Por Stephen Gruber-Miller, Des Moines Register
Un grupo de ciudadanos naturalizados y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos de Iowa han demandado al Secretario de Estado de Iowa, Paul Pate, por sus órdenes de impugnar las boletas de más de 2,000 votantes que, según él, podrían no ser ciudadanos.
Pate, republicano, se puso en contacto con los 99 auditores de los condados de Iowa el 22 de octubre -dos semanas antes del día de las elecciones- para comunicarles que su oficina había encontrado a más de 2,000 personas en las listas de votantes del estado que habían informado previamente al Departamento de Transporte de Iowa de que no eran ciudadanos.
Pate dio instrucciones a los auditores de los condados para que impugnaran las boletas de esos ciudadanos de Iowa y, en su lugar, les exigieran que emitieran un voto provisional.
La demanda afirma que las instrucciones de Pate violan la cláusula de igualdad de protección de la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU. al discriminar a los votantes por su origen natural y su condición de ciudadanos naturalizados.
La demanda sostiene que las instrucciones también violan el derecho al voto consagrado en la Constitución y protegido por la Primera y la Decimocuarta Enmiendas, así como por la Ley del Derecho al Voto y la Ley Nacional de Registro de Votantes.
“La directiva del secretario supone una grave carga para el derecho al voto de los votantes afectados, que se verán obligados a demostrar su ciudadanía -probablemente sin conocimiento previo de que tendrán que hacerlo- para poder ejercer su derecho fundamental al voto”, afirma la demanda. “Estas cargas van mucho más allá de lo que se exige a todos los demás votantes registrados en Iowa, y de lo que exigen las leyes estatales y federales”.
La Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU de Iowa y el bufete de abogados Faegre Drinker presentaron la demanda el miércoles por la noche ante el tribunal federal del Distrito Sur de Iowa, en Des Moines.
Junto con LULAC, los demandantes incluyen a cuatro residentes de Iowa que son ciudadanos naturalizados: Orcun Selcuk, Alan David Gwilliam, Tingting Zhen y Michael Brokloff.
“Es escandaloso que el más alto funcionario del estado, encargado de proteger el derecho al voto de los ciudadanos de Iowa, encabece en cambio un esfuerzo para privar del derecho al voto a los ciudadanos estadounidenses de Iowa”, dijo Rita Bettis Austen, directora jurídica de la ACLU de Iowa, en una conferencia de prensa el jueves. “Está alimentando una falsa narrativa sobre el fraude electoral por parte de no ciudadanos y sentando las bases para socavar la confianza en las elecciones”.
Los demandantes pretenden que el tribunal declare que las acciones de Pate violan la ley federal y la Constitución de Estados Unidos. Pretenden que se obligue a Pate a revocar las órdenes que dio a los auditores de los condados para que impugnaran a los votantes incluidos en la lista y que se restituya a todos los que hayan sido eliminados de las listas de votantes de Iowa como resultado de la auditoría de Pate.
La fiscal general de Iowa, la republicana Brenna Bird, emitió el jueves un comunicado en el que criticaba la demanda.
“La ley de Iowa garantiza que todos los votantes puedan votar y que todos los votos legales cuenten”, dijo Bird en el comunicado. “Pero ahora, a pocos días de las elecciones, y con muchos residentes de Iowa ya votando, LULAC está tratando de descarrilar nuestros sistemas de integridad electoral para permitir que los no ciudadanos voten ilegalmente. Cada persona que vota ilegalmente anula el voto válido de un ciudadano de Iowa. No permitiremos que eso suceda. Estoy luchando para defender nuestras leyes de integridad electoral de toda la vida y garantizar que los residentes de Iowa puedan mantener la confianza en nuestras elecciones”.
Es un delito grave en Iowa que los no ciudadanos voten o se registren para votar.
Los expertos dicen que los casos de voto de no ciudadanos son raros. Un análisis del Centro Brennan para la Justicia de 42 jurisdicciones de votación de las elecciones de 2016 encontró que los funcionarios solo remitieron 30 casos sospechosos de votación de no ciudadanos de los 23.5 millones emitidos.
