Por Ariana Figueroa, Iowa Capital Dispatch
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará este jueves 15 de mayo los argumentos orales en tres casos relacionados con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, aunque la atención podría centrarse en el poder de los jueces federales para emitir órdenes judiciales con efecto en todo el país.
Se trata de una de las primeras grandes batallas legales del segundo mandato de Trump que llega al máximo tribunal, y una de varias solicitudes de emergencia sobre temas migratorios que la Corte evaluará próximamente.
Los magistrados analizarán tres demandas contra la orden ejecutiva de Trump, presentadas en tribunales de Maryland, Massachusetts y el estado de Washington. La ciudadanía por nacimiento otorga la nacionalidad estadounidense a todos los niños nacidos en suelo estadounidense, sin importar el estatus legal de sus padres.
No obstante, el gobierno de Trump ha pedido a la Corte Suprema que se enfoque en el debate sobre si los jueces de instancias inferiores pueden emitir órdenes judiciales de alcance nacional, que afectan a toda la población y no solo a las partes directamente involucradas en el litigio.
Aun así, será la propia Corte la que decida si también abordará directamente el fondo del asunto: la validez constitucional de la ciudadanía por nacimiento.
De eliminarse este derecho, más de 250,000 niños nacidos cada año podrían quedarse sin ciudadanía estadounidense, de acuerdo con un informe reciente del Migration Policy Institute. Esto podría generar una población de hasta 2.7 millones de personas apátridas para el año 2045.
Los abogados que defenderán la postura en contra de la orden ejecutiva ante la Corte incluyen a Jeremy Feigenbaum, procurador general de Nueva Jersey, y Kelsi Corkran, directora de litigios ante la Corte Suprema en el Instituto de Defensa Constitucional de Georgetown. En sus escritos, argumentan que la administración Trump no ha demostrado haber sufrido daños con la suspensión temporal de la orden por parte de los tribunales.
También sostienen que la Enmienda 14 garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en EE. UU. y sujeta a su jurisdicción, respaldándose en precedentes del mismo tribunal que ratifican esta interpretación.
Los nueve jueces de la Corte escucharán argumentos sobre si los tribunales inferiores se excedieron al emitir suspensiones de alcance nacional sobre la política de Trump, que beneficiaron más allá de los demandantes originales.
Uno de los casos fue presentado en Maryland por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y mujeres embarazadas no ciudadanas. Otro fue impulsado por cuatro estados (Washington, Arizona, Illinois y Oregón), y el tercero por los fiscales generales de 18 estados liderados por demócratas, entre ellos California, Nueva York, Nueva Jersey, Colorado y Massachusetts.
D. John Sauer, procurador general que representa a la administración Trump, criticó el uso de medidas cautelares nacionales, alegando que entorpecen la autoridad del Ejecutivo. El gobierno sostiene que estas suspensiones deberían limitarse únicamente a los demandantes que interpusieron las demandas.
El precedente de Wong Kim Ark
El mismo día de su investidura, Trump firmó una orden ejecutiva que, de haber entrado en vigor el 19 de febrero, habría negado automáticamente la ciudadanía a los hijos nacidos en EE. UU. de padres sin autorización legal o con visas temporales, como las de trabajo o estudio.
La ciudadanía por nacimiento está consagrada en la Enmienda 14 de la Constitución desde 1868, tras la Guerra Civil, para garantizar los derechos de ciudadanía a las personas negras liberadas de la esclavitud. Previamente, en 1857, el fallo del caso Dred Scott v. Sandford negó la ciudadanía a los afroamericanos, fueran libres o esclavizados.
En 1898, el caso Estados Unidos v. Wong Kim Ark reafirmó el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Wong, nacido en San Francisco de padres chinos con estatus legal temporal, fue impedido de reingresar al país tras un viaje, debido a la Ley de Exclusión China. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó que era ciudadano estadounidense por nacimiento.
La administración Trump argumenta ahora que ese fallo fue mal interpretado y se centra en la frase “sujeto a la jurisdicción” incluida en la Enmienda 14. Sostiene que este lenguaje limita la ciudadanía por nacimiento solo a los hijos de personas plenamente sujetas a la jurisdicción de EE. UU., lo que excluye a quienes se encuentran en el país sin estatus legal o con estatus temporal.
¿Qué dice el derecho tribal?
Expertos en derecho indígena señalan que el término “jurisdicción” tiene raíces en la relación política entre el gobierno de EE. UU. y las tribus nativas. Trump cita en su argumento el caso Elk v. Wilkins (1884), donde la Corte negó la ciudadanía a John Elk, miembro de la tribu winnebago, por no estar plenamente integrado en el cuerpo político de Estados Unidos.
Torey Dolan, profesor de derecho en la Universidad de Wisconsin y ciudadano de la Nación Choctaw de Oklahoma, considera que esta referencia es una distorsión legal.
“La administración está tergiversando el caso Elk de forma exagerada, o incluso manipulándolo”, afirmó.
Dolan explica que muchos nativos americanos fueron excluidos originalmente de la Enmienda 14 porque en ese entonces el Congreso negociaba directamente con las tribus y les otorgaba la ciudadanía mediante tratados, lo que responde a una larga historia de procesos específicos para la inclusión de los pueblos indígenas.
Tras la audiencia del jueves, se espera que la Corte Suprema emita un fallo antes de que finalice su periodo de sesiones en julio.
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