sin embargo, los aviones aterrizaron en El Salvador, y 137 hombres venezolanos fueron enviados a una prisión de máxima seguridad conocida como CECOT después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta ley bélica se aplicaría a cualquier ciudadano venezolano de 14 años o más sospechoso de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua.
Posteriormente, Boasberg pasó meses investigando si funcionarios de Trump desobedecieron su orden de hacer regresar los aviones. El mes pasado concluyó que las deportaciones fueron ilegales y se llevaron a cabo en desacato a su orden.
Los 137 hombres venezolanos fueron finalmente liberados de CECOT el verano pasado mediante un intercambio de prisioneros. Boasberg determinó que, aunque ya no están encarcelados, aún deben recibir garantías de debido proceso, y ordenó a la administración Trump proponer un mecanismo para garantizar esos derechos.
En el avance más reciente, el mes pasado ordenó a la administración elaborar un plan para cumplir con ello, como ofrecer algún tipo de entrevista por videollamada ante un juez de inmigración.
La administración Trump ha argumentado que, debido a las operaciones militares de Estados Unidos para extraer al presidente de Venezuela del país, la situación es cambiante y no puede proporcionar un cronograma para cumplir con la orden emitida el mes pasado.
La presentación más reciente del Departamento de Justicia, fechada el 12 de enero, objeta la orden judicial de facilitar audiencias remotas de debido proceso y señala que, “dada la actual inestabilidad política en Venezuela, existe un riesgo serio de interferencia intencional en los procedimientos remotos”.
El secretario de Estado, Marco Rubio, también presentó una declaración el 12 de enero ante el tribunal, en la que afirmó que “introducir el tema del destino de los 137 miembros de la demanda colectiva en estas discusiones, en este momento, podría causar un daño material a los intereses de la política exterior de Estados Unidos en Venezuela”.
Agregó que Estados Unidos no sabe dónde se encuentran los 137 hombres venezolanos.
“Dado el paso del tiempo, el gobierno de Estados Unidos no sabe —ni tiene forma de saber— el paradero de los miembros de la demanda colectiva, incluido si alguien ha salido de Venezuela o si el régimen posteriormente volvió a detener a alguno”, dijo Rubio.
Kilmar Abrego Garcia
La deportación errónea de Kilmar Abrego Garcia, un inmigrante salvadoreño y residente de Maryland desde hace años, puso el foco nacional sobre la ofensiva migratoria del presidente.
El caso de Abrego Garcia evidenció el impulso de la administración Trump hacia las deportaciones masivas. El proceso comenzó en marzo pasado en el Tribunal de Distrito de Maryland, después de que funcionarios de Trump lo deportaran por error a El Salvador, pese a que contaba con protecciones contra la deportación otorgadas por un juez de inmigración en 2019, debido al riesgo de que enfrentara violencia si regresaba a su país de origen.
Sin embargo, en marzo Abrego Garcia fue subido a un avión, junto con venezolanos deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, con destino a la megacárcel de El Salvador conocida como CECOT.
La jueza federal Paula Xinis ordenó a la administración Trump facilitar su regreso, pero la administración llevó el asunto hasta la Corte Suprema, argumentando que no podía obligar a otro gobierno a cumplir una orden de Estados Unidos.
La Corte Suprema falló a favor de Abrego Garcia, pero se abstuvo de ordenar su regreso.
Abrego Garcia regresó a Estados Unidos varios meses después para enfrentar una acusación penal en Tennessee por presunto tráfico de personas. Se ha declarado no culpable de esos cargos, y otro juez federal determinó que existen indicios de que el Departamento de Justicia presentó la acusación como represalia contra Abrego Garcia.
Desde su regreso, Abrego Garcia ha relatado tortura psicológica y física sufrida en CECOT. La administración Trump también ha intentado deportarlo a un país con el que no tiene vínculos, pese a las protecciones de deportación vigentes desde 2019.
Funcionarios de Trump volvieron a detener a Abrego Garcia e intentaron deportarlo a Esuatini, Ghana, Uganda y Liberia, pese a la disposición de Costa Rica para aceptarlo como refugiado y a su voluntad de trasladarse allí.
Por ello, Xinis ordenó la liberación de Abrego Garcia de un centro de detención del ICE en Pensilvania y prohibió a la administración Trump volver a detenerlo.
Actualmente, la jueza supervisa la impugnación presentada por Abrego Garcia contra su detención, bajo el argumento de que la administración Trump está utilizando su encarcelamiento como castigo y no con fines de deportación.
Una audiencia celebrada el 14 de enero fue el avance más reciente en el caso de Abrego Garcia.
En ella, Xinis consultó brevemente con sus abogados y con representantes del Departamento de Justicia sobre el momento en que se emitió una orden final de deportación contra Abrego Garcia; la cuestión era si ocurrió en 2019 o en enero de 2025.
