Una organización legal dedicada a la defensa de la libertad de expresión presentó el lunes un nuevo escrito judicial ante la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito, solicitando que se mantenga la orden que bloquea la ley de Iowa que prohíbe libros considerados “no apropiados para la edad” en las escuelas K-12.
PEN America, una organización sin fines de lucro enfocada en la libertad de expresión, presentó el escrito en respaldo a la demanda interpuesta por editoriales como Penguin Random House, la Asociación Estatal de Educación de Iowa (ISEA) y varios autores, incluidos Laurie Halse Anderson, John Green y Jodi Picoult. Los demandantes impugnan la propuesta legislativa SF 496, una ley de Iowa de 2023 que prohíbe en las bibliotecas escolares los libros que describan actos sexuales, así como programas, materiales e instrucción relacionados con la identidad de género y la orientación sexual para estudiantes de kínder a sexto grado.
El juez federal Stephen Locher dictó una orden para bloquear la aplicación de varios apartados de la ley, incluyendo la prohibición de libros con contenido sexual o LGBTQ+. Sin embargo, dicha orden podría ser anulada por la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito, que dictaminó en agosto de 2024 que el “análisis” de Locher era incorrecto y devolvió el caso al tribunal de distrito.
En su escrito, PEN America sostiene que debe mantenerse la orden judicial vigente, argumentando que la ley “socava el sistema educativo público en violación de la Primera Enmienda, al negar a los estudiantes el derecho a recibir información, vulnerar la libertad de expresión de los autores y aplicar erróneamente la doctrina de la obscenidad”.
“El texto legal exige retirar cientos de libros de las bibliotecas escolares públicas sin considerar ni la edad del lector ni el valor integral de la obra, dos elementos que la Primera Enmienda exige evaluar”, señala el escrito.
Según el Des Moines Register, para finales de 2024 las escuelas públicas de Iowa habían retirado 3,400 libros de sus estantes, incluyendo obras clásicas como “1984” de George Orwell, “The Bluest Eye” de Toni Morrison y “I Know Why the Caged Bird Sings” de Maya Angelou. Muchos distritos escolares han expresado incertidumbre respecto a qué libros pueden mantenerse bajo esta ley, dado que el Departamento de Educación de Iowa se ha negado a ofrecer claridad sobre el significado de “apropiado para la edad” según lo define la SF 496.
Locher escribió que la ley “impone la responsabilidad a los distritos escolares locales y a sus funcionarios para determinar qué libros están permitidos”, y que la medida era “inconstitucional en su redacción” a la luz de precedentes sobre la Primera Enmienda.
En el escrito del lunes, Elly Brinkley, abogada de PEN America, reafirmó estas preocupaciones, señalando que las leyes que censuran cualquier descripción de contenido sexual en la literatura han sido “rotundamente condenadas” por los tribunales estadounidenses, ya que restringen el derecho de los estudiantes a recibir información, protegido por la Primera Enmienda.
En una declaración pública, Brinkley dijo: “Esta amplia ley de Iowa priva a los jóvenes de clásicos literarios que han dado sentido y alimento emocional a generaciones de lectores. Estas restricciones les niegan a los estudiantes de Iowa libros que les ayudan a comprender el mundo en que vivimos. No podemos permitir que una minoría ruidosa a favor de la censura tenga la última palabra sobre lo que decenas de miles de estudiantes pueden leer en la escuela”.
Además de la demanda encabezada por Penguin Random House, ISEA y los autores, también se ha presentado una impugnación legal por parte de Lambda Legal y la ACLU de Iowa en representación de estudiantes, docentes y la organización Iowa Safe Schools. Esta acción se basa en la prohibición de libros y materiales en bibliotecas y aulas escolares, así como en la restricción de “cualquier programa, plan de estudios, examen, encuesta, cuestionario, promoción o instrucción relacionados con la identidad de género u orientación sexual para estudiantes desde jardín de infancia hasta sexto grado”.
Locher dictaminó en mayo que las secciones de la ley impugnadas por Lambda Legal y la ACLU también eran inconstitucionales. Emitió una orden judicial estableciendo que los estudiantes de K-6 deben poder participar en Alianzas de Género y Sexualidad (GSA) y otros grupos estudiantiles relacionados con identidades LGBTQ+, y que los distritos escolares y el personal docente pueden proporcionar materiales e instrucción que incluyan referencias a la identidad de género y la orientación sexual, siempre y cuando no sean el enfoque central de la enseñanza.
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