Cortesía de la Mesa editorial del Quad-City Times
Martha Martínez ha sido víctima dos veces, la última ocasión por el abogado del Condado de Muscatine, Alan Ostergren.
Martínez es una “DREAMer” traída al país de niña y, criada como cualquier niño estadounidense. Pero un sistema draconiano forzó a la mujer de Muscatine de 31 años de edad a estar en las sombras. La llevó al mercado negro para conseguir una identificación falsa para poder conseguir un trabajo y conducir un coche. Ella era, en un sentido muy real, víctima de un sistema de inmigración quebrantado, que ha seguido así durante décadas por la falta de valor del Congreso y por el resentimiento de algunos de la población blanca.
La historia de Martínez es compartida por millones. Es triste. Es inhumano. Pero Ostergren no podía evitarlo. Tenía que perjudicarla.
Ostergren, un republicano, usó el deseo de Martínez de participar simplemente en la sociedad en contra de ella. En el 2013, Martínez se inscribió en el programa de Acción Diferida para Llegados de la Niñez (DACA) del Presidente Barack Obama, creado por orden ejecutiva, que reconoció que varios residentes emigraron ilegalmente como niños sin ninguna opción propia. DACA sigue siendo una de las pocas órdenes ejecutivas de la era Obama que el presidente Donald Trump todavía no ha revocado.
Ostergren uso el papeleo de DACA de Martínez en su contra, acusándola de robo de identidad y falsificación porque expuso que, a los 17 años, obtuvo una segunda identidad para conseguir un trabajo. Son procesamientos como este que mantienen a la gente escondida erosionando la confianza en el gobierno. Por su propia existencia, DACA implicaba un cierto nivel de protección para los que se inscriben.
La cruzada de crueldad de Ostergren fracasó este mes en la Corte Suprema de Iowa. Con una decisión de 4 a favor y 3 en contra, los jueces concluyeron que Ostergren sobrepasó sus límites y se interfirió erróneamente en la ley federal.
Sin embargo, son las consecuencias de los fiscales demasiado arrebatados como este que tienden a ganar. El daño esta probablemente ya hecho.
Aproximadamente 40,000 inmigrantes indocumentados vivieron en Iowa en el 2014, según el Pew Research Center. Eso es más de un cuarto de la población inmigrante de Iowa. Alrededor del 3 por ciento de los estudiantes matriculados en la educación K-12 en el estado – 15,000 niños – eran hijos de padres indocumentados, principalmente mexicanos.
En general, estas son las familias que vienen en busca de trabajo. Son atraídos aquí por economías enteras -especialmente la industria de los productos lácteos y de la matanza- que activamente los buscan. Traen a los niños que, en última instancia, llegan a la mayoría de edad conociendo una experiencia puramente americana, aunque sea innecesariamente áspera.
Es en estas comunidades que las agencias policiales locales han pasado años construyendo relaciones. La falta de estatus legal significa que los inmigrantes indocumentados son los principales victimas de las estafas, el abuso y la trata de personas. También pueden ser testigos clave en las investigaciones criminales. Pero colaborar con la policía podría, después de todo, arriesgar a un trabajador indocumentado la deportación. Por lo tanto, son los policías que, en muchos casos, han elegido una buena póliza a favor de la comunidad sobre las redadas de migrantes. Y está dando sus frutos a beneficio de todos.
Eso es hasta que funcionarios como Ostergren llegan buscando en querer definir a las personas como criminales.
La campaña legal contra Martínez huele a un funcionario con ambición buscando quedar bien con ciertos grupos. Ostergren nunca ha escondido su deseo de un puesto más alto. Ha buscado ser parte de la magistratura. Y, ahora, está en la lista de candidatos para un puesto de abogado federal en el gobierno del presidente Donald Trump.
La gente es más que un fin a un objetivo, señor Ostergren. La vida de la señora Martínez es, en todos los aspectos, de mayor importancia que su carrera de usted. Ostergren es sólo un participante en un ciclo viscoso. Martínez habría sido una clara candidata para la deportación si el hubiera tenido éxito en clasificarla como una delincuente.
Esta batalla legal de años de duración habla de la pura maldad que ha infectado algunos círculos de la política conservadora. Es un punto de vista de cero tolerancias que le da alas a la angustia económica y la ansiedad racial. Es un uso cruel y arbitrario del sistema judicial que convierte a las personas en declaraciones políticas. Esto da como resultado las masivas redadas que están sucediendo en todo el país, las cuales prestan poca atención a la mecánica social que atrae a los inmigrantes a los Estados Unidos en primer lugar.
No hay duda de que los inmigrantes indocumentados en el condado de Muscatine serán un poco más escépticos de todas las fuerzas del orden y del gobierno después de la vergonzosa cruzada del señor Ostergren.
Son abusos como este que hacen que las comunidades sean menos seguras para todos. Y fueron las personas del Condado de Muscatine a través de sus impuestos que indirectamente financiaron este intento de Ostergen de elevar su perfil político.
Este artículo es cortesía del Quad City Times
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