Por Tim Henderson, Stateline
Un sindicato de California y un grupo de trabajadores agrícolas de todo el país han presentado una demanda para frenar nuevas directrices federales de salarios más bajos que ahorran dinero a los agricultores, pero reducen el pago a los trabajadores agrícolas temporales extranjeros, perjudicando a los trabajadores locales como consecuencia, según alega la demanda.
En una demanda presentada el viernes en un tribunal federal, United Farm Workers y 18 trabajadores demandantes interpusieron una acción contra el Departamento de Trabajo de Estados Unidos por las directrices publicadas en octubre para los trabajadores que se encuentran en Estados Unidos con visas temporales H-2A. Las nuevas reglas fijan salarios más bajos —diferenciados por estado— incluidos recortes basados en el valor de la vivienda gratuita que, por ley, debe proporcionarse a los trabajadores extranjeros.
“Los trabajadores agrícolas, y las comunidades rurales de todo Estados Unidos que dependen de ellos, necesitan y merecen salarios justos y seguridad laboral, no una carrera hacia el fondo alimentada por un suministro interminable de mano de obra extranjera barata”, afirmó Teresa Romero, presidenta de United Farm Workers, en un comunicado anunciando la demanda.
Las nuevas reglas de la administración Trump están “reduciendo drásticamente el salario mínimo que los empleadores estadounidenses deben pagar a los trabajadores agrícolas extranjeros, mientras que los costos y salarios en otros sectores han aumentado considerablemente”, señala la demanda, que añade que los salarios más bajos para los trabajadores extranjeros también obligarán a aplicar recortes salariales a los trabajadores estadounidenses. La demanda solicita a un juez federal en California que detenga la implementación de las directrices y que recalcule los salarios.
La demanda también objeta, por primera vez, las diferencias salariales basadas en el valor de la vivienda proporcionada por el empleador. Alega violaciones de leyes que exigen que las visas para trabajadores extranjeros no afecten los salarios de los trabajadores estadounidenses con empleos similares.
Los recortes “afectarán gravemente a los trabajadores agrícolas, algunos de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad, muchos de los cuales ya viven en la pobreza”, afirma la demanda.
Uno de los trabajadores, cuyo nombre no se identifica, trabaja en Misuri con una visa H-2A y anteriormente recibía $17.83 por hora; ahora enfrentará un recorte de $4.08, dejándolo sin capacidad para pagar alimentos ni ropa de protección esencial para su labor con calabaza, berenjena y otros vegetales, según la demanda.
Otra trabajadora, Irene Mendoza, ciudadana estadounidense, declaró que sus salarios podrían reducirse en $3.22 por hora, hasta $13.78, debido a las nuevas directrices, a pesar de que no necesita una visa de trabajador extranjero. Esto la obligaría a conseguir un segundo empleo para cubrir alimentos, vivienda y transporte entre trabajos en algunos de los estados donde labora. Mendoza indicó que trabaja en la recolección y empaque de ejotes y papas en Michigan, Minnesota, Texas y Wisconsin.
Las nuevas directrices salariales varían según el estado y están sujetas a las leyes estatales de salario mínimo, que podrían elevar los ingresos en algunos lugares. En Carolina del Norte, por ejemplo, el nuevo salario por hora es de $11.09 para trabajadores con menos experiencia, en comparación con $16.16 el año pasado, y de $12.27 para trabajadores locales que no requieren vivienda, según un análisis de la Universidad Cornell.
El Departamento de Trabajo remitió la solicitud de comentarios de Stateline al Departamento de Justicia, que declinó comentar.
Algunos agricultores y expertos han elogiado las nuevas directrices como medidas que evitarán la bancarrota ante el aumento de costos y los precios bajos de algunos productos agrícolas.
Casi la mitad de las visas H-2A del año fiscal 2025 se emitieron en un pequeño grupo de estados, incluidos Florida (60,000), Georgia (44,000), California (37,000), el estado de Washington (36,000) y Carolina del Norte (28,000). El Gobierno espera otorgar otras 119,000 visas adicionales bajo la nueva regla, además de las casi 420,000 que se han emitido anualmente en los últimos años.
Los comentarios públicos sobre la regla estarán abiertos hasta el 1 de diciembre.
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