Por Ariana Figueroa, Iowa Capital Dispatch
Washington-Abogados de inmigración explicaron el lunes el impacto en sus clientes, algunos de ellos niños indocumentados, después de que la administración Trump detuvo la semana pasada los programas del Departamento de Justicia que financian a organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios legales a inmigrantes.
Mientras tanto, durante el fin de semana, el gobierno federal comenzó a actuar en serio sobre la promesa de campaña del presidente Donald Trump de tomar medidas enérgicas contra la inmigración. En todo el país se llevaron a cabo redadas muy publicitadas de aplicación de la ley de inmigración, que incluyeron cerca de 1,000 arrestos, y el presidente estuvo a punto de entrar en una guerra comercial con Colombia por el uso de aviones militares en vuelos de deportación.
“Esta administración ha dejado muy claro que quiere deportar en masa a tanta gente como sea posible”, dijo Michael Lukens, del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, durante una rueda de prensa con periodistas sobre los programas del DOJ sin fondos.
Los abogados de inmigración del Centro Acacia para la Justicia recibieron el miércoles un correo electrónico sobre una suspensión temporal de cuatro de sus programas financiados por el DOJ: el Programa de Orientación Jurídica; el Servicio de Ayuda de la Corte de Inmigración; el Programa de Orientación Jurídica para Grupos Familiares; y la Iniciativa de Asesoría para Niños. El Centro Acacia para la Justicia es una organización sin fines de lucro que presta servicios jurídicos a inmigrantes en riesgo de detención o deportación.
“La deportación masiva comienza con la detención masiva, y si el número de detenciones aumenta y no hay nadie que ayude, básicamente se están estableciendo puntos negros en todo el país donde no hay estado de derecho, donde no hay transparencia ni rendición de cuentas, y esto es simplemente inaceptable”, dijo Lukens.
Estos proveedores de servicios jurídicos ayudan a los inmigrantes a realizar el papeleo y los trámites ante los tribunales de inmigración, pero no son abogados personales, ya que la legislación estadounidense no garantiza un abogado a los inmigrantes.
No es la primera vez que una administración de Trump intenta prohibir los servicios legales para inmigrantes, dijo Azadeh Erfani con el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes en Chicago. La primera administración Trump lo hizo en 2018 y finalmente fue demandada.
“La administración Trump está invitando a otra demanda que será lanzada de manera inminente por la comunidad de proveedores de servicios legales”, dijo Erfani. “Es simplemente inconcebible quitar fondos a estos servicios en un momento en que la administración está llevando a cabo redadas masivas y engrosando aún más el retraso en los tribunales de inmigración que ya se acerca a los 4 millones de personas.”
Abundan las demandas
Pausar los fondos para esos servicios legales es la última de varias decisiones sobre inmigración de la administración Trump.
Muchas de las nuevas políticas de Trump se han encontrado con una rápida reacción legal.
Los fiscales generales estatales han presentado demandas por una orden ejecutiva que pone fin al derecho constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento, y el lunes, una coalición de Cuáqueros demandó al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos por su nueva directriz para permitir la aplicación de la ley de inmigración en lugares sensibles que incluyen lugares de culto.
En Tucker, Georgia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo a un hombre mientras asistía a un servicio religioso, según informó un pastor a la CNN.
Detenciones en Chicago
El domingo, funcionarios del ICE dijeron en un comunicado que comenzaron a “ realizar operaciones selectivas mejoradas hoy en Chicago para hacer cumplir la ley de inmigración de EE.UU. y preservar la seguridad pública y la seguridad nacional, manteniendo a los extranjeros criminales potencialmente peligrosos fuera de nuestras comunidades.”
ICE dijo que hizo 956 detenciones el domingo, pero no especificó el lugar donde se llevaron a cabo los arrestos o si las personas que fueron detenidas ya tenían solicitudes de expulsión ordenadas por la corte en vigor.
ICE no respondió a la solicitud de States Newsroom para obtener más información sobre las redadas.
El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, estaba en Chicago supervisando la aplicación de ICE.
“Estas redadas van a continuar en todo el país, no vamos a aflojar”, dijo Homan el lunes en Fox News. “Ponemos el pie en el acelerador y vamos a ir”.
Phil McGraw, también conocido como Dr. Phil, una personalidad de la televisión que no es ni agente de la ley ni médico, acompañó a Homan en las detenciones de Chicago. En un vídeo, se ve a McGraw preguntando a un hombre detenido si es ciudadano estadounidense y dónde nació.
Se espera que Homan trabaje en estrecha colaboración con la ex gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem. El Senado de Estados Unidos confirmó el sábado a Noem para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional.
“Una de mis principales prioridades es cumplir el mandato del presidente Trump del pueblo estadounidense para asegurar nuestra frontera sur y arreglar nuestro maltrecho sistema de inmigración”, dijo Noem en un comunicado tras su confirmación.
Ese cumplimiento puede incluir la participación de varias agencias dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La semana pasada, el anterior Secretario en funciones del DHS, Benjamine Huffman, extendió las facultades de control de la inmigración a los U.S. Marshals, la Administración para el Control de Drogas y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
También se informó de operaciones de aplicación de la ley de inmigración durante el fin de semana en Denver (Colorado), Atlanta (Georgia), Puerto Rico y Austin (Texas).
Aranceles
Trump se abstuvo el domingo de imponer aranceles a productos procedentes de Colombia, después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, aceptara acoger a los nacionales deportados. El problema era el uso de aviones militares para devolver a los ciudadanos colombianos y el trato que se les daría, escribió Petro en las redes sociales.
“Estados Unidos debe establecer un protocolo de trato digno a los migrantes antes de recibirlos”, escribió.
Trump amenazó con imponer un arancel del 25% -que se elevaría al 50% después de una semana- a todos los bienes que lleguen a Estados Unidos procedentes de Colombia. Trump también dijo que implementaría una prohibición de viajes y revocaría las visas de funcionarios del gobierno colombiano.
“Estas medidas son sólo el comienzo”, escribió Trump en las redes sociales. “No permitiremos que el Gobierno colombiano viole sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y devolución de los Criminales que forzaron a entrar a Estados Unidos”.
A última hora del domingo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado que el Gobierno colombiano había acordado aceptar a los compatriotas deportados en aviones militares.
“Sobre la base de este acuerdo, las tarifas y sanciones IEEPA totalmente redactadas se mantendrán en reserva, y no se firmarán, a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo”, dijo Leavitt. “Las sanciones de visado emitidas por el Departamento de Estado, y las inspecciones reforzadas de Aduanas y Protección Fronteriza, permanecerán en vigor hasta que el primer avión cargado de deportados colombianos sea devuelto con éxito”.
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