La demanda dice que los datos “obsoletos” del DOT están barriendo a ciudadanos naturalizados
La lista de Pate de posibles no ciudadanos incluye a 2,022 personas que previamente informaron al Departamento de Transporte de Iowa de que no eran ciudadanos y posteriormente se registraron para votar o emitieron un voto.
Según Pate, otras 154 personas comunicaron al Departamento de Transporte de Iowa que no eran ciudadanos después de haber votado o haberse registrado para votar. Su oficina remitió a esas 154 personas a las fuerzas del orden para su posible procesamiento.
Pate identificó la lista de votantes cotejando una base de datos de no ciudadanos autodeclarados proporcionada por el DOT de Iowa con el sistema de registro de votantes del estado.
La demanda dice que los registros del DOT se remontan a años atrás y que muchos de los votantes de la lista son ciudadanos naturalizados que obtuvieron sus permisos de conducir antes de naturalizarse.
“Las afirmaciones del secretario sobre la elegibilidad de los votantes afectados para votar se basan únicamente en una supuesta auto declaración al DOT de la condición de residente permanente legal que puede tener más de diez años y estar obsoleta desde hace mucho tiempo”, afirma la demanda.
Pate ha dicho que ha intentado sin éxito acceder a una base de datos federal llamada SAVE, o Systematic Alien Verification for Entitlements, que proporciona información sobre el estatus de inmigración y si alguien es ciudadano naturalizado.
En una declaración el jueves, Pate dijo que pidió a la oficina de Des Moines de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. que revisara los nombres de su lista para determinar si son ciudadanos. Pate dijo que la oficina de Des Moines completó la revisión, pero que la oficina de la agencia en Washington, D.C., impidió que la información fuera compartida con él.
“Si el gobierno federal tiene información que garantice que sólo voten los ciudadanos estadounidenses Y garantice que los ciudadanos naturalizados puedan emitir su voto con normalidad, esa información debe ser compartida”, dijo Pate en el comunicado.
Un portavoz del USCIS no respondió inmediatamente a una petición de declaraciones.
Los demandantes describen un proceso de impugnación confuso y largo
El proceso de impugnación establecido en la ley de Iowa permite a cualquier trabajador electoral o votante registrado impugnar a un votante como no cualificado si no es ciudadano, no tiene edad suficiente para votar o no cumple otros requisitos de Iowa para votar.
Si un votante es impugnado porque se sospecha que no es ciudadano, debe presentar una prueba de ciudadanía o, de lo contrario, se le pedirá que emita un voto provisional.
Los votos provisionales son revisados por la Junta de Electores Especiales y Ausentes del condado, formada por trabajadores electorales, una vez finalizadas las elecciones. No se cuentan a menos que el votante pueda proporcionar prueba de ciudadanía a la junta antes del mediodía del 12 de noviembre.
La demanda dice que la directiva de Pate “está lejos de ser un esfuerzo bien diseñado y bien intencionado para mantener las listas de votantes de Iowa. Se trata de un programa ilegal, discriminatorio y plagado de errores que impone cargas injustificadas y perjudiciales sobre el derecho de los ciudadanos estadounidenses naturalizados a votar y causará un efecto amedrentador sobre el evento de votar para un sinnúmero de votantes elegibles.”
Selcuck, uno de los demandantes, es profesor de ciencias políticas en el Luther College de Decorah y nativo de Turquía que se naturalizó ciudadano en 2023.
Selcuk dijo a los periodistas que votó temprano en octubre y luego recibió un aviso del auditor del condado de Winneshiek impugnando su boleta y diciéndole que no era ciudadano estadounidense. Selcuk describió el aviso como confuso, diciendo que proporcionaba una fecha límite del 12 de noviembre, pero no especificaba qué documentos necesitaba para demostrar su ciudadanía o dónde se suponía que tenía que ir para hacerlo.
