Postville hoy: Triunfo sobre la tragedia.
Por Christina Fernández-Morrow, Hola Iowa
Hace quince años, el gobierno estadounidense gastó más de 5 millones de dólares en lo que entonces fue la mayor redada de inmigración de la historia del país. Arrestaron a 389 trabajadores indocumentados en la planta empacadora de carne kosher Agriprocessors, aproximadamente el 20% de la población de Postville. De los detenidos, 290 eran guatemaltecos, 93 mexicanos, 4 ucranianos y 2 israelíes. En 2008 Postville tenía una población de poco más de 2,200 habitantes. Se redujo aún más cuando las familias inmigrantes que no trabajaban en la planta huyeron despavoridas tras la redada. Desde entonces, la población ha subido lentamente hasta los 2,460 habitantes.
La redada formaba parte de la Operación Fin del Juego, lanzada en 2003 con el objetivo de deportar a once millones de indocumentados antes de 2012. Se pretendía que sirviera de modelo para todo Estados Unidos. La redada situó a Postville en el centro de las noticias internacionales, convirtiéndose en catalizador de cambios en las leyes laborales relativas a la inmigración. Una década y media después, las repercusiones negativas siguen pesando sobre la ciudad, pero los residentes lucharon duro para reconstruir su comunidad y su sentido de pertenencia en un lugar que eligieron como hogar.
Pedro López tenía 13 años el 12 de mayo de 2008, cuando Postville fue invadida por helicópteros Blackhawk, cientos de agentes federales armados vestidos con chalecos antibalas y equipados como si fueran a la guerra. Autobús tras autobús atravesaban la ciudad para transportar a los empleados indocumentados como si fueran delincuentes violentos. “Yo estaba en la escuela y oí rumores de una redada en la planta, que no estaba muy lejos de la escuela. Era como una película. Pensé: ya no tengo padres. Se han ido. ¿Qué voy a hacer ahora? No hay mucho que un niño pueda hacer cuando te lo quitan todo”.
La mayoría de los empleados eran de ascendencia maya, de pueblos rurales de Guatemala y el sur de México donde escaseaban los productos de primera necesidad. Atraídos a Postville por la promesa de trabajo y una vida mejor para sus familias, se instalaron en la ciudad, compraron casas, establecieron sus vidas y añadieron una capa de diversidad. López recuerda: “Era un lugar único antes de la redada. Era un vibrante crisol de culturas. Había generaciones de noruegos, judíos hasídicos de Nueva York e inmigrantes de Europa del Este. Luego llegaron familias mexicanas, guatemaltecas y salvadoreñas que dieron vida a la comunidad. Siempre había un evento comunitario, un baile, un festival, un bautizo, una quince, alguien haciendo carne asada en el parque que te llamaba y te ofrecía un taco. Crecí en una comunidad súper diversa e interesante en medio de la nada”. Pero en el lapso de unas horas, el pueblo quedó devastado, convertido en un lugar tenebroso donde niños como Pedro vivían aterrorizados, sin saber adónde se habían llevado a sus padres, sin saber si volverían a verlos o si ellos eran los siguientes. “Había rumores de furgonetas vagando por las calles, atrapando inmigrantes. Era aterrador. Pensé en mi padre. Si le detuvieran, ¿qué haríamos?”.
La madre de López, como las otras casi 400 personas, fue detenida acusada de usurpación de identidad y fraude por utilizar un número de seguro social para conseguir un trabajo con salario mínimo matando vacas y pollos en el mayor empleador de la ciudad, una planta procesadora de carnes propiedad de Aaron Rubashkin y dirigida por su hijo Sholom. La mayoría de los trabajadores detenidos firmaron confesiones que no entendían, lo que les llevó a penas de cinco meses de cárcel seguidas de deportación. Algunas mujeres fueron obligadas a llevar monitores en los tobillos que seguían sus movimientos, prohibiéndoles trabajar, llevar a sus hijos al médico o satisfacer sus necesidades básicas. El miedo era fuerte. Cientos de residentes indocumentados se refugiaron en la iglesia católica de Santa Brígida, temerosos de ser detenidos y deportados. Otros huyeron de la ciudad y nunca regresaron. López y sus hermanos pasaron días enteros en su sótano, aterrorizados de ser vistos y separados aún más. Lo que antes era un lugar de alegría y cordialidad parecía el apocalipsis, cortesía del sistema de inmigración del gobierno estadounidense.
