Por Jacob Fischler, Nebraska Examiner
El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) comenzará la próxima semana a bloquear los fondos de asistencia nutricional para los estados liderados por demócratas que no hayan proporcionado datos sobre fraude en el programa, informó la secretaria Brooke Rollins al presidente Donald Trump en una reunión del Gabinete el martes.
Rollins dijo el martes que el USDA solicitó datos a los estados a principios de este año relacionados con su administración de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Añadió que los datos eran necesarios para abordar el fraude que calificó de “desenfrenado” en el programa que ayuda a 42 millones de personas a pagar sus alimentos.
La mayoría de los estados cumplió con la solicitud, pero 21, en su mayoría gobernados por demócratas, se negaron, afirmó. Un portavoz del USDA indicó más tarde que al departamento le faltaban datos de 22 estados.
“A partir de la próxima semana, hemos comenzado y comenzaremos a dejar de transferir fondos federales a esos estados hasta que cumplan, nos lo informen y nos permitan asociarnos con ellos para erradicar este fraude y proteger al contribuyente estadounidense”, declaró Rollins.
Un portavoz del USDA enumeró en un correo electrónico 28 estados, más un territorio, de los cuales dijo que el departamento ha recibido datos.
Esto dejaría a los siguientes 22 estados, todos liderados por gobernadores demócratas, que no han proporcionado datos: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Washington y Wisconsin.
El portavoz proporcionó algunos detalles adicionales de la iniciativa, incluido que el departamento apuntaba a fondos administrativos y que el próximo paso sería una advertencia formal.
Los estados azules buscaron proteger a infractores, incluidos delincuentes e inmigrantes en el país sin estatus legal, “por encima del contribuyente estadounidense”, señaló el comunicado.
“Hemos enviado a los estados demócratas otra solicitud de datos, y si no la cumplen, se les dará una advertencia formal de que el USDA retirará sus fondos administrativos”, dijo el portavoz.
Los registros judiciales muestran que el departamento envió a los estados una nueva solicitud de datos el 28 de noviembre y pidió una respuesta en un plazo de siete días, lo que sería el viernes.
La carta se reprodujo como parte de una demanda presentada por los 22 estados contra la administración por la solicitud de datos de los beneficiarios de SNAP.
Líder demócrata califica la amenaza de ilegal
No está claro qué autoridad tendría Rollins para bloquear fondos, los cuales han sido asignados por el Congreso.
El gobierno federal paga todos los beneficios de SNAP, anteriormente conocido como cupones de alimentos. Comparte los costos administrativos con los estados.
El portavoz del USDA no respondió a una pregunta directa sobre la autoridad legal para retener fondos.
Los demócratas del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes de EE. UU. afirmaron que cualquier esfuerzo por bloquear los fondos de SNAP sería ilegal.
“Una vez más, Trump y Rollins están amenazando ilegalmente con retener dólares federales”, decía una publicación en redes sociales de una cuenta oficial de los demócratas del comité. “SNAP tiene una de las tasas de fraude más bajas de cualquier programa gubernamental, pero Trump continúa usando el hambre como arma”.
La líder demócrata del comité, Angie Craig de Minnesota, emitió su propia declaración que también acusó a la administración de “usar el hambre como arma” y dijo que Rollins “sigue difundiendo propaganda”.
“Su desprecio por la ley y su disposición a mentir descaradamente provienen de la cúpula misma: la administración Trump es tan corrupta como anárquica, y no me quedaré en silencio mientras ella lleva a cabo la campaña del presidente contra los estadounidenses que luchan por pagar los alimentos, en parte debido a los aranceles y las desastrosas políticas económicas de este presidente”.
Fraude en SNAP
Los datos que el USDA ha solicitado a los estados incluyen la verificación de la elegibilidad de los beneficiarios de SNAP, junto con una serie de información personal como números de Seguro Social.
Una revisión inicial del USDA de los datos proporcionados por los 28 estados y Guam “indica un promedio estimado de 24 millones de dólares diarios de fondos federales que se pierden por fraude y errores no detectados por los estados en su administración de SNAP”, dijo el departamento en la carta del 28 de noviembre.
Prevenir esas pérdidas podría ahorrar hasta 9.000 millones de dólares al año, agregaba la carta.
Pero los tipos de fraude citados en algunas de las declaraciones públicas de Rollins y el departamento son raros, según muestran los datos existentes.
Un informe del USDA de 2023 mostró que alrededor de 26.000 solicitudes, aproximadamente el 0,1 % de los hogares inscritos en SNAP, fueron remitidas para una revisión administrativa o penal.
Las personas que se encuentran ilegalmente en el país nunca han estado autorizadas a recibir beneficios de SNAP.
“Las fuentes de datos de larga data indican que el fraude intencional por parte de los participantes es poco común”, dijo Katie Bergh, analista principal de políticas de asistencia alimentaria del centro de estudios progresista Center for Budget and Policy Priorities, en una entrevista de noviembre.
Objetivo de la administración Trump
SNAP ha sido un objetivo constante de recortes durante la segunda presidencia de Trump.
El tema fue un punto focal durante el cierre del gobierno de seis semanas, durante el cual la administración cambió de posición a menudo, pero generalmente resistió los llamados —de estados, defensores, legisladores y jueces federales— para financiar la asistencia alimentaria.
Poco después de la reapertura del gobierno, Rollins dijo en entrevistas televisivas que obligaría a todos los beneficiarios a volver a solicitar los beneficios, una propuesta considerada logísticamente desafiante por expertos en el programa.
Y la ley de impuestos y gastos republicana aprobada por el Congreso y firmada por Trump a principios de este año incluyó nuevos requisitos laborales y otras restricciones sobre la elegibilidad para SNAP que, según los defensores, conducirán a caídas importantes en los beneficios.
La ley también obligará a los estados a pagar una parte de los beneficios y aumentará la proporción de costos administrativos de los que son responsables los estados, lo que podría llevar a algunos estados a recortar los beneficios.
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