Por Joshua Shimkus, Nebraska Public Media
Horas después de que agentes federales de inmigración ingresaran a Glenn Valley Foods, los directivos de la empresa y autoridades electas dejaron en claro un punto: Glenn Valley había intentado evitar precisamente esta situación.
Como evidencia, señalaron que la planta empacadora de carne en Omaha utilizaba E-Verify, un sistema federal diseñado para ayudar a los empleadores a verificar si una persona está legalmente autorizada para trabajar en EE. UU.
“Hemos hecho todo lo que nos corresponde como empresa”, dijo en su momento Chad Hartmann, presidente de Glenn Valley Foods.
Posteriormente, un vocero de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alegó que cerca de 70 empleados habían utilizado identidades robadas, una forma de fraude que E-Verify —que se promociona como “el mejor método disponible para confirmar la elegibilidad laboral de nuevos empleados”— no puede detectar.
La situación dejó al descubierto debates de larga data sobre este sistema, su efectividad y su impacto en la fuerza laboral.
Defensores, incluida una legisladora de Nebraska, aseguran que ampliar el uso de E-Verify entre los empleadores es clave para mejorar el sistema migratorio del país. Pero críticos señalan las fallas del sistema —como las que supuestamente se aprovecharon en Glenn Valley— como prueba de que solo una reforma migratoria puede abordar el problema de fondo y evitar perjuicios para empleadores y comunidades en Nebraska.
Craig Casados, director ejecutivo de la Asociación de Hospitalidad de Nebraska, dijo que todos los miembros de la asociación utilizan E-Verify y que todos desean cumplir con la ley.
“Se ha dicho mucho dentro del gobierno federal que E-Verify no funciona correctamente”, comentó Casados. “Eso confunde mucho a los restauranteros de todo Estados Unidos, quienes dicen: ‘No es culpa nuestra, lo estamos haciendo tal como se debe’”.
Antes de 1986, los empleadores podían contratar a inmigrantes que hubieran ingresado ilegalmente a EE. UU. Eso cambió cuando el Congreso aprobó la Ley de Reforma y Control de Inmigración, que hizo ilegal contratar a sabiendas a personas sin autorización para trabajar.
La ley introdujo el formulario I-9 de elegibilidad laboral, aún vigente hoy en día. Al completarlo en su primer día, los nuevos empleados deben presentar documentos —como un pasaporte o una combinación de licencia de conducir y tarjeta del Seguro Social— que acrediten su identidad y autorización para trabajar legalmente.
Siempre que los documentos “parezcan razonablemente genuinos”, el empleador debe aceptarlos. La ley federal prohíbe solicitar documentos específicos o discriminar por ciudadanía, estatus migratorio u origen nacional.
Pero la ley generó problemas. Un informe de 1990 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) concluyó que la ley parecía reducir la inmigración ilegal, pero también provocó discriminación en las contrataciones y un aumento en la documentación fraudulenta.
“Antes de E-Verify, un empleado podía inventar un número de Seguro Social”, explicó Amy Peck, del bufete nacional Jackson Lewis. “No había verificación, y podía parecer auténtico, por lo que esa persona era contratada”.
En 1996, el Congreso estableció un “programa piloto básico” —que eventualmente se convertiría en E-Verify— para reducir la inmigración no autorizada.
Gratuito y en línea, E-Verify compara los documentos del formulario I-9 con registros de la Administración del Seguro Social y del Departamento de Seguridad Nacional.
Si los documentos coinciden con los registros federales, el empleado es aprobado rápidamente y puede comenzar a trabajar. Si no coinciden, el empleado tiene 10 días hábiles para resolver la discrepancia.
El sistema puede detectar documentos falsos o números inventados, pero no puede determinar si los documentos realmente pertenecen a la persona que los presenta.
“Es una consecuencia no prevista”, afirmó Peck. “Cuantos más empleadores usan E-Verify, mayor es el robo o préstamo de identidad”.
La operación del 10 de junio en Glenn Valley se originó tras una auditoría del formulario I-9 por parte del Departamento de Seguridad Nacional, que reveló sospechas de fraude documental, según documentos judiciales.
Tras la operación, un vocero de ICE declaró que los aproximadamente 70 empleados detenidos habían “robado las identidades de estadounidenses latinos sin el menor respeto por las víctimas que dejaron atrás”. Hasta el 22 de julio, unos 25 de esos trabajadores habían sido liberados bajo fianza, otros 25 seguían detenidos y alrededor de 17 ya habían sido deportados.
En una declaración posterior, el representante federal Don Bacon, republicano por Omaha y zonas aledañas, señaló que Glenn Valley Foods “cumplió al 100 % con E-Verify y también es víctima de esta situación”.
