Por Lee Rood, Des Moines Register
A partir del próximo año, una mayor cantidad de datos personales de los residentes de Iowa estará disponible para que el gobierno federal los examine, tras los acuerdos alcanzados por la gobernadora Kim Reynolds y la fiscal general Brenna Bird con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Uno de los acuerdos recibió la aprobación de Reynolds en octubre, en relación con una orden para endurecer las verificaciones laborales tras el arresto del exsuperintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines, Ian Roberts, en un caso migratorio.
Bird anunció el otro acuerdo el 1 de diciembre, tras un acuerdo judicial federal en una disputa que se remonta a la administración Biden sobre las verificaciones de elegibilidad de votantes.
Secretaría de Estado de Iowa
Los acuerdos se implementaron mediante memorandos de entendimiento, que el DHS federal ha firmado con al menos 26 estados durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Estos permiten el acceso a una cantidad mucho mayor de datos a nivel estatal de la que antes estaba disponible para la agencia federal.
En Iowa, esto incluye fotografías de más de 2.2 millones de licencias de conducir del estado y números de Seguro Social, y la información puede ampliarse mediante cargas masivas de datos adicionales.
A nivel nacional, el uso ampliado por parte de la administración del sistema de consulta de datos conocido como SAVE, o Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios, ha generado demandas judiciales por preocupaciones sobre la privacidad y acusaciones de exclusiones indebidas de ciudadanos estadounidenses de los padrones electorales.
SAVE, desarrollado hace unos 40 años para verificar la ciudadanía y la elegibilidad para programas de beneficios públicos como los cupones de alimentos, es un servicio intergubernamental en línea que ahora se utiliza en todo el país para evaluar la elegibilidad de los votantes. Puede consultarse con tan solo un número de Seguro Social.
Un portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la agencia del DHS que administra SAVE, indicó que se está alentando a las agencias federales, estatales y locales a utilizar el programa, “reforzando el principio de que las elecciones en Estados Unidos están reservadas exclusivamente para ciudadanos estadounidenses”.
Sin embargo, decenas de organizaciones dedicadas al buen gobierno y a las libertades civiles han expresado su preocupación de que el uso ampliado de SAVE también facilite la vigilancia de los ciudadanos.
Cody Venzke, asesor principal de políticas sobre vigilancia, privacidad y tecnología de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), con sede en Washington, D.C., afirmó que el rápido crecimiento del intercambio de datos está creando, en la práctica, la primera base de datos centralizada de ciudadanos estadounidenses del país.
Se trata de una medida sin precedentes que la ACLU ha calificado de peligrosa, carente de autorización legal y violatoria de la Ley de Privacidad.
En otros estados, como Texas, el uso ampliado de datos en el programa SAVE —que en ocasiones es obsoleto o inexacto— ha dado lugar a operativos controvertidos que terminaron señalando a votantes y ciudadanos legalmente registrados.
Venzke dijo que espera que este tipo de abusos se agraven a medida que Iowa y otros estados se integren a la red.
Aunque los acuerdos de intercambio de datos se presentan como una forma de detectar el fraude electoral, Venzke señaló que también son susceptibles de otros tipos de explotación.
“Una vez que se combinan todos estos datos”, dijo, se abre una “caja de Pandora de abusos y vigilancia”. “Tenerlos todos reunidos facilita vincular registros financieros, archivos de votación e incluso donaciones políticas”, añadió.
La oficina de la gobernadora de Iowa no respondió a una solicitud de comentarios sobre las preocupaciones planteadas por la ACLU.
Tampoco proporcionó una copia solicitada del memorando de entendimiento del estado con el DHS relacionado con la participación de Iowa en SAVE.
Iowa avanza con SAVE pese a las demandas
La Liga de Mujeres Votantes y otros grupos han presentado demandas por el presunto uso indebido de datos por parte del gobierno federal y la falta de transparencia, impugnando la consolidación continua de información y lo que consideran una expansión ilegal de SAVE por parte de la administración Trump.
El caso en curso, presentado contra el DHS en octubre, sostiene que el sistema combina y reutiliza datos de millones de estadounidenses de maneras que nunca fueron previstas y genera riesgos de ciberseguridad.
En respuesta a la demanda, el DHS publicó un Aviso del Sistema de Registros para la versión ampliada de SAVE, lo que activó un periodo de comentarios públicos requerido por la Ley de Privacidad de 1974.
La agencia recibió más de 9,300 comentarios antes de la fecha límite del 1 de diciembre. La gran mayoría se opuso a la expansión del sistema SAVE, según Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, un grupo de defensa.
Algunas organizaciones han señalado que un intercambio limitado de datos puede ser beneficioso, pero que los ciudadanos deberían tener derecho a consentir el uso de su información.
La Ley de Privacidad buscaba equilibrar la necesidad del gobierno de obtener información con el derecho de las personas a la privacidad, estableciendo “prácticas justas de información” para la recopilación, el mantenimiento, el uso y el intercambio de datos personales.
