Por Clark Kauffman, Iowa Capital Dispatch
Un hombre boliviano permaneció en la cárcel 11 meses después de que un juez falló a su favor
Un juez federal ordenó a la cárcel del condado de Muscatine liberar a un detenido de ICE que permaneció encarcelado durante casi un año, incluso después de que un juez falló a su favor en una solicitud de asilo.
Los registros judiciales indican que José Yugar-Cruz, de 36 años, ingresó a Estados Unidos en julio de 2024 tras huir de su país natal, Bolivia. En documentos presentados ante el tribunal, Yugar-Cruz alegó que, mientras vivía en Bolivia, operaba un pequeño negocio y que “se negó a facilitar el narcotráfico a funcionarios policiales”, quienes luego lo detuvieron y lo torturaron.
En los documentos judiciales, Yugar-Cruz dijo que huyó a México, entró a Estados Unidos a pie por la frontera de Arizona y luego “buscó y se entregó” a las autoridades federales de inmigración. Después fue puesto bajo custodia y encarcelado, tras lo cual solicitó asilo por el riesgo de persecución en Bolivia.
En diciembre de 2024, un juez federal de inmigración celebró una audiencia sobre la solicitud de asilo de Yugar-Cruz. Según una demanda que Yugar-Cruz presentó hace cuatro semanas contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y varios funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas, el juez resolvió en enero de 2025 que el gobierno de Estados Unidos no podía enviarlo de regreso a Bolivia debido a la amenaza persistente de tortura.
El juez concedió a Yugar-Cruz la “suspensión de la deportación”, una forma de protección para personas que enfrentan persecución si regresan a su país de origen. Esto impide que el gobierno de Estados Unidos deporte a una persona a un país donde su vida o su libertad estarían amenazadas.
En su demanda, Yugar-Cruz afirmó que el gobierno nunca apeló la decisión del juez de inmigración y que, por ello, “esperaba que pronto fuera liberado de la detención y se le permitiera comenzar su vida en Estados Unidos”.
Sin embargo, en febrero de 2025, Yugar-Cruz seguía recluido en el Centro de Detención para Adultos del condado de Freeborn, en Albert Lea, Minnesota. Según la demanda, mientras estaba allí habló con funcionarios de ICE, quienes primero indicaron que sería liberado en “unos 15 días”, pero después le informaron que continuarían reteniéndolo mientras buscaban un tercer país al que pudiera ser deportado.
La demanda alegó que funcionarios de ICE propusieron deportar a Yugar-Cruz a Argentina, Chile o Paraguay, todos países limítrofes con Bolivia, pero Yugar-Cruz se opuso y señaló que los bolivianos, incluida la policía, pueden viajar fácilmente a esos países sin pasaporte. México se planteó como alternativa, pero Yugar-Cruz expresó su preocupación de que las autoridades allí simplemente lo deportaran a Bolivia.
La demanda cita una política de Trump sobre deportaciones
El 3 de diciembre de 2025, Yugar-Cruz fue trasladado de la cárcel de Albert Lea a la cárcel del condado de Muscatine, en Iowa.
Nueve días después, el abogado de Yugar-Cruz demandó al administrador de la cárcel del condado de Muscatine, así como a Noem y a otros funcionarios de Seguridad Nacional, al alegar que estaban violando la ley federal al seguir deteniendo a Yugar-Cruz 11 meses después de que el juez de inmigración había fallado a su favor.
Como parte de esa demanda, el abogado de Yugar-Cruz señaló que la administración Trump había adoptado la práctica de deportar a personas a terceros países sin garantía de que no fueran enviadas de inmediato a su país de origen, donde enfrentarían persecución o tortura.
Un juez federal en el Distrito de Columbia resolvió que esa práctica equivale a un “esfuerzo generalizado por evadir las obligaciones legales del gobierno, haciendo indirectamente lo que no puede hacer directamente”.
En los últimos meses, la administración ha deportado al menos a 20 personas a Esuatini y a otras naciones africanas, donde, según informes, han sido encarceladas de forma indefinida en prisiones de máxima seguridad, sin cargos y sin acceso a asesoría legal.
Ninguna de esas personas era originaria de esos países africanos. Habían sido condenadas por delitos en Estados Unidos, pero cumplieron sus sentencias y fueron liberadas antes de ser detenidas por ICE y luego deportadas, pese a las objeciones de organizaciones de derechos humanos.
Yugar-Cruz no tiene antecedentes penales, según los escritos judiciales de su abogado. Su demanda alegó violaciones a su derecho al debido proceso y a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y solicitó su liberación inmediata de la cárcel del condado de Muscatine.
Recientemente, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que el gobierno federal había intentado, sin éxito, encontrar un tercer país que aceptara a Yugar-Cruz, el juez de distrito Stephen H. Locher falló a favor de Yugar-Cruz.
Locher ordenó a la cárcel del condado de Muscatine trabajar con funcionarios de ICE para asegurar la liberación inmediata de Yugar-Cruz y, el 7 de enero de 2026, funcionarios de ICE confirmaron ante el tribunal que Yugar-Cruz había sido dado de alta de la cárcel del condado.
Según la orden de Locher, su liberación sigue sujeta a “condiciones razonables de supervisión” por parte de ICE.
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