Foto de los Archivos de Hola America News
Pero los inmigrantes son resistentes. Proceden de linajes ancestrales de innovadores y guerreros. Con la ayuda de ciudadanos de Iowa como Sonia Parras, una abogada de inmigración originaria de España que dedicó cientos de horas gratuitas a representar a los trabajadores, éstos hicieron historia.
Parras fue llamada para ayudar con el proceso de admisión de los detenidos. Los voluntarios del Congreso de Ganaderos de Waterloo, donde se llevó a la mayoría de los detenidos, estaban abrumados. No tenían mucho tiempo para procesar a todos y tomar declaraciones. Trabajaron toda la noche. A Parras le llamó la atención lo jóvenes que parecían algunos de ellos. “¿Cuántos años tienes?” preguntó a una de las mujeres. Sólo tenía quince años. Parras sabía que esto iba a ser algo más que inmigración. La planta había sido investigada por el Departamento de Trabajo bajo sospecha de violación de la ley de trabajo infantil, robo de salarios, acoso sexual y una lista de otras infracciones. Sin embargo, ninguno de los empleados quiso hablar con los investigadores. Parras diseñó una nueva serie de preguntas para que los voluntarios las preguntaran a los detenidos. Su plan consistía en averiguar si cumplían los requisitos para obtener la Visa U, que les ayudaría a permanecer en Estados Unidos. La Visa U fue creada por el Congreso en el año 2000 para las víctimas de delitos específicamente designados, independientemente de su estatus migratorio. Según el sitio web de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., “La legislación pretendía reforzar la capacidad de las fuerzas del orden para investigar y perseguir casos de violencia doméstica, agresión sexual, tráfico de no ciudadanos y otros delitos, protegiendo al mismo tiempo a las víctimas de delitos que hayan sufrido un abuso mental o físico sustancial debido al delito y estén dispuestas a ayudar a las autoridades policiales en la investigación o persecución de la actividad delictiva.” Parras descubrió numerosos delitos que entraban dentro de la normativa y se puso manos a la obra para presentar las solicitudes.
No fue un trabajo fácil. Los detenidos tuvieron que recordar tratos dolorosos, violentos e inhumanos a manos de los supervisores. Tenían miedo, pero su peor temor ya había ocurrido. No había nada que perder, así que compartieron sus historias. “Como trabajamos con tantas mujeres, comprendieron mejor sus derechos y cuándo están siendo explotadas. Se lo contaron a otras mujeres. Algunas de las solicitantes de Visa U no formaban parte de la redada, sino que se presentaron porque habían sufrido delitos en el lugar de trabajo. Ahora están más dispuestas que antes de la redada a llamar al 9-1-1 porque saben que hay ayuda para las supervivientes. Fue una consecuencia imprevista de la redada”, afirma Parras. Capacitar a la comunidad les unió y les hizo más fuertes. “Pasé muchos, muchos fines de semana en Postville, trabajando con familias durante cinco años. Seguimos en contacto a través de Facebook. Veo lo fuertes que se han hecho por lo que les pasó, lo increíbles que son para la comunidad”.
Foto por Tar Macias / Hola Iowa
Sus casos llamaron la atención de la Corte Suprema de Estados Unidos. Un año después de la redada de Postville, dictaminaron que los trabajadores indocumentados no pueden ser acusados de usurpación de identidad a menos que se demuestre que sabían que utilizaban un número de Seguro Social auténtico. La mayoría de los detenidos en Postville declararon que su empleador les proporcionó muchos de los números de Seguro Social que utilizaron cuando fueron contratados, por lo que no sabían si pertenecían a alguien. Este dictamen puso fin a la amenaza del ICE de presentar cargos por usurpación de identidad para conseguir que los trabajadores indocumentados acepten la deportación inmediata en lugar de cualquier representación legal, que había sido la estrategia durante las redadas en el lugar de trabajo.