“Me preocupan otros nuevos ciudadanos de pleno derecho que se tomaron la molestia de ir a votar la primera vez y ahora quizá tengan que volver y demostrar su ciudadanía una vez más”, dijo. “Tal vez no tengan tiempo o medios de transporte. O quizá tengan miedo de ir a la oficina del auditor. Me preocupa que no se cuente su voto y que se intimide a los nuevos ciudadanos para que no voten”.
Gwilliam, abogado de Iowa City y otro de los demandantes, dijo que se trasladó de Gales a Estados Unidos en 1980 y fue residente permanente legal durante muchos años antes de hacerse ciudadano y registrarse para votar en agosto de este año.
Gwilliam dijo que en 2023, cuando todavía era un residente permanente legal, renovó su licencia de conducir, y ese es el registro que Pate ha utilizado para identificarlo como un posible no ciudadano.
“Ahora, por supuesto, soy ciudadano”, dijo. “Sin embargo, debido a que el Secretario Pate se basa en datos antiguos, tengo que emitir un voto provisional y pasar por los pasos adicionales que consumen mucho tiempo para ejercer mi nuevo derecho a votar como ciudadano. Esos registros obsoletos del DOT se están utilizando también para hacer que votar sea más gravoso para otros nuevos ciudadanos, así como para mí, y eso también es muy preocupante.”
En declaraciones a los periodistas el miércoles, Pate dijo que se sentía presionado para actuar sobre los votantes no ciudadanos y defendió su decisión de pedir a los auditores del condado para impugnar las papeletas de los votantes, diciendo que el enfoque de Iowa es diferente de estados como Virginia que han eliminado sospechosos no ciudadanos de sus listas de votantes.
“No hemos eliminado a ninguno de ellos de la lista de votantes, por lo que nadie ha sido privado de su derecho a votar”, dijo. “Lo que hemos pedido es que nuestros trabajadores electorales cuestionen a un número selecto para asegurarnos de que podemos verificar su estatus de ciudadanía, pero no impedirles votar”.
Los abogados de la ACLU dijeron que la directiva de Pate va en contra de la Ley Nacional de Registro de Votantes, que prohíbe cualquier programa para eliminar sistemáticamente a los votantes no elegibles de la lista de votantes de un estado dentro de los 90 días de la elección.
“Hay un momento y un lugar correctos para llevar a cabo el mantenimiento de la lista”, dijo Jonathan Topaz, abogado del proyecto de derechos de voto de la ACLU. “Menos de dos semanas antes de una elección basada en datos defectuosos no es el momento ni la manera correctos para hacerlo según la ley federal”.
La instrucción inicial de Pate a los auditores del condado era impugnar las papeletas de cualquiera que identificara como posible no ciudadano y exigirle que emitiera un voto provisional.
Pero Pate dijo el miércoles que si un votante puede demostrar su ciudadanía en las urnas, o el auditor del condado ha verificado que es un ciudadano, se le debe permitir emitir un voto regular.
“El auditor tiene libertad de acción”, dijo. “Si ya saben la respuesta, entonces no tiene sentido impugnar”.
No decir a los votantes que están en una lista de posibles no ciudadanos viola sus derechos al debido proceso, argumenta la demanda
Pate dijo el miércoles que su oficina no se ha puesto en contacto con las personas en la lista por temor a que hacerlo podría crear una sensación de intimidación.
“Queremos asegurarnos de que la gente venga a experimentar su oportunidad de votar y nos permita tratar de resolver esos detalles”, dijo.
Pero la demanda argumenta que la decisión de Pate de no ponerse en contacto con los votantes para hacerles saber que su ciudadanía está en cuestión viola sus derechos al debido proceso.
“Dado que la lista de votantes afectados se mantiene en secreto, a muchos de ellos se les niega la oportunidad de impugnar su inclusión en la lista, por no hablar de una oportunidad significativa, lo que pone en grave peligro su derecho a votar en las próximas elecciones generales”, afirma la demanda.
Además de Pate, los demandados son Jamie Fitzgerald, auditor del condado de Polk; Ben Steines, auditor del condado de Winneshiek; Melvyn Houser, auditor del condado de Pottawattamie; Erin Shane, auditora del condado de Johnson, y Kerri Tompkins, auditora del condado de Scott.
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