Por Ashley Murray, Iowa Capital Dispatch
WASHINGTON, DC – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no devolverá a un hombre de Maryland que Estados Unidos deportó por error a una megacárcel en su país centroamericano, dijo el lunes durante una visita a la Oficina Oval.
Sentado junto al presidente Donald Trump, Bukele dijo a los periodistas: “Por supuesto que no lo voy a hacer”.
Funcionarios de la administración presentes en la reunión defendieron la deportación de Kilmar Armando Abrego García, un nativo de El Salvador que tenía una orden de protección de un tribunal de inmigración de Estados Unidos que lo protegía de ser enviado de regreso a su país debido a los riesgos para su vida.
La administración admitió en los tribunales que deportó a Abrego García, de Beltsville, Maryland, por error.
“Eso depende de El Salvador si quieren devolverlo, no depende de nosotros”, dijo la fiscal general Pam Bondi.
“Si quisieran devolverlo, nosotros lo facilitaríamos, es decir, proporcionaríamos un avión”, añadió.
El Tribunal Supremo emitió el jueves una decisión de 9-0 en la que establece que la administración Trump debe “facilitar” el regreso de Ábrego García.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos deportó a Ábrego García el 15 de marzo entre aproximadamente 260 hombres venezolanos que Estados Unidos transportó en aviones comerciales sin el debido proceso al Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT.
Los agentes del ICE detuvieron a Abrego García cerca de Baltimore el 12 de marzo cuando llevaba a su hijo de 5 años a casa. La esposa de Abrego García, Jennifer Vásquez Sura, ciudadana estadounidense, “fue llamada y se le ordenó que se presentara en el lugar en un plazo de diez minutos para recoger a su hijo de cinco años, A.A.V.; de lo contrario, los agentes del ICE amenazaron con entregar al niño a los Servicios de Protección de Menores”, según una presentación judicial.
García no tiene antecedentes penales en los EE.UU., El Salvador o cualquier otro país, de acuerdo con la documentación.
La administración Trump está pagando al gobierno de El Salvador 6 millones de dólares para detener a los hombres, lo que ha suscitado dudas sobre si el pago viola la legislación estadounidense sobre derechos humanos.
Los abogados de muchos de los hombres venezolanos sostienen que sus clientes no eran miembros de pandillas.
Trump desencadenó las deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, centrándose específicamente en los venezolanos de 14 años o más que la administración sospechaba que tenían vínculos con la banda Tren de Aragua.
Trump también dijo a los periodistas en la Oficina Oval el lunes que quiere exportar criminales “ hechos en casa “, como en los ciudadanos estadounidenses, a El Salvador y estaría dispuesto a ayudar a Bukele en la construcción de más mega prisiones.
“Me gustaría incluirlos en el grupo de gente para sacarlos del país, pero habrá que estar pendientes de las leyes al respecto”, dijo Trump.
Rubio y Miller defienden la deportación
La administración sostiene que los tribunales de inmigración conectaron a Ábrego García en 2019 con la violenta pandilla salvadoreña MS-13, pero no menciona la orden de protección concedida a Ábrego García por un juez de inmigración ese mismo año.
Además de Bondi, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicejefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, defendieron la deportación de Ábrego García y la negativa de la administración a cooperar con una orden judicial para devolverlo a Estados Unidos.
Miller dijo que la decisión unánime de la Corte Suprema del viernes recayó directamente en el lado de la administración.
“Fue una (decisión) de 9-0 a nuestro favor contra el fallo del tribunal de distrito diciendo que ningún tribunal de distrito tiene el poder de obligar a la función de política exterior de Estados Unidos”, dijo Miller a los periodistas en la Oficina Oval el lunes.
“El fallo decía únicamente que si este individuo, a la sola discreción de El Salvador, era devuelto a nuestro país, que podíamos deportarlo por segunda vez. Ninguna versión de esto termina legalmente con él viviendo aquí porque es ciudadano de El Salvador”, continuó Miller.
Bukele dijo que la idea de que El Salvador devuelva a Abrego García es “absurda”.
“¿Cómo voy a introducir de contrabando a un terrorista en Estados Unidos? No tengo poder para devolverlo a Estados Unidos”, dijo Bukele.
El Departamento de Estado designó a la MS-13 como organización terrorista extranjera en febrero.
Rubio dijo que no entiende “cuál es la confusión”.
“Este individuo es ciudadano de El Salvador. Estaba ilegalmente en Estados Unidos y fue devuelto a su país”, dijo Rubio, añadiendo que “la política exterior de Estados Unidos la dirige el Presidente de Estados Unidos, no un tribunal”.
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, emitió un comunicado el lunes calificando los comentarios de Bukele de “puro disparate”.
“La ley es clara, el debido proceso fue violado burdamente, y la Corte Suprema se ha pronunciado claramente en el sentido de que la administración Trump debe facilitar y efectuar el regreso de Kilmar Abrego García. Debe ser devuelto a los Estados Unidos de inmediato.
“El debido proceso y el estado de derecho son piedras angulares de la sociedad estadounidense para ciudadanos y no ciudadanos por igual y no seguir eso es peligroso e indignante. Una amenaza para uno es una amenaza para todos”, dijo Schumer.
Actualizaciones diarias
El caso de Ábrego García sigue su curso en los tribunales federales.
El viernes, tras un enfrentamiento en los tribunales, se ordenó a la administración que proporcionara información actualizada diariamente sobre la ubicación física y la situación de Ábrego García, y sobre las medidas que la administración ha adoptado o tiene previsto adoptar para facilitar su regreso.
La esposa de Ábrego García demandó al Departamento de Seguridad Nacional Kristi Noem y funcionarios de inmigración en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Maryland el mes pasado, alegando que su marido no recibió el debido proceso y su expulsión fue ilegal.
La jueza de distrito Paula Xinis ordenó a la administración Trump que devolviera a Abrego García a Estados Unidos antes del 7 de abril.
Un tribunal federal de apelaciones confirmó por unanimidad la orden del tribunal inferior el 7 de abril. La administración Trump incumplió el plazo e inmediatamente apeló a la sala de urgencias del Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo dictaminó por unanimidad el jueves que la administración debe “facilitar” el regreso de Ábrego García, pero no llegó a exigir su regreso ni fijó un plazo. El tribunal también ordenó a Xinis aclarar el lenguaje en el fallo del tribunal inferior para comprobar si el tribunal se extralimitó en asuntos exteriores.
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