Demandas: jueces aprobaron la libertad bajo fianza, pero ICE no acepta el pago
Un condado del oeste de Iowa enfrenta una demanda por la negativa del gobierno federal a liberar a inmigrantes detenidos, incluso en casos en que los jueces han ordenado su liberación bajo fianza.
Las demandas sostienen que funcionarios federales de inmigración han ideado un “esquema” que permite mantener encarceladas indefinidamente a personas sin antecedentes penales, pese a que un juez haya aprobado su liberación mediante el pago de una fianza.
Los casos surgen de una política que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adoptó en julio de 2025, que instruye a todos los empleados de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a considerar que cualquier persona acusada de haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos está sujeta a detención obligatoria.
Cuando los detenidos solicitan una audiencia de redeterminación de fianza ante un juez de inmigración, los jueces suelen rechazar la petición argumentando que, según la nueva interpretación del DHS de la ley federal, no tienen jurisdicción sobre el asunto.
En las últimas tres semanas, un número creciente de detenidos ha buscado revertir esas decisiones presentando demandas ante jueces federales en la Corte de Distrito de EE. UU. Esto ocurre en parte tras una decisión del 5 de septiembre de 2025 de la Junta de Apelaciones de Inmigración, que adoptó la interpretación más reciente del DHS y concluyó que los jueces de inmigración carecen de autoridad incluso para considerar solicitudes de fianza.
Ahora, se suma un nuevo giro al conflicto legal: incluso en los casos en que un juez de inmigración fija una fianza para que un detenido pueda ser liberado mientras su caso está en proceso, Seguridad Nacional e ICE se niegan a aceptar el pago de esa fianza y mantienen a los detenidos en cárceles de condado.
El resultado es que los condados que administran esas cárceles ahora enfrentan demandas en tribunales federales. En el condado de Woodbury, Iowa, por ejemplo, se presentaron dos demandas de este tipo en la última semana.
Uno de los casos involucra a Armando García Picazo, arrestado por ICE el 8 de agosto de 2025 en Sioux City. Según los registros judiciales, ese arresto se originó en una operación de vigilancia de ICE y la Agencia Antidrogas (DEA) dirigida contra otra persona.
De acuerdo con los abogados de García, el gobierno admitió que, debido a que él “se parecía” al individuo que buscaban, fue detenido y posteriormente acusado por ICE de no tener estatus migratorio legal en Estados Unidos.
García ha vivido en Iowa por unos nueve años y no tiene antecedentes penales, según sus abogados.
Los registros judiciales indican que, tras su arresto, García participó en una audiencia de redeterminación de fianza ante un juez de inmigración. Citando su falta de antecedentes y sus lazos con la comunidad, el juez ordenó el 12 de septiembre de 2025 su liberación con el pago de una fianza de 6,000 dólares. Su familia intentó cubrir la fianza, pero sin éxito.
“ICE no les permite pagarla”, argumentan sus abogados en la demanda recién presentada. “ICE se niega a liberar al Sr. García, amparándose en un reglamento federal que otorga al DHS la autoridad unilateral para bloquear la orden de custodia de un juez de inmigración”.
Los abogados de García ahora solicitan que un juez federal intervenga, declare inconstitucional su detención y ordene su liberación tras el pago de la fianza.
Como parte de la demanda, el sheriff del condado de Woodbury, Chad Sheehan, también fue demandado por tener la custodia física y administrativa de García. Iowa Capital Dispatch no logró comunicarse con Sheehan en su oficina el jueves.
“Durante nueve años, García ha trabajado duro, pagado impuestos y contribuido a la comunidad de Iowa”, señalaron sus abogados en el tribunal. “El Sr. García tiene vínculos significativos con la comunidad… Tiene muchos amigos y es un mecánico capacitado que suele ayudar a su comunidad sin esperar nada a cambio. No tiene antecedentes penales ni había enfrentado problemas legales hasta el actual proceso civil. El Sr. García fue arrestado por ICE el 8 de agosto de 2025, cuando salía de su casa, porque aparentemente se parecía a otro hombre al que el gobierno realmente buscaba detener”.
El otro caso en Woodbury involucra a Francisco Torres Alemán, de 34 años, residente de Omaha, quien fue detenido en Sioux Falls, Dakota del Sur, el 28 de junio de 2025.
Según sus abogados, Torres Alemán nació en Guatemala y llegó a Estados Unidos hace al menos 12 años. Afirman que no tiene antecedentes penales y es padre de dos hijas ciudadanas estadounidenses.
Los documentos judiciales presentados por sus abogados ofrecen versiones contradictorias sobre su arresto. En la petición de intervención ante la Corte Federal, señalan que fue “arrestado tras una parada de tráfico en Sioux Falls”, pero en el mismo documento afirman que fue “detenido mientras lavaba su auto el 28 de junio de 2025”.
Los registros muestran que, el 19 de agosto de 2025, un juez de inmigración autorizó el pago de una fianza de 20,000 dólares que permitiría su liberación mientras se resolvía su caso. La familia de Torres Alemán intentó efectuar el pago a través del sistema computarizado requerido llamado “ICE CeBonds”, pero supuestamente cada intento fue rechazado.
Torres Alemán continúa recluido en la cárcel del condado de Woodbury, según denuncian sus abogados. En su petición, argumentan que su detención no solo contradice la orden del juez sobre la fianza, sino que también limita su capacidad de defenderse de la deportación, pues no puede comunicarse con testigos ni generar ingresos para costear su representación legal.
“Este esquema”, alegan sus abogados, “fue diseñado por el poder ejecutivo para otorgar al DHS la facultad de eludir tanto las órdenes de los jueces de inmigración como las de la Junta de Apelaciones de Inmigración… Los reglamentos están redactados de manera que, sin importar lo que ordenen el juez de inmigración o la Junta, si el gobierno no está de acuerdo, puede, mediante sus propias acciones y conforme a sus regulaciones, mantener detenido al no ciudadano indefinidamente”.
Además del sheriff Sheehan, las dos demandas en Woodbury nombran como acusados a Peter Berg, director de la oficina de campo de ICE en St. Paul, Minnesota; Todd M. Lyons, director interino de ICE; Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional; Pamela Jo Bondi, fiscal general de Estados Unidos y titular del Departamento de Justicia; y al presidente Donald J. Trump.
Los acusados aún no han respondido a las demandas.
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