La corte de apelaciones respalda el esfuerzo de migrantes venezolanos por mantener el estatus de protección

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U.S. Homeland Security Secretary Kristi Noem delivers remarks to staff at the Department of Homeland Security headquarters in Washington, D.C., on Jan. 28, 2025. (Photo by Manuel Balce Ceneta-Pool/Getty Images)

Por , Iowa Capital Dispatch

Washington, DC — Un panel de tres jueces de una corte federal de apelaciones dictaminó por unanimidad el viernes que la administración Trump probablemente actuó de manera ilegal al revocar las extensiones de protección temporal para más de 600,000 venezolanos.

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El panel de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos coincidió con la decisión de marzo del Tribunal de Distrito del Norte de California de bloquear la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de anular dos extensiones del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para el grupo hasta octubre de 2026, que la administración Biden había establecido a principios de este año.

Uno de los grupos de venezolanos vio expirar su TPS en abril y el segundo está programado para expirar en septiembre. El panel de tres jueces determinó que la decisión de la administración Trump de poner fin al TPS en abril también es probablemente ilegal.

El panel señaló que Noem no tenía la autoridad para revocar las extensiones de TPS otorgadas por el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Los jueces Kim McLane Wardlaw, designada por el expresidente Bill Clinton, Salvador Mendoza Jr. y Anthony Johnstone, ambos designados por el expresidente Joe Biden, tomaron la decisión.

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Los jueces dictaminaron que la ley que creó el TPS, la cual concede permisos de trabajo y protección contra la deportación a nacionales de un país considerado demasiado peligroso para regresar, fue diseñada para ofrecer “períodos predecibles de seguridad y estatus legal a los beneficiarios de TPS”, y la cancelación de la extensión por parte de la administración contradecía ese objetivo.

“Reversiones repentinas de decisiones previas contravienen el lenguaje claro y el propósito de la ley”, escribieron. “Aquí, cientos de miles de personas han sido despojadas de su estatus y sumidas en la incertidumbre. La estabilidad del TPS ha sido reemplazada por temores de separación familiar, detención y deportación”.

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“El Congreso no contempló esto, y el daño irreparable que continúan sufriendo los demandantes justifica una medida de protección mientras se resuelve el juicio sobre el fondo del caso”, añadieron.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no respondió a un mensaje solicitando comentarios el viernes.

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La Corte Suprema de Estados Unidos permitió en mayo que la administración Trump pusiera fin al TPS para el grupo de 350,000 venezolanos cuyo estatus expiró en abril. No está claro cómo afectará la orden del viernes a ese grupo.

Los aproximadamente 250,000 venezolanos de otro grupo están programados para que su TPS expire el 10 de septiembre tras la revocación de la extensión por parte del DHS.

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