Un funcionario del Departamento de Correcciones de Iowa confirmó el martes que la dependencia está emitiendo una solicitud de propuestas para contratar a una empresa privada que proporcione servicios de atención médica en las prisiones estatales, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre la adjudicación del contrato.
Paul Cornelius, jefe de personal del Departamento de Correcciones (DOC), indicó en un correo electrónico al Iowa Capital Dispatch que la solicitud de propuestas, o RFP por sus siglas en inglés, tiene como propósito “explorar futuras opciones para la prestación de servicios de salud y reemplazar nuestro sistema actual de registros electrónicos médicos”.
“Este es un paso exploratorio: no se ha tomado ninguna decisión final ni se contemplan cambios inmediatos en el personal o en los servicios”, escribió Cornelius. “El objetivo es evaluar cómo podemos satisfacer mejor las necesidades sanitarias a largo plazo, garantizando al mismo tiempo una atención de alta calidad”.
La RFP aún no se ha publicado oficialmente, pero el departamento tiene la intención de evaluar empresas privadas para que presten servicios médicos en las instalaciones correccionales de Iowa. Según un informe de The Gazette, un correo electrónico enviado por el DOC a su personal médico señaló que esta medida responde a desafíos continuos como la escasez de personal, el aumento en los costos de medicamentos y transporte, y la necesidad de ampliar los servicios de salud mental y tratamiento por abuso de sustancias.
La privatización de la atención médica en las cárceles de Iowa perjudicaría al personal sanitario actualmente empleado por el DOC, advirtió Todd Copley, presidente del Consejo 61 del sindicato AFSCME.
“Esto es una bofetada para los empleados públicos que han mantenido funcionando el sistema de salud correccional de Iowa durante crisis tras crisis”, dijo Copley. “En lugar de invertir en los trabajadores de primera línea que ya hacen el trabajo, el estado pretende entregarlo a un contratista privado. Eso no es una solución, es un error”.
Según la propuesta explicada en el correo al personal, todos los trabajadores del área de salud en el sistema del DOC pasarían a ser empleados de la empresa contratada, en caso de que se otorgue el contrato. Copley expresó su preocupación de que los actuales trabajadores podrían enfrentar recortes salariales si se les ofrece conservar su puesto, además de perder acceso al Sistema de Jubilación para Empleados Públicos de Iowa (IPERS), ya que dejarían de ser empleados estatales.
Aunque los defensores laborales se oponen a externalizar los servicios médicos en las instalaciones correccionales estatales, AFSCME 61 manifestó su apoyo a otro aspecto del plan: la actualización del sistema de registros electrónicos de salud del DOC. Si bien reconoció que estas mejoras están “muy atrasadas”, Copley rechazó que se vinculen con cambios en el personal, afirmando que esta decisión “pone en riesgo la continuidad de la atención, debilita la rendición de cuentas y socava la estabilidad del equipo”.
En lugar de avanzar con la privatización, Copley instó a los líderes estatales a utilizar los fondos de reserva del presupuesto para mejorar los salarios del personal sanitario y modernizar el sistema.
“La gobernadora ha presumido de un superávit de 1.800 millones de dólares”, dijo Copley. “Si eso no basta para actualizar los sistemas y pagar un salario competitivo a los trabajadores de salud del sector público, ¿entonces para qué se está ahorrando?”
Aunque Iowa ha acumulado un superávit considerable durante varios años, los republicanos en el Capitolio estatal planean utilizar parte de esos fondos para financiar la implementación de recientes recortes fiscales. En la sesión legislativa de 2025, los legisladores aprobaron un presupuesto de 9.425 millones de dólares, superando los 8.500 millones de ingresos proyectados para el año fiscal 2026. El déficit se cubrió recurriendo a las reservas estatales, al Fondo de Alivio para Contribuyentes y a saldos remanentes de años anteriores.
La representante Timi Brown-Powers, demócrata por Waterloo, dijo que la solicitud de propuestas para privatizar la atención médica en las cárceles de Iowa es resultado directo de las decisiones presupuestarias de los republicanos, calificando la medida como un “error costoso”.
“No debería sorprendernos que los líderes republicanos estén, una vez más, haciendo que los trabajadores de Iowa paguen el precio de su mala gestión presupuestaria al privatizar la atención médica en el Departamento de Correcciones”, afirmó Brown-Powers. “Es parte de un patrón preocupante de decisiones cortoplacistas, mientras los legisladores republicanos siguen deteriorando las finanzas del estado y gastando más de lo que ingresa, lo cual afecta a las familias trabajadoras y genera mayores costos a largo plazo”.
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