Personas que comentaron, como Maya Bernstein, exasesora de privacidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, quien fue despedida en medio de los recortes impulsados por Trump hace ocho meses, señalaron que la medida de la administración va directamente en contra de la intención del Congreso.
La Ley de Privacidad existe, escribió, “para que en el futuro sea legalmente imposible que el gobierno federal construya algo que se asemeje a un expediente personal al estilo de ‘1984’ sobre un ciudadano”, en referencia a la novela distópica de George Orwell en la que la censura y la vigilancia gubernamental controlan la vida de las personas.
El caso de Ian Roberts impulsa la expansión del intercambio de datos en Iowa
El caso Roberts influyó en el fortalecimiento de la cooperación entre Iowa y el gobierno federal en materia de datos.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Roberts, originario de Guyana, en septiembre, tras una orden previamente no reportada de un juez de inmigración de Texas para su expulsión y deportación en mayo de 2024.
Jon Lemons/Escuelas Públicas de Des Moines
Esto ocurrió un año después de que la Junta Escolar de Des Moines lo contratara tras una verificación laboral que no detectó no solo que no era ciudadano, sino que tampoco contaba con autorización vigente para trabajar en Estados Unidos.
Posteriormente fue acusado formalmente de dos cargos federales: realizar declaraciones falsas para obtener empleo y poseer armas de fuego siendo un extranjero en situación irregular.
Quien alguna vez fue una figura inspiradora al frente del mayor distrito escolar de Iowa, Roberts se convirtió rápidamente en un foco de controversia en torno a la política migratoria de Estados Unidos y los arrestos de ICE en todo el país.
Una orden ejecutiva que Reynolds firmó el 8 de octubre, diez días después del arresto de Roberts, exigió que todos los departamentos del gobierno estatal verifiquen la elegibilidad laboral antes de contratar personal y revisen el estatus migratorio o la ciudadanía estadounidense antes de otorgar licencias ocupacionales y profesionales emitidas por el estado.
La orden indicó que Iowa utilizaría dos sistemas para ello: el programa federal E-Verify, que algunas agencias ya empleaban para confirmar la elegibilidad laboral, y SAVE.
Getty Images
Tanto E-Verify como SAVE, creados en 1986, son administrados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Una demanda presentada por el secretario de Estado de Iowa, Paul Pate, dos semanas antes de las elecciones del 5 de noviembre de 2024, también impulsó la ampliación del acuerdo SAVE del estado. Pate emitió directrices a los auditores de los condados para impugnar las boletas de 2,176 votantes registrados que su oficina identificó como posibles no ciudadanos.
Pate indicó que su oficina obtuvo acceso a la base de datos SAVE y determinó que 277 de las 2,176 personas señaladas para impugnar sus boletas de 2024 fueron confirmadas como no ciudadanas estadounidenses, poco menos del 12% de quienes fueron identificados como posibles no ciudadanos.
Cody Scanlan/The Register
Votar o registrarse para votar como no ciudadano en elecciones de Estados Unidos es un delito grave en Iowa, sancionado con hasta cinco años de prisión y multas de entre 750 y 7,500 dólares. Sin embargo, el USCIS, bajo la administración del entonces presidente Joe Biden, negó al estado el permiso para verificar el estatus de ciudadanía de los votantes a través de la base de datos SAVE.
Bird y Pate presentaron una demanda en diciembre de 2024, poco después de las elecciones, contra el USCIS por retener información sobre personas registradas para votar que fueron señaladas como potencialmente no ciudadanas estadounidenses.
Bird anunció a principios de diciembre que Iowa, junto con Florida, Ohio e Indiana, había alcanzado un acuerdo que permite a funcionarios estatales acceder a la base de datos SAVE para verificar la ciudadanía de los votantes durante los próximos 20 años.
El acuerdo judicial exige que el DHS continúe otorgando al estado acceso al sistema SAVE actualizado.
A cambio, los estados acordaron otorgar al Departamento de Seguridad Nacional acceso al Sistema Nacional de Telecomunicaciones para la Aplicación de la Ley (NLets), una red informática que permite a las agencias policiales consultar registros de licencias de conducir entre estados.
La oficina de Pate indicó que Iowa proporcionará más información al sistema federal mediante cargas masivas de datos, “lo que permite a los funcionarios electorales cargar información por lotes, incluidos números de Seguro Social, para verificar los datos de SAVE frente a las listas de registro de votantes”.
Según el acuerdo judicial, el estado debía obtener acceso a SAVE dentro de los 90 días posteriores al acuerdo del 1 de diciembre, a tiempo para las elecciones primarias y generales de 2026.
El 11 de diciembre, el Register solicitó una copia del memorando de entendimiento que permite a Iowa utilizar tanto E-Verify como SAVE. Heather Nahas, directora de comunicaciones de Reynolds, indicó en un correo electrónico del 22 de diciembre que el memorando que detalla el acuerdo de SAVE del estado aún se encontraba en proceso de finalización.
“Se espera que SAVE se implemente y esté operativo en enero”, escribió.
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