El tribunal determina que LULAC no tiene legitimación para impugnar la Ley de Reafirmación del Idioma Inglés de Iowa.
Por Clark Kauffman, Iowa Capital Dispatch
El Tribunal Supremo de Iowa revocó una decisión de un tribunal de distrito que allanaba el camino para que los funcionarios electorales distribuyeran material electoral en idiomas distintos al inglés.
Sin pronunciarse directamente sobre el fondo de la ley de Iowa que restringe la difusión de documentos gubernamentales en otros idiomas, el tribunal consideró que la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) de Iowa no tenía legitimación para presentar la demanda contra la aplicación de la Ley de Reafirmación del Idioma Inglés por parte del estado.
Joe Enriquez Henry, presidente del Consejo N.º 307 de LULAC, expresó su decepción ante el fallo del tribunal.
“En Iowa hay más de 50,000 votantes registrados cuyo idioma principal no es el inglés”, señaló Henry. “Este asunto no solo afecta a los latinos, sino también a otros grupos étnicos y a los nuevos ciudadanos. Es un tema constitucional: el derecho al voto es un derecho constitucional, y el idioma nunca debería ser un obstáculo para ejercerlo. Que la Corte Suprema diga que no tenemos legitimación para presentar este caso es completamente erróneo”.
“Agradezco al tribunal por su minucioso análisis de este caso. El fallo de hoy confirma nuestros esfuerzos por administrar las leyes electorales de Iowa de manera segura, justa y conforme a las leyes estatales y federales. Seguimos comprometidos con mantener un equilibrio entre proteger la integridad del proceso electoral y fomentar la participación de todos los votantes con derecho a voto en Iowa.”
El fallo del viernes está relacionado con una demanda de 2007 en la que LULAC no formaba parte. En ese entonces, un grupo integrado por el entonces congresista Steve King, cuatro auditores de condado, tres legisladores estatales y la organización U.S. English Only Inc. demandaron al secretario de Estado de Iowa y a la Comisión de Registro de Votantes del estado, objetando la provisión de formularios de registro en idiomas distintos al inglés.
El tribunal de distrito desestimó las demandas de todos, excepto la de los auditores del condado, al considerar que solo ellos tenían legitimación para impugnar la práