Por William Morris, Des Moines Register
Una nueva ley de Iowa que impone sanciones penales estatales a los inmigrantes indocumentados es inconstitucional y no puede aplicarse, dictaminó el lunes un juez federal.
La ley de “reingreso ilegal”, firmada por la gobernadora Kim Reynolds en abril, tipifica como delito estatal la entrada a Iowa de personas que hayan sido deportadas o a las que se haya denegado la entrada a Estados Unidos, o que no hayan salido del país cuando se les ordenó. Es la continuación de una ley similar adoptada recientemente en Texas. Ambas leyes cuentan con el respaldo de funcionarios estatales que han criticado lo que consideran una aplicación inadecuada de las leyes federales de inmigración por parte del gobierno de Biden.
Al igual que la ley anterior de Texas, la ley de Iowa ha sido bloqueada en los tribunales. El gobierno federal presentó una demanda contra Iowa en mayo, argumentando que la aplicación de la ley de inmigración es una responsabilidad exclusivamente federal y que la ley del estado no es válida en virtud de la Constitución de Estados Unidos. El lunes, el juez de distrito de EE.UU. Stephen Locher concedió una petición de medida cautelar en ambos casos.
“Desde el punto de vista político, la nueva legislación puede ser defendible. Como cuestión de derecho constitucional, no lo es”, escribió Locher. “En virtud de los precedentes vinculantes del Tribunal Supremo, el expediente del Senado 2340 es sustituido en su totalidad por la ley federal y por lo tanto es inválido en virtud de la Cláusula de Supremacía” de la Constitución de EE.UU..
La gobernadora Kim Reynolds y el fiscal general de Iowa dijeron que apelarán la decisión. Activistas del grupo religioso de derechos de los inmigrantes Escucha Mi Voz Iowa dijeron en una conferencia de prensa que tenían sentimientos encontrados sobre el dictamen, calificándolo de victoria pero afirmando que esperan que la lucha contra la ley continúe.
Afirmaron que seguirán adelante con los planes de protestas por un Día sin Inmigrantes el 1 de julio en Des Moines, Iowa City y Waterloo.
Foto de Tar Macias / Hola Iowa
Juez: Ley bloqueada por sentencia del Tribunal Supremo de 2012
Al igual que en el litigio contra la ley de Texas, Locher consideró que la ley de Iowa va en contra de una sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. de 2012. En ese caso, el tribunal anuló en gran medida una ley de Arizona por la que se creaban delitos de inmigración a nivel estatal, al considerar que las leyes estatales interferían con la legislación federal y se oponían a ella.
Locher también escribió que la ley entra en conflicto con las normas federales de deportación, incluidos los tratados que limitan qué inmigrantes pueden ser expulsados legalmente y a qué países. Dijo que eso “crea una dicotomía insostenible entre la ley federal y la estatal en un ámbito en el que el Tribunal Supremo ha reconocido que Estados Unidos debe hablar con una sola voz armoniosa”.
Además, consideró que tanto el gobierno federal como el demandante representado por el Movimiento Migrante por la Justicia de Iowa han demostrado que se enfrentan a la probabilidad de sufrir un “daño irreparable” si la ley entra en vigor, y que tanto ellos como el público se enfrentan a un mayor riesgo de consecuencias adversas si la ley entra en vigor erróneamente que si se prohíbe erróneamente.
El juez considera que la ley omite salvaguardias clave para los inmigrantes
Locher cuestionó el modo en que los abogados del Estado afirman que se aplicará la ley.
La demanda del Movimiento de Inmigrantes de Iowa identifica como demandantes a varias personas a las que en su día se ordenó la expulsión o se les denegó la entrada en EE.UU., pero que más tarde recibieron la tarjeta verde y son residentes permanentes legales en Iowa.
El Estado argumentó ante el tribunal que esos demandantes carecen de legitimación activa porque la ley no se les aplica. Locher, sin embargo, escribió que nada en la ley impide a los fiscales acusar a las personas que finalmente obtuvieron la residencia legal en los EE.UU. Por el contrario, señaló que la ley de Iowa sigue el modelo de una ley federal de reingreso ilegal, pero omite específicamente el lenguaje en que la ley establece que no se aplica a los actuales residentes legales.
