Las universidades de todo Estados Unidos están llegando a un “punto de congelamiento” en cuanto a la libertad de expresión en sus campus, a medida que más estados aprueban leyes destinadas a controlar los planes de estudio, la gobernanza compartida y otros aspectos de la educación superior, según un informe publicado por una organización nacional dedicada a proteger la libre expresión.
PEN America publicó un informe que mapea dónde se han introducido y aprobado leyes que limitan los temas que pueden discutirse en las aulas, así como otras restricciones a las prácticas universitarias. El informe clasifica estas legislaciones entre “órdenes de silencio educativo” y acciones menos directas que también afectan las libertades de universidades, personal y estudiantes.
Amy Reid, coautora del informe y gerente sénior de programas en PEN America, dijo que estas nuevas leyes son el resultado de “años de trabajo paciente” que han convertido la censura del discurso en las aulas universitarias en una meta alcanzable.
“El efecto acumulado de todas estas medidas va más allá de un simple enfriamiento”, dijo Reid. “Hemos llegado a un punto de congelamiento en los campus, donde estudiantes, profesores y personal saben que deben cuidar lo que dicen, lo que preguntan, cómo interactúan — y eso no es bueno para la educación.”
Según el informe, cuerpos legislativos en 26 estados han presentado más de 70 proyectos de ley “para censurar la educación superior” hasta el 30 de junio de este año, de los cuales 22 se han convertido en ley en 16 estados. Seis estados —Kansas, Ohio, Virginia Occidental, Wyoming, Kentucky y Arkansas— promulgaron leyes de este tipo por primera vez en 2025. En total, 21 estados han aprobado legislación similar desde 2021.
Algunos de estos proyectos son descritos en el informe como “órdenes de silencio educativo”, lo que significa que buscan establecer explícitamente qué temas e ideas pueden y no pueden enseñarse en las universidades. Sin embargo, la mayoría de las leyes mencionadas por PEN America siguen un camino más indirecto para restringir la libre expresión.
El informe destaca ejemplos de estas órdenes en estados que por primera vez han promulgado leyes de censura. Misisipi, Virginia Occidental y Wyoming aprobaron legislación que limita la discusión de temas como raza, color, sexo, etnia y origen nacional. Una ley similar en Arkansas también prohíbe ideas o creencias que contradigan los Títulos IV, VI y VII de la Ley de Derechos Civiles.
En Ohio, según el informe, la legislatura aprobó una ley que prohíbe al profesorado de universidades públicas expresar apoyo u oposición a “creencias o políticas controvertidas” y les exige “fomentar que los estudiantes lleguen a sus propias conclusiones” sobre esos temas.
Estas leyes pueden tener un impacto inmediato en la educación de los estudiantes, señaló Reid.
“Cuando los legisladores imponen límites curriculares sobre qué se puede o debe enseñar en los campus, están manipulando el juego”, dijo. “Están diciendo que ciertas ideas deben promoverse y otras silenciarse. Eso no es libertad de expresión; francamente, eso es muy poco americano.”
Leyes en Iowa
El informe identifica tres leyes aprobadas este año en Iowa como medidas que limitan la libertad en la educación superior. Estas incluyen una que prohíbe que agencias acreditadoras tomen acciones contra universidades por cumplir con la ley estatal; otra que restringe a agencias estatales y colegios comunitarios tener oficinas o funcionarios de diversidad, equidad e inclusión (DEI); y una tercera que establece un centro para la libertad intelectual en la Universidad de Iowa.
El director de este centro será seleccionado por un consejo asesor del cual solo un miembro podrá ser empleado universitario. Este director responderá ante la Junta de Regentes de Iowa y tendrá autoridad exclusiva sobre la contratación de profesores, la invitación de ponentes y otras decisiones.
Los legisladores de Iowa que apoyaron estas leyes —así como legislación previa que eliminó oficinas DEI en universidades del estado— han argumentado que estos programas dividen más de lo que unen, y que sus esfuerzos promoverán una mayor diversidad intelectual y evitarán que las universidades adopten posturas sobre temas controvertidos.
El senador Ken Rozenboom, republicano de Oskaloosa, dijo durante una sesión legislativa que el proyecto para restringir las oficinas DEI “aborda un problema que debe atenderse”.
“No es apropiado que una entidad estatal promueva ideologías y opiniones como parte de su función oficial”, afirmó Rozenboom.
Reid también expresó preocupación por leyes que adoptan enfoques menos directos, como aquellas que atacan a las agencias acreditadoras o modifican estructuras de autoridad para quitar el control a quienes trabajan en las instituciones y entregárselo a personas externas.
Aunque las acciones federales contra la educación superior, como los cambios o cancelaciones en fondos para investigación y programas universitarios, han captado más atención, Reid dijo que el objetivo del informe de PEN America es alertar sobre lo que podría estar ocurriendo sin que el público se dé cuenta.
Revertir esta tendencia requerirá más que frenar nuevas leyes, advirtió Reid, ya que las legislaciones vigentes seguirán aplicando políticas que perjudican la libertad de expresión en los campus. Sin embargo, que más personas se opongan a ideas que consideran dañinas para la educación superior podría frenar a los legisladores que se sienten envalentonados para seguir impulsando estas medidas.
“Los abusadores no se detienen hasta que alguien les hace frente”, dijo Reid. “Y lo que hace PEN al llamar la atención sobre esta tendencia es asegurarse de que no perdamos de vista el daño que se está causando en los capitolios estatales de todo el país… solo porque también tengamos que prestar atención a los grandes movimientos federales que afectan millones de dólares en fondos para investigación.”
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