Gary Rohwer, fundador y propietario de Glenn Valley Foods, no respondió a las solicitudes de comentarios.
La evidencia sobre la efectividad de E-Verify es mixta. Un estudio de 2014 concluyó que los mandatos universales de E-Verify reducen el salario por hora de inmigrantes mexicanos varones que probablemente no están autorizados, pero no encontró evidencia de que reduzcan su nivel de empleo.
Desde 2009, una evaluación externa de E-Verify ya advertía sobre el uso de identidades falsas como forma de evadir el sistema. El informe estimaba que alrededor de la mitad de los trabajadores no autorizados ingresados en E-Verify eran aprobados por el sistema.
Alex Nowrasteh, vicepresidente de estudios de políticas económicas y sociales en el Instituto Cato, ha sido crítico de E-Verify durante años. Afirmó que, para ser verdaderamente eficaz, E-Verify tendría que integrarse en un programa nacional de identificación que utilice datos biométricos como huellas dactilares para verificar la identidad.
“Estoy totalmente en contra de eso por casi cualquier razón que puedas imaginar, pero creo que es la única forma en que un sistema de control migratorio interno realmente efectivo podría funcionar”, señaló Nowrasteh.
A pesar de sus deficiencias y formas conocidas de evasión, el uso de E-Verify por parte de estados y empleadores continúa creciendo. Según la ley federal, solo ciertos contratistas están obligados a usar el sistema, pero 21 estados tienen leyes que exigen su uso en determinados empleadores.
En Nebraska, desde 2009, los empleadores públicos y contratistas del gobierno deben utilizar E-Verify, al igual que las empresas que participan en programas estatales de incentivos fiscales.
No obstante, cualquier empresa puede utilizar E-Verify. En Nebraska, más de 7,000 empleadores tienen cuentas activas en el sistema, desde restaurantes hasta bancos. Aun así, algunos legisladores consideran que esto no es suficiente.
En enero, la senadora estatal Kathleen Kauth, de Omaha, presentó un proyecto de ley que exigiría a todas las empresas de Nebraska utilizar E-Verify. Afirmó que veía esta propuesta como un primer paso para reducir la cantidad de inmigrantes sin autorización que trabajan en el estado y, al mismo tiempo, recopilar datos sobre su impacto en los servicios estatales.
“Veamos qué pasa cuando todas las empresas lo hagan — ¿de repente notan que necesitan más empleados?”, dijo Kauth. “Es una manera de recolectar datos — para entender cuál es realmente el alcance del problema en el estado”.
Kauth no es la primera legisladora de Nebraska en proponer esta medida. El senador Brad Ashford la propuso en 2009, Bill Kinter en 2015 y Tom Brewer en 2017. Ninguno de esos proyectos llegó al pleno para votación.
La iniciativa de Kauth también enfrentó oposición. Kris Bousquet, director ejecutivo de la Asociación Estatal de Productores de Lácteos de Nebraska, fue uno de los que testificaron en contra del proyecto.
Los productores agrícolas y ganaderos de la asociación cumplen con todas las leyes estatales y federales, señaló. Lo que realmente necesitan son reformas y actualizaciones de los programas federales de trabajadores temporales.
“Encontrar personas dispuestas y capacitadas para hacer estos trabajos ya es un gran desafío. Si no se cubren esas vacantes, nuestros productores enfrentan restricciones en la producción y problemas de bienestar animal”, dijo Bousquet, en representación de varias asociaciones agrícolas.
En una entrevista, Darcy Tromanhauser, de Nebraska Appleseed, comentó que actualizar las leyes federales beneficiaría a las comunidades del estado. Tromanhauser comparó las leyes migratorias, que solían actualizarse periódicamente, con una carretera vieja llena de baches.
“Los empleadores quieren conservar a personas capacitadas y talentosas, y no tener rotación constante ni inestabilidad”, afirmó Tromanhauser.
Kauth refutó la idea de que los residentes legales no estén dispuestos a ocupar algunos empleos disponibles en Nebraska, argumentando que el trabajo de inmigrantes no autorizados reduce los salarios y hace que esos puestos sean menos atractivos.
Su proyecto no avanzó al pleno durante la sesión legislativa de 2025, pero dijo que está trabajando durante el receso para redactarlo de forma que obtenga mayor respaldo.
Casados, de la Asociación de Hospitalidad de Nebraska, señaló que su organización y todas las asociaciones de restaurantes y hoteles del país están presionando por nuevas leyes migratorias con caminos claros para los trabajadores. Dijo que el debate sobre inmigración ha motivado a más líderes del sector a unirse a grupos de defensa para exigir una reforma.
“Cuando las leyes tienen 40 años y ya no se adaptan a la realidad”, dijo Casados, “simplemente no funcionan”.
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