Después de la redada, Postville trató de reponer su mano de obra contratando a personas sin hogar de ciudades y estados vecinos, apelando a los habitantes de Palau, una isla del Pacífico donde los ciudadanos pueden viajar libremente dentro de Estados Unidos, y a refugiados somalíes que habían hecho de Minnesota su hogar. Por desgracia, el plan no funcionó. La mayoría de esas poblaciones no echaron raíces como los latinos. Para López, ese sentimiento de hogar le hizo seguir adelante, impulsándole a viajar por todo el país con el documentalista Luis Argueta, que dirigió y produjo AbUSed: The Postville Raid, para hablar de la necesidad de una reforma de la inmigración. Mientras defendía su causa, vivía en un estado constante de tristeza y confusión. No sabía si Parras conseguiría una Visa U para su madre o si tendría que regresar a México, un país en el que no había estado desde que tenía dos años y medio. “Incluso a día de hoy, si me recogieran y me mandaran a México sería duro aclimatarme. No tendría ningún apoyo ni conocería las señales sociales. Era absolutamente aterrador pensar que tendría que ir a vivir allí”. Afortunadamente, al cabo de dieciocho meses, aprobaron la Visa U de su madre. “Contaba los días y las horas para cuando mi madre volviera a casa. Cuando volví a verla, me flaquearon las rodillas. No sabía lo que iba a pasar, pero sabía que volveríamos a ser una familia. Sabíamos que podíamos decir que Postville era nuestro hogar, donde echaríamos raíces”. Cuando ella regresó, reconstruyeron su familia mientras Postville intentaba recuperarse de la devastación dejada por la redada y el colapso económico que le siguió.
Aquí aparece en la foto con sus padres.
Hoy se hablan casi una docena de idiomas en Postville y el mercado inmobiliario ha mejorado. Muchos de los 170 beneficiarios de la Visa U regresaron a Postville, trabajando en la agricultura y abriendo tiendas y restaurantes en la ciudad. Aunque la planta ha sido cerrada, comprada por nuevos propietarios y reabierta con un nuevo nombre, los residentes de Postville quieren ser conocidos no sólo por la redada de la planta, sino por cómo se unieron tras todo lo que perdieron. “Los inmigrantes, como mis padres, tienen una magia de que no importa lo que la vida les depare, van a hacer una buena vida para sus hijos”, dice López desde su casa en Egan, MN, donde estudia en la Universidad de Minnesota, obteniendo una doble titulación en higiene dental y terapia dental, una práctica que espera hacer viable en Iowa. “Pensé que me iba a dedicar al derecho y a salvar el mundo a través de la ley de inmigración, pero la necesidad de acceso a servicios dentales dentro de la comunidad inmigrante es enorme”. Crear acceso a servicios dentales es su forma de retribuir.
Cuando los Rubashkin fueron absueltos de los más de 9,000 cargos de violación de leyes laborales y derechos humanos y la sentencia de Shalom por fraude financiero fue expurgada justo antes de que Trump conmutara su sentencia, López no se sorprendió. “Tenemos que pensar quién gana cuando esto ocurre, quién se beneficia de ello”. Le entristece que todos estos años después, tras todo lo que aprendimos de lo ocurrido en Postville, las redadas continúen con mayor número, dirigidas a poblaciones que solo quieren trabajar y construirse una vida en zonas rurales que de otro modo serían pueblos fantasma. “Cualquiera que quiera influir para avanzar hacia una reforma debe informarse sobre lo que está ocurriendo. Si puede votar, es una de las cosas más importantes que puede hacer para cambiar la retórica que facilita que ciertos grupos se conviertan en chivos expiatorios y objetivos. Como Postville y mi familia, todo empieza con gente que quiere mejorar su vida y la de sus hijos. Quizá si todos nos centramos en eso para nuestra comunidad, podamos difundir un poco de esa magia”.
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