Por Jonathan Shorman, Iowa Capital Dispatch
Cuatro estados gobernados por republicanos acordaron ayudar a la administración Trump a acceder a los datos de licencias de conducir estatales mediante una red informática nacional de aplicación de la ley, como parte de la búsqueda de supuestos votantes no ciudadanos.
La administración Trump indicó ya en octubre que los funcionarios federales deseaban obtener los registros de licencias a través de esta red.
El compromiso de los funcionarios de Florida, Indiana, Iowa y Ohio forma parte de un acuerdo conciliatorio presentado el viernes en una demanda federal. La demanda fue interpuesta originalmente por estos estados el año pasado, bajo la alegación de que la administración Biden no hacía lo suficiente para ayudar a verificar la elegibilidad de los votantes.
El acuerdo, entre los estados y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., obliga a este departamento federal a continuar el desarrollo de un poderoso programa de verificación de ciudadanía conocido como SAVE. A principios de este año, los funcionarios federales reconfiguraron SAVE para convertirlo en un programa capaz de escanear millones de registros de votantes estatales en busca de casos de votantes registrados no ciudadanos.
A cambio, los estados acordaron apoyar los esfuerzos de Seguridad Nacional para acceder al Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Aplicación de la Ley (Nlets), una red informática poco conocida que normalmente permite a las agencias de la ley buscar registros de licencias de conducir entre estados. Nlets —como se conoce al sistema— permite a los agentes de policía consultar fácilmente los historiales de conductores de otros estados.
La administración Trump y algunos funcionarios electorales republicanos han promovido los cambios en SAVE como una herramienta útil para identificar posibles votantes no ciudadanos, e Indiana ya había acordado proporcionar registros de votantes. Los críticos, incluidos algunos demócratas, afirman que la administración Trump está construyendo una base de datos masiva de residentes estadounidenses que el presidente Donald Trump o un futuro presidente podrían usar para espiar o atacar a enemigos políticos.
Stateline informó la semana pasada, antes de que se presentara el acuerdo conciliatorio en los tribunales, que Seguridad Nacional confirmó públicamente su intención de conectar Nlets con SAVE.
Un aviso publicado el 31 de octubre en el Registro Federal señalaba que las licencias de conducir son la forma de identificación más utilizada, y que, al trabajar con los estados y agencias nacionales, incluido Nlets, “SAVE utilizará los números de licencia de conducir y de identificación estatal para verificar y confirmar la información de identidad”.
Un funcionario federal también declaró anteriormente en una reunión virtual de funcionarios electorales estatales en mayo que Seguridad Nacional buscaba “evitar tener que conectarse a 50 bases de datos estatales” y deseaba una “solución más simple”, como Nlets, según registros gubernamentales publicados por el grupo de transparencia American Oversight.
El nuevo acuerdo establece el cronograma mediante el cual la administración Trump podría adquirir los registros de los cuatro estados.
En un plazo de 90 días desde la ejecución del acuerdo, los cuatro estados pueden proporcionar a Seguridad Nacional 1.000 registros de licencias de conducir seleccionados al azar de su estado para su verificación, como parte de un proceso de mejora de calidad para SAVE.
Según el acuerdo, los estados que proporcionen los registros “harán los mejores esfuerzos para apoyar y fomentar los esfuerzos de DHS para recibir y hacer uso completo de los registros de licencias de conducir estatales del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Aplicación de la Ley” y de las agencias estatales de licencias de conducir.
El lenguaje del acuerdo es abierto y no aclara si el compromiso de ayudar a Seguridad Nacional a obtener acceso a Nlets se limita a los conductores de esos cuatro estados o si pretende exigir a los estados que ayuden a la agencia a adquirir los registros de conductores de todo el país.
Un acuerdo para ayudar
El acuerdo podría allanar el camino para que funcionarios republicanos en otros estados proporcionen acceso a los datos de las licencias.
Nlets es una organización sin fines de lucro que facilita el intercambio de datos entre agencias de aplicación de la ley de diferentes estados. Los estados deciden qué información poner a disposición a través de Nlets y qué agencias pueden acceder a ella. Esto significa que los cuatro estados podrían intentar influir en sus homólogos para que compartan los datos de Nlets con la administración Trump.
“No solo están hablando de números de licencia de conducir, están hablando de los historiales de conducción. ¿Qué posible razón tendría DHS en un contexto electoral o de votación —o en cualquier contexto— para obtener el ‘uso completo de los registros de licencias de conducir estatales’?”, dijo David Becker, director ejecutivo del centro no partidista Center for Election Innovation & Research.
