Por Tim Henderson, Stateline
La amenaza del presidente Donald Trump esta semana de suspender fondos federales tanto a las llamadas “ciudades santuario” como a los estados donde se ubican fue recibida con escepticismo por numerosos estados y ciudades, dado que la administración ha tenido resultados adversos en los tribunales sobre este tema.
“Iremos a los tribunales en cuestión de segundos y ganaremos si hace esto. Ya se ha demostrado que es ilegal. Ya hemos ganado varias veces”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, a ABC News7 en San Francisco el miércoles.
“Esos son fondos que pertenecen a la gente de Chicago, no al presidente”, dijo el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, en una declaración. Hubo reacciones similares en Massachusetts y en la ciudad de Nueva York.
Trump, al hablar el martes ante el Detroit Economic Club, dijo que suspendería “cualquier pago” a partir del 1 de febrero “a las ciudades santuario o a los estados que tengan ciudades santuario, porque hacen todo lo posible para proteger a criminales a expensas de los ciudadanos estadounidenses”.
Trump respondía a comunidades con políticas que rechazan ayudar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a detener a personas sospechosas de vivir ilegalmente en Estados Unidos. Los estados y ciudades que han reaccionado hasta ahora señalan que sería ilegal que la administración Trump retuviera todos los fondos federales y recuerdan que los jueces lo han dejado claro en fallos recientes.
Las ciudades y los estados con las llamadas políticas de santuario generalmente se niegan a colaborar con redadas migratorias y rechazan algunas solicitudes para que las cárceles locales retengan a personas con fines de deportación, dependiendo de los delitos involucrados.
No existe una definición universal de “ciudad santuario”, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una lista en agosto que incluye a 12 estados, el Distrito de Columbia, cuatro condados y 18 ciudades. Los estados que figuran como santuarios por sí mismos o por incluir alguna de esas ciudades son: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Luisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Washington.
La administración Trump intenta forzar una mayor cooperación con los arrestos migratorios. Sin embargo, sufrió un importante revés judicial en julio pasado, cuando un juez federal desestimó un caso federal sobre políticas santuario contra Illinois, Chicago y el condado de Cook.
Iremos a los tribunales en cuestión de segundos y ganaremos si hace esto.
– Rob Bonta, fiscal general de California, demócrata
Las políticas estatales y locales reflejan una “decisión de no participar en la aplicación de la ley migratoria civil, una decisión protegida por la Décima Enmienda”, escribió la jueza federal Lindsay Jenkins. Esa orden se encuentra ahora en proceso de apelación.
Una jueza de California también emitió en agosto una orden judicial preliminar que impide a la administración Trump recortar fondos no relacionados debido a las políticas santuario. La medida abarca 50 áreas en 14 estados. Ese caso también se encuentra suspendido mientras se resuelve una apelación presentada por la administración Trump.
En ese proceso, el juez federal William Orrick determinó que las órdenes de Trump para suspender fondos por políticas migratorias eran “coercitivas” y estaban “destinadas a obligar a funcionarios locales a aplicar prácticas y leyes migratorias federales”.
Mantente al día con historias que importan — visita HolaAmericaNews.com para conocer las últimas noticias, cultura y actualizaciones de la comunidad.
Facebook Comments