“No hay ninguna excepción (…) para un extranjero cuya orden de expulsión haya sido revocada o a quien se le haya concedido permiso para estar en el país después de que previamente se le haya ‘denegado la admisión’ o haya sido ‘excluido, deportado o expulsado'”, escribió Locher. “Por el contrario, el uso repetido e insistente del tiempo pasado en el estatuto… indica que una persona será penalmente responsable en función de lo que ocurrió en el pasado, no en función de su situación legal actual”.
Incluso si Bird no tiene la intención de ejercer la ley de esa manera, Locher escribió, los fiscales del condado no están obligados por esa elección, y los residentes legales de Iowa, pero que tenían órdenes de expulsión anteriores tienen un temor razonable de ser procesados.
La gobernadora Kim Reynolds y la fiscal general Brenna Bird defienden la ley; los activistas prevén una “larga lucha”.
En declaraciones realizadas el lunes por la tarde, tanto Reynolds como Bird defendieron la ley.
“Estoy decepcionada por la decisión judicial de hoy que impide a Iowa detener el reingreso ilegal y mantener nuestras comunidades seguras”, dijo Bird. “Como Biden se niega a asegurar nuestras fronteras, no ha dejado otra opción a los estados que hacer el trabajo por él”.
Reynolds dijo que la ley es necesaria para proteger a los habitantes de Iowa de la delincuencia, el tráfico de personas y las intoxicaciones por drogas, que los partidarios de la ley dicen que están vinculados a un aumento de la inmigración indocumentada en la frontera de EE.UU. con México.
“Claramente, la administración de Biden está fallando en hacer su trabajo y hacer cumplir las leyes federales de inmigración permitiendo que millones entren y vuelvan a entrar sin ninguna consecuencia o demora”, dijo.
Miembros de Escucha Mi Voz Iowa en una conferencia de prensa vespertina en Zoom pidieron a Bird que “deje de apelar esta pésima ley” y dijeron que no cesarán en sus esfuerzos por derrotarla hasta que reciban una sentencia definitiva en su contra.
Expresaron su preocupación porque, de aplicarse, podría dar lugar a deportaciones que separen a las familias.
“Sabemos que la lucha aún no ha terminado”, dijo Yaneli Canales, de Iowa City. “Sabemos que el fiscal general va a apelar el fallo. Por eso seguimos tocando puertas y organizándonos”.
El fallo del lunes “es sólo un paso en el proceso”, dijo Canales.
El padre Nils de Jesús Hernández, de la parroquia Reina de la Paz de Waterloo, hablando de los planes para las protestas del 1 de julio, dijo que espera entre 500 y 1,000 manifestantes en la iglesia, situada en el 320 de la calle Mulberry. Los actos de ese día en Des Moines comenzarán en el lado sur del Capitolio de Iowa, dijeron los organizadores, y en Iowa City, en la Casa de Acogida y Refugio del Trabajador Católico, en el 113 S. de la calle Johnson.
Las concentraciones comenzarán a las 7 p.m.
“Será un gran día para nosotros”, dijo Hernández, y añadió: “Es una larga lucha que debe continuar. Pero Dios está con nosotros”.
¿Se hará cumplir la ley?
Algunos funcionarios de Iowa han expresado previamente reservas sobre la nueva ley, con los líderes de la aplicación de la ley y los fiscales cuestionando si tienen la formación o la autoridad para asumir la aplicación de la ley de inmigración.
El jefe de policía de Des Moines, Dana Wingert, declaró en marzo que su departamento “no está equipado, financiado o dotado de personal” para asumir responsabilidades en materia de inmigración.
“En pocas palabras, no sólo no tenemos los recursos para asumir esta tarea adicional, sino que ni siquiera tenemos la capacidad para llevar a cabo esta función”, dijo Wingert.
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