El secretario de Estado de Iowa, Paul Pate, republicano, declaró a Stateline que el acuerdo conciliatorio proporciona otra capa de integridad y protección electoral mientras los funcionarios buscan garantizar que solo votantes elegibles estén registrados. No abordó directamente las preguntas sobre el acceso a Nlets.
“El programa SAVE nos proporciona información crítica, pero también debemos continuar utilizando información de otros socios estatales y federales para mantener listas limpias y precisas”, afirmó Pate en la declaración.
Dos semanas antes de las elecciones del 5 de noviembre de 2024, Pate emitió una guía a los auditores de los condados de Iowa para impugnar las boletas de 2.176 votantes registrados que fueron identificados por la oficina del secretario de Estado como posibles no ciudadanos. Según la guía, esos votantes habían informado al Departamento de Transporte del estado u otra entidad gubernamental en los últimos 12 años que no eran ciudadanos estadounidenses y posteriormente se registraron para votar.
En marzo, Pate dijo que su oficina obtuvo acceso a la base de datos de SAVE y encontró que 277 de esas personas habían confirmado no tener ciudadanía estadounidense, poco menos del 12% de los individuos identificados como posibles no ciudadanos.
¿Qué posible razón tendría DHS en un contexto electoral o de votación —o en cualquier contexto— para obtener el ‘uso completo de los registros de licencias de conducir estatales’?
– David Becker, director ejecutivo, Center for Election Innovation & Research
Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia de EE. UU. no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios del lunes.
Matthew Tragesser, portavoz de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) —la agencia bajo Seguridad Nacional que supervisa SAVE— declaró a Stateline la semana pasada que USCIS estaba comprometida con “eliminar las barreras para asegurar el proceso electoral de la nación”.
“Al permitir que los estados verifiquen eficientemente la elegibilidad de los votantes, estamos reforzando el principio de que las elecciones de Estados Unidos están reservadas exclusivamente para los ciudadanos estadounidenses”, dijo Tragesser en una declaración.
El programa SAVE —Systematic Alien Verification for Entitlements— fue creado originalmente para ayudar a funcionarios estatales y locales a verificar el estatus migratorio de no ciudadanos individuales que solicitaban beneficios gubernamentales. En el pasado, SAVE solo podía buscar un nombre a la vez. Ahora puede realizar búsquedas masivas; los funcionarios federales en mayo también conectaron el programa a los datos del Seguro Social.
“Es una mezcla potencialmente peligrosa poner ahí fuera la información de la licencia de conducir, el número del Seguro Social y la fecha de nacimiento… cuando realmente aún no sabemos cómo, cuándo y dónde se va a utilizar”, declaró el lunes en una entrevista el secretario de Estado demócrata de Minnesota, Steve Simon.
Los estados demócratas se oponen
Mientras la administración Trump ha alentado a los estados a usar SAVE, el Departamento de Justicia también ha exigido a los estados que proporcionen al departamento copias sin editar de sus padrones electorales. La administración Trump ha confirmado previamente que el Departamento de Justicia comparte información de votantes con Seguridad Nacional.
El Departamento de Justicia ha demandado a seis estados, en su mayoría demócratas, por negarse a entregar los datos. Esas demandas siguen pendientes.
El lunes, 12 secretarios de Estado presentaron un comentario público de 29 páginas, en respuesta al aviso de SAVE en el Registro Federal, criticando la reforma. Los secretarios escribieron que, aunque Seguridad Nacional afirma que los cambios convierten al programa en una herramienta eficaz para verificar votantes, las modificaciones “probablemente degradarán, no mejorarán” los esfuerzos de los estados para garantizar elecciones libres, justas y seguras.
“Lo que hará el sistema modificado… es permitir que el gobierno federal capture datos sensibles de cientos de millones de votantes en todo el país y distribuya esa información como considere conveniente”, escribieron los secretarios.
Los secretarios de Estado de California, Connecticut, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington firmaron el comentario.
El acuerdo conciliatorio pretende que los cambios de este año en SAVE sean legalmente vinculantes.
El acuerdo solicita que un tribunal federal retenga la jurisdicción sobre el caso durante 20 años con el propósito de hacerlo cumplir, un movimiento que en teoría podría dificultar que un futuro presidente demócrata revierta los cambios en SAVE.
Pero Becker, del Center for Election Innovation & Research, dijo que no espera que el acuerdo conciliatorio dificulte más que una futura administración deshaga la reforma.
“Si llegara una administración diferente que no esté de acuerdo con este enfoque”, dijo Becker, “esperaría que casi con toda seguridad cambiaran por completo cómo opera el sistema, cómo pueden acceder a él los estados y qué datos adquiere el gobierno federal”.
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