Por Ariana Figueroa, States Newsroom
Washington, D.C — El Departamento de Justicia reconoció en un escrito judicial que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tomó la decisión de continuar con la expulsión de venezolanos hacia una dura prisión en El Salvador, a pesar de la orden de un juez federal de detener las deportaciones.
El documento presentado el martes señala que altos funcionarios del Departamento de Justicia le aconsejaron a Noem que no era necesario cumplir con la orden judicial del 15 de marzo para detener las deportaciones, debido a que esta se emitió después de que los vuelos despegaron. Los ciudadanos venezolanos fueron deportados bajo una antigua y poco conocida ley de tiempos de guerra llamada Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act).
“Después de recibir ese asesoramiento legal, la secretaria Noem ordenó que los detenidos bajo la AEA que habían sido trasladados fuera de Estados Unidos antes de la orden judicial pudieran ser entregados a la custodia de El Salvador”, señala el escrito del Departamento de Justicia. “Esa decisión fue legal y coherente con una interpretación razonable de la orden del tribunal”.
La decisión de Noem envió a 137 hombres venezolanos a una mega-prisión durante meses, hasta que el gobierno venezolano logró negociar un intercambio de prisioneros con El Salvador y Estados Unidos para su retorno.
En una orden de emergencia emitida el 15 de marzo, el juez federal de distrito James Boasberg indicó que los aviones que transportaban a los venezolanos debían regresar a Estados Unidos.
Los hombres no tuvieron la oportunidad de impugnar su expulsión, lo cual representó una violación de sus derechos al debido proceso, ha argumentado la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en su caso contra la administración Trump.
El escrito del martes representa un cambio en la estrategia legal de la administración, que inicialmente había sostenido que, debido a que la orden de Boasberg fue verbal y no escrita, la orden de restricción temporal carecía de efectos.
Investigación por desacato
El documento se presenta después de que Boasberg reanudó una investigación por desacato para identificar a los funcionarios de la administración Trump involucrados en autorizar la expulsión de los venezolanos.
La semana pasada, Boasberg ordenó a la administración presentar escritos sobre cómo proceder con la investigación.
“Sin duda, tengo la intención de averiguar qué ocurrió ese día”, manifestó Boasberg la semana pasada.
El escrito del martes argumenta que no se requieren procedimientos por desacato y que “el Gobierno sostiene que sus acciones no violaron la orden del Tribunal”.
La ACLU, que representa a los hombres deportados, en su escrito sobre el tema del desacato instó a Boasberg a solicitar el testimonio de nueve funcionarios actuales y anteriores de los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia.
La ACLU también señaló que el Gobierno debe identificar “a todas las personas involucradas en la decisión… sin importar si fueron quienes tomaron la decisión final o si influyeron directamente en ella, así como a todos los que tengan conocimiento del proceso de toma de decisiones”.
Una vez identificadas estas personas, Boasberg podría determinar en qué orden se recopilarán los testimonios.
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