El momento en que se emitió la orden de deportación podría determinar si la administración Trump puede volver a detener a Abrego Garcia con fines de expulsión. En diciembre, Xinis ordenó su liberación al concluir que la administración Trump lo estaba deteniendo de manera ilegal y que el ICE no logró demostrar de forma reiterada la existencia de una orden final de deportación.
Xinis señaló que planea emitir una decisión final en el caso de Abrego Garcia antes del 12 de febrero.
Ciudadanía por nacimiento
Una de las primeras órdenes ejecutivas que Trump firmó el Día de la Investidura fue poner fin al derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento.
Bajo este principio, todos los niños nacidos en Estados Unidos son considerados ciudadanos, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Existe una excepción limitada para los hijos de diplomáticos.
Si se eliminara la ciudadanía por nacimiento, más de 250,000 niños nacidos cada año no obtendrían la ciudadanía estadounidense y se crearía, de facto, una población de 2.7 millones de personas apátridas para 2045, según un estudio reciente del Migration Policy Institute.
En respuesta a la orden ejecutiva de Trump, se presentaron múltiples demandas y tribunales inferiores en todo el país concedieron medidas cautelares preliminares para frenar su aplicación.
Una de las impugnaciones a la ciudadanía por nacimiento, presentada por fiscales generales demócratas, llegó a la Corte Suprema, pero la administración Trump solicitó a los jueces que se pronunciaran sobre el alcance de las medidas cautelares nacionales dictadas por tribunales inferiores, en lugar de analizar el fondo del derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Los jueces emitieron una orden que limitó las medidas cautelares de alcance nacional, como las demandas colectivas.
El fondo del caso sobre la ciudadanía por nacimiento se encuentra ahora ante la Corte Suprema, que se espera escuche los argumentos orales en febrero.
El caso sobre ciudadanía por nacimiento es Barbara v. Trump, originado en un litigio en New Hampshire. Un juez federal emitió una medida cautelar preliminar para impedir que la orden ejecutiva entrara en vigor contra un grupo de bebés nacidos a partir del 20 de febrero de 2025. A esos niños se les habría negado la ciudadanía bajo la orden del presidente.
Acceso de legisladores a centros del ICE
Mientras la administración Trump mantiene una aplicación estricta de las leyes migratorias y la detención de inmigrantes, una de las pocas herramientas de las que disponen los demócratas, como partido minoritario, es la supervisión de los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Más de 60,000 inmigrantes permanecen detenidos en distintos centros del ICE en todo el país, y los demócratas sostienen que necesitan acceso para ejercer supervisión en esas instalaciones. Bajo una ley de asignaciones presupuestarias de 2019, cualquier legislador puede realizar visitas sin previo aviso a instalaciones federales que alojen inmigrantes.
Sin embargo, después de que a varios demócratas se les negara el acceso a centros del ICE en julio, debido a una política implementada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que exigía un aviso con siete días de anticipación, una docena de demócratas de la Cámara de Representantes presentó una demanda.
El mes pasado, un juez federal concedió la solicitud de los legisladores para suspender la nueva política de Noem. Sin embargo, después de que legisladores de Minnesota afirmaran que se les negó una visita de supervisión a un centro del ICE tras un tiroteo mortal cometido por un agente migratorio en Minneapolis, los demócratas regresaron a los tribunales el 14 de enero.
Noem volvió a exigir un aviso con siete días de anticipación, casi idéntico a la política que originalmente motivó la demanda de los demócratas el año pasado.
La jueza federal que lleva el caso, Jia Cobb, analiza si la administración Trump ha violado su orden judicial.
Entre los demócratas que presentaron la demanda se encuentran: Joe Neguse de Colorado, Adriano Espaillat de Nueva York, Jamie Raskin de Maryland, Robert Garcia de California, J. Luis Correa de California, Jason Crow de Colorado, Veronica Escobar de Texas, Dan Goldman de Nueva York, Jimmy Gomez de California, Raúl Ruiz de California, Bennie Thompson de Misisipi y Norma Torres de California.
Uso ampliado de la expulsión acelerada
Un pilar de la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump es el uso ampliado de la expulsión acelerada. Esta política permite la expulsión de inmigrantes dentro del territorio del país sin comparecer ante un juez de inmigración.
En marzo, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes demandaron a la administración Trump por esta política, al argumentar que privaba a los inmigrantes de sus derechos al debido proceso.
En agosto, el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia ordenó la suspensión de la política, bloqueando temporalmente su aplicación por parte de la administración Trump. El Departamento de Justicia apeló, y en septiembre un panel de jueces de apelación negó la solicitud de la administración Trump para levantar la suspensión dictada por tribunales inferiores.
Más recientemente, en diciembre, la administración Trump defendió los fundamentos de su política de deportación acelerada ante un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. El Departamento de Justicia sostuvo que los inmigrantes que han permanecido en el país menos de dos años sin autorización legal no tienen garantizado el debido proceso.
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