Un juez federal en Rhode Island bloqueó una orden que habría retirado miles de millones de dólares en fondos federales destinados a proyectos de carreteras, puentes y aeropuertos en los estados que no colaboran con la política migratoria de la administración Trump.
El juez de distrito John James McConnell Jr. concedió el jueves por la noche una orden judicial preliminar a favor de los 20 estados gobernados por demócratas que presentaron la demanda contra el Departamento de Transporte de EE. UU. y su titular, Sean Duffy.
La orden de McConnell aplica solo a los 20 estados demandantes, y señala que probablemente tendrán éxito en el caso porque Duffy actuó fuera de su autoridad al imponer nuevos requisitos de elegibilidad sobre fondos que ya habían sido asignados por el Congreso para un propósito específico.
“La (Condición de Cumplimiento Migratorio), respaldada por la Directiva Duffy, es arbitraria y caprichosa en su alcance y carece de especificidad respecto a cómo deben cooperar los estados en la aplicación de leyes migratorias a cambio de los fondos federales asignados — recursos que los estados necesitan para mantener seguros y operativos los sistemas de transporte terrestre, aéreo y ferroviario”, escribió McConnell en su orden de 10 páginas.
El juez emitió el fallo justo antes del plazo del viernes para presentar solicitudes a los fondos de infraestructura.
Los estados que presentaron la demanda son California, Illinois, Nueva Jersey, Rhode Island, Maryland, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont, Washington y Wisconsin.
“Estos intentos ilegales de debilitar los derechos estatales y poner en peligro a los estadounidenses están siendo reconocidos como tales, y agradezco al tribunal por confirmar que estamos del lado correcto de la ley”, dijo en un comunicado el fiscal general de Rhode Island, Peter F. Neronha.
Poder de asignación presupuestaria
Durante una audiencia el miércoles, McConnell ya mostraba inclinación a bloquear el intento del Departamento de Transporte de retener fondos aprobados por el Congreso.
McConnell, nombrado por el expresidente Barack Obama en 2011, cuestionó a la fiscal federal interina Sara Miron Bloom sobre cómo el Departamento podía ejercer autoridad sobre recursos ya asignados, señalando que las agencias federales “solo tienen el poder de asignación que les otorga el Congreso”.
“Así es como funciona la Constitución”, afirmó. “¿De dónde obtiene el secretario el poder y la autoridad para imponer condiciones migratorias a fondos de transporte?”
La demanda de los 20 fiscales generales demócratas impugna una directiva de abril firmada por Duffy, excongresista por Wisconsin, que exige a los estados cooperar con las autoridades migratorias federales para acceder a las subvenciones previamente aprobadas.
“Los demandados buscan tomar como rehén decenas de miles de millones de dólares esenciales en financiación para transporte, con el fin de obligar a los estados demandantes a convertirse en simples extensiones de las políticas federales de inmigración”, dijo Delbert Tran, del Departamento de Justicia de California, quien representó a los estados.
Bloom, en defensa de la administración Trump, argumentó que la carta de Duffy simplemente instruía a los estados a acatar la ley migratoria federal.
McConnell replicó que, si bien los estados podrían interpretarla así, la administración Trump ha atacado explícitamente a las llamadas “ciudades santuario”, señalándolas por no colaborar activamente en la aplicación de leyes migratorias.
El juez comentó que el argumento de Bloom presentaba una interpretación “muy distinta” de la directiva, comparada con la postura pública adoptada por el gobierno. También mencionó que el expresidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han “arremetido públicamente contra… los problemas derivados de las ciudades santuario”.
El 15 de junio, Trump ordenó a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) actuar contra Chicago, Los Ángeles y Nueva York — tres grandes ciudades demócratas con políticas de no colaboración en materia migratoria.
Desautoriza al Congreso
Tran argumentó que la directiva del Departamento de Transporte no solo es arbitraria y caprichosa, sino que también socava la autoridad del Congreso, el cual ya había asignado más de 100 mil millones de dólares a proyectos estatales de transporte.
Los estados sostienen que recortar estos fondos tendría consecuencias graves.
“Más autos, aviones y trenes se estrellarán, y más personas morirán como resultado si los demandados cortan la financiación federal a los estados demandantes”, según el escrito presentado por los estados.
Bloom defendió la carta de Duffy, señalando que esta describía acciones que obstaculizan la aplicación de la ley federal, lo cual justificaría retener fondos, ya que “esas acciones comprometen la seguridad de los sistemas de transporte respaldados por la asistencia financiera del DOT”.
McConnell respondió que esa explicación no resolvía su duda central sobre la autoridad del secretario para retener fondos asignados por el Congreso.
“Me parece que el secretario está argumentando que no cumplir con las condiciones migratorias afecta la seguridad del sistema de transporte”, dijo Bloom.
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