Washington D.C. — La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este lunes que la administración Trump avance, por ahora, con los despidos masivos y el plan para reducir drásticamente el Departamento de Educación ordenado a principios de este año.
La decisión del máximo tribunal del país representa una victoria significativa para el presidente Donald Trump, quien ha buscado reformar el papel del gobierno federal en la educación.
La orden no fue firmada, pero las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson expresaron su disenso, lo que indica una votación dividida de 6-3.
El voto disidente, redactado por Sotomayor, fue contundente.
“La mayoría es ciega, de manera voluntaria o por ingenuidad, ante las implicaciones de su fallo”, escribió. “En cualquier caso, la amenaza a la separación de poderes establecida por nuestra Constitución es grave”.
La decisión de la Corte Suprema suspende temporalmente las órdenes de tribunales inferiores que: exigían a la agencia reincorporar a más de 1,300 empleados despedidos mediante una reducción de personal (RIF, por sus siglas en inglés); bloqueaban la implementación de la orden ejecutiva de Trump para desmantelar el departamento; y prohibían la transferencia de ciertos servicios a otras agencias federales.
En un comunicado emitido el lunes, la secretaria de Educación, Linda McMahon, celebró la decisión y afirmó: “Hoy, la Corte Suprema ha confirmado una vez más lo evidente: el presidente de los Estados Unidos, como jefe del Poder Ejecutivo, tiene la autoridad final para tomar decisiones sobre el personal, la organización administrativa y las operaciones diarias de las agencias federales”.
“Aunque el fallo de hoy representa un triunfo importante para los estudiantes y las familias, es lamentable que la corte más alta del país haya tenido que intervenir para permitir que el presidente Trump avance con las reformas que los estadounidenses lo eligieron para implementar, amparado en las facultades que le otorga la Constitución”, añadió.
“El Departamento de Educación de EE. UU. ahora cumplirá su misión de restaurar la excelencia en la educación estadounidense. Llevaremos a cabo la reducción de personal para fomentar la eficiencia y la rendición de cuentas, y para asegurar que los recursos lleguen a donde más se necesitan: estudiantes, padres y maestros”.
Una coalición de docentes, sindicatos y distritos escolares que demandaron la orden de Trump para eliminar el departamento y ejecutar los despidos masivos, expresó estar “profundamente decepcionada por la decisión de la Corte Suprema de permitir que la administración Trump-Vance continúe con sus esfuerzos perjudiciales para desmantelar el Departamento de Educación mientras nuestro caso sigue en curso”.
“Este plan ilegal causará daños inmediatos e irreparables a estudiantes, educadores y comunidades en todo el país. Los niños serán algunos de los más afectados por esta decisión. Nunca dejaremos de luchar por todos los estudiantes, las escuelas públicas y por las protecciones, servicios y recursos que necesitan para prosperar”, añadieron.
Demanda de fiscales generales demócratas y sindicatos
La coalición laboral y de defensa, junto con numerosos fiscales generales demócratas, presentó demandas en marzo contra algunas de las iniciativas educativas más relevantes de la administración.
Una de las demandas fue presentada por fiscales generales demócratas de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva York, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin.
La otra demanda fue interpuesta por la Federación Estadounidense de Maestros, su capítulo de Massachusetts, el Consejo 93 de AFSCME, la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y dos distritos escolares de Massachusetts.
Un juez federal en Massachusetts consolidó las demandas y concedió una orden judicial preliminar a favor de los estados y organizaciones demandantes en mayo.
La administración apeló esa decisión, lo que llevó a que en junio el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EE. UU. decidiera mantener la orden del tribunal de distrito.
Posteriormente, la administración Trump solicitó la intervención de la Corte Suprema.
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