Por Barb Arland-Fye
Cortesía El Mensajero Católico
El boxeador de Davenport “Stunning” Stephen Edwards había esperado casi una hora en la fila para emitir su voto cuando un empleado electoral, quien no pudo confirmar su facultad para votar en ese recinto, lo dirigió a otro. Un empleado electoral del segundo distrito informó a Edwards de que no podía votar debido a una condena por un delito grave. Edwards dijo que se sentía humillado porque las personas a su alrededor escucharon esa mala noticia.
Edwards, que es católico, completó el tribunal de drogas hace casi siete años, tiene un buen trabajo en los Servicios de Integración G y R en Walcott y dirige el Club de Boxeo Stunning’s en Davenport. Pensó que después de pagar su deuda con la sociedad y ser un ciudadano productivo, debería ser apto para votar. ¡Después de todo, había pasado la revisión de antecedentes para servir como entrenador de boxeo! “Fue una molestia”, dijo, sobre su rechazo como votante el otoño pasado en Davenport.
Las personas condenadas por un delito grave en Iowa pueden pedir a la gobernadora que les devuelva el derecho al voto al cumplir sus sentencias, cualquier libertad condicional o supervisada que se requiera, y después de pagar los costos del tribunal, los honorarios y la restitución. Ese puede ser un proceso desalentador y financieramente inviable para muchos. Edwards hizo todo eso, trabajando constantemente en G y R para pagar sus obligaciones financieras relacionadas con el tribunal.
Iowa sigue siendo el único estado de la nación que, por ley, “despoja permanentemente a las personas condenadas por delitos graves de su derecho al voto”, según Tom Chapman, director ejecutivo de la Conferencia Católica de Iowa (ICC). Dijo que la gobernadora podría regresar el derecho al voto con una orden ejecutiva.
La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, ha elegido un camino diferente para restaurar ese derecho al voto, a través de una enmienda constitucional. El año pasado, pidió a la legislatura de Iowa que iniciara el proceso que enmendaría la constitución estatal para conceder el derecho de voto a las personas condenadas por un delito grave que han cumplido sus sentencias.
“Ella es una gran creyente en la redención y las segundas oportunidades y cree que los habitantes de Iowa también lo son y que una enmienda constitucional permitiría a los habitantes de Iowa intervenir en esto también”, dijo Pat Garrett, directora de comunicaciones de la gobernadora Reynold.
La Resolución Conjunta de la Cámara HJR 14, que permitiría a las personas que han cometido delitos graves votar una vez que hayan cumplido su sentencia, fue aprobada por la Cámara de Iowa el año pasado por un voto de 95-2. El ICC anima al Senado de Iowa a aprobar el proyecto de ley.
Sin embargo, se ha presentado una problema. Un proyecto de ley para definir la “finalización de la sentencia” (SF 2348) recientemente aprobado por el Comité Judicial del Senado, según Chapman. Cree que es posible que el Senado no vote la enmienda constitucional hasta que la Cámara de Representantes apruebe el proyecto de ley de cumplimiento de la pena. Ese proyecto de ley requeriría el pago de todas las restituciones a las víctimas antes de que las personas condenadas por un delito grave reciban la restauración de sus derechos de voto.
“El pago de la restitución es justo; sin embargo, la gente rica que sale de la cárcel tendría derecho a votar de nuevo antes que la gente pobre”, dijo Chapman. “Al ICC le gustaría ver un proyecto de ley con menos obstáculos para votar para poder avanzar”. El ICC es la voz oficial de la política pública de los obispos de Iowa.
“La Iglesia cree en la redención”, dijo el obispo Thomas Zinkula. “Tenemos respeto por la dignidad de todas y cada una de las vidas humanas. Una vez que los criminales han pagado su deuda con la sociedad, deben tener los mismos derechos que todos los demás. No se les debe exigir que lleven una “letra escarlata”. Como alguien dijo una vez: “Cada uno de nosotros es mejor que lo peor que hemos hecho”. La pregunta difícil para el legislador es qué es lo que constituye una restitución. Si los delincuentes no pueden votar hasta que se haya pagado la totalidad de su restitución monetaria, muchos de ellos nunca podrán votar, porque la deuda a pagar es muy grande”, dijo el obispo.
El obispo Zinkula y Chapman invita a la gente de Iowa a contactar con su miembro del Senado de Iowa para apoyar la Resolución Conjunta 14 de la Cámara. La Doctrina Social Católica sostiene que tanto las víctimas como los delincuentes tienen una dignidad otorgada por Dios que exige justicia y restauración, no sólo castigo. “En nuestra opinión, devolver el derecho al voto promueve el compromiso cívico de los que se reintegran a la comunidad. Es una medida de misericordia, dignidad y justicia”, dijo Chapman.
La restauración de su derecho al voto haría que Edwards “se sintiera como un ciudadano estadounidense en lugar de un delincuente”, dijo. Otros “verán el duro trabajo que he hecho… reconocerán cómo he cambiado mi vida, que sigo trabajando en mi empleo y pagando impuestos”. Creó su club de boxeo para dar a jóvenes como él una salida que los mantenga alejados del crimen.
Facebook Comments
