Un residente de Bettendorf y una pareja de Perry han presentado demandas contra el gobierno federal por lo que describen como años de retrasos injustificados en sus procesos de ciudadanía y naturalización.
Konstantin Konev, ciudadano de Bielorrusia y residente permanente legal en Estados Unidos desde hace más de cinco años, ha demandado a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (CIS, por sus siglas en inglés), así como al director de la agencia, Joseph Edlow, ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Iowa.
Según la demanda, Konev es “una persona respetuosa de la ley” que obtuvo su residencia permanente legal en diciembre de 2017. El 20 de septiembre de 2022 presentó su solicitud de naturalización. En los 34 meses transcurridos desde entonces, alega que el CIS aún no ha iniciado la revisión de su caso ni ha programado una entrevista.
“Aunque los Servicios de Ciudadanía e Inmigración han impedido hasta ahora que el demandante se convierta en ciudadano estadounidense, los demandados no le han informado de ningún problema en su expediente, ni le han brindado la oportunidad de responder y corregir posibles objeciones”, señala la demanda.
El texto legal argumenta que esta “conducta ilegal” por parte del CIS ha privado a Konev de oportunidades laborales, del derecho al voto, del derecho a formar parte de un jurado, de la posibilidad de viajar al extranjero sin temor a ser rechazado al regresar y del acceso a préstamos educativos y comerciales que suelen estar disponibles para ciudadanos estadounidenses.
La demanda solicita que el tribunal resuelva directamente la solicitud de naturalización o, en su defecto, que ordene al CIS tomar una decisión en un plazo máximo de 30 días.
Hasta la fecha, el CIS no ha presentado respuesta a la demanda ni ha atendido las solicitudes de comentarios por parte de Iowa Capital Dispatch.
Un caso similar fue presentado recientemente por Mario César Silva Pineda y su esposa, Ana Carolina Silva, residentes de Perry.
La pareja ha demandado al CIS, al Departamento de Seguridad Nacional, a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y a la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi.
Según la demanda, Silva Pineda es ciudadano estadounidense, naturalizado en agosto de 2022. Su esposa es ciudadana de El Salvador. Ambos afirman que contrajeron matrimonio en mayo de 2023 y que Silva Pineda presentó una solicitud I-130 a favor de su esposa, trámite que representa el primer paso en el proceso migratorio para que un familiar directo pueda obtener la residencia permanente.
El documento indica que desde el 19 de julio de 2023 —cuando el CIS confirmó haber recibido la solicitud— no se ha realizado ninguna gestión adicional. De acuerdo con registros federales, el tiempo promedio de procesamiento de este tipo de solicitudes es de 17 meses.
La demanda sostiene que este retraso es irrazonable e ilegal, por lo que solicita la intervención del tribunal. El CIS aún no ha presentado respuesta en este caso.
Las demandas coinciden con recortes en asistencia migratoria
Recientemente, autoridades federales confirmaron que se está intentando deportar a una pareja del centro de Iowa que ha demandado al gobierno por lo que alegan es un retraso de cinco años en el trámite de su naturalización.
El motivo declarado para la deportación de Justin y Victoria Kokeh es que en 2013 declararon falsamente no tener hijos. Según documentos judiciales, el Departamento de Seguridad Nacional no tomó ninguna acción hasta recientemente, luego de que los Kokeh —quienes han vivido en Des Moines y Altoona— interpusieran una demanda contra Noem para forzar una resolución en su caso.
Los documentos alegan que la pareja incurrió en fraude al afirmar en su solicitud de visa de 2013 que no tenían hijos.
La ley federal establece que el CIS debe evitar “retrasos excesivos” al decidir sobre solicitudes de naturalización. La normativa exige que se emita una resolución dentro de los 120 días posteriores a la entrevista inicial, aunque dicha entrevista puede demorar meses o incluso años en ser programada.
En los casos en que no se agenda una entrevista, los solicitantes pueden acudir a los tribunales. En estas circunstancias, un juez federal no puede resolver la solicitud directamente, pero sí puede ordenar al CIS tomar una decisión en un plazo razonable.
A principios de este año, Noem colocó en licencia administrativa de 60 días a todo el personal de la Oficina del Defensor del Pueblo del CIS, lo que en la práctica significó el cierre de la oficina encargada de ayudar a migrantes con problemas en sus solicitudes. En ese momento, el Departamento de Seguridad Nacional justificó la medida argumentando un enfoque mayor en la seguridad fronteriza y en la aplicación de leyes migratorias.
Según el Informe Anual del Defensor del CIS correspondiente a 2024, la oficina atendió aproximadamente 30,000 solicitudes de asistencia en 2023.
A finales de mayo, tras ser demandado por estos recortes, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que reabriría dicha oficina, pero con una plantilla significativamente más reducida: un defensor principal, un subdirector y entre cinco y ocho empleados de tiempo completo.
Anteriormente, esta oficina contaba con cerca de 40 empleados permanentes.
Mantente al tanto de las historias que importan — visita HolaAmericaNews.com para conocer las últimas noticias, cultura y actualizaciones comunitarias.
Facebook Comments