Por Ariana Figueroa, Iowa Capital Dispatch
Washington, D.C. — Una jueza federal en Massachusetts bloqueó el viernes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que exigía a los estados requerir que los votantes en elecciones federales presentaran documentos que acreditaran su ciudadanía, al considerar que la medida impondría una carga significativa a los estados y podría perjudicar a los votantes.
La jueza federal Denise J. Casper emitió una orden judicial preliminar que impide que la disposición entre en vigor mientras el caso sigue en curso.
“No hay controversia (ni podría haberla) en que la ciudadanía estadounidense es un requisito para votar en elecciones federales y que los formularios federales de registro de votantes exigen una declaración jurada de ciudadanía”, escribió Casper en su fallo.
“La cuestión aquí es si el Presidente puede exigir una prueba documental de ciudadanía cuando la autoridad sobre los requisitos electorales está en manos del Congreso, cuyas leyes… no la contemplan, y cuando la (Comisión de Asistencia Electoral), creada por ley, está obligada a realizar un proceso de notificación y comentarios, y a consultar con los estados antes de implementar cualquier cambio en los formularios federales de registro de votantes”, continuó Casper, quien fue designada por el expresidente Barack Obama.
Fiscales generales demócratas de 19 estados presentaron la demanda ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en el Distrito de Massachusetts luego de que el presidente firmara la orden en marzo.
La orden instruía a la Comisión Federal de Asistencia Electoral, que otorga subvenciones a los estados, a comenzar, en un plazo de 30 días, a exigir a quienes se registren para votar que presenten una prueba de ciudadanía, como un pasaporte o una identificación emitida por el estado que indique su estatus de ciudadano.
Perjuicio a los votantes
En su decisión de conceder la orden judicial preliminar, Casper señaló que los estados demostraron que, sin una suspensión de la orden ejecutiva, “los ciudadanos serán privados de su derecho al voto”.
“Los estados también han declarado de manera creíble que los requisitos impugnados podrían generar caos y confusión que conllevarían a la pérdida de confianza de los votantes en el proceso electoral”, afirmó.
La orden ejecutiva representaba riesgos de daño irreparable para los estados “por al menos tres razones”, escribió Casper.
Mencionó el costo y los recursos necesarios para implementar la medida, la posible pérdida de financiamiento federal si los estados no cumplen con la orden, y el desincentivo a la participación electoral.
Desalentar la participación de los votantes es “la antítesis del propósito del Congreso al promulgar la (Ley de Voto Ausente para Ciudadanos en el Extranjero) y la (Ley Nacional de Registro de Votantes)”, escribió.
La orden también prohibiría contar las boletas de voto ausente o por correo que se reciban después del Día de las Elecciones. Los estados establecen sus propias reglas para el conteo de votos, y muchos permiten contar aquellas que lleguen después de esa fecha siempre que estén mataselladas antes.
Los estados que presentaron la demanda contra la orden ejecutiva son: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Rhode Island, Vermont y Wisconsin.
Represión a inmigrantes
La orden ejecutiva que Trump firmó en marzo fue la culminación de su discurso de campaña sobre personas sin ciudadanía votando en elecciones federales, así como de su promesa de intensificar la política migratoria y llevar a cabo deportaciones masivas.
Los republicanos han tratado de usar los pocos casos documentados de personas sin ciudadanía que han votado en elecciones federales, y el hecho de que algunos gobiernos locales permiten que inmigrantes voten en elecciones municipales, como justificación para endurecer las restricciones al registro electoral.
En abril, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para convertir en ley la orden ejecutiva.
La Heritage Foundation, un grupo de análisis conservador, realizó un análisis sobre el comportamiento electoral entre 2003 y 2023 y encontró 29 casos de personas no ciudadanas que votaron, lo que equivale a poco más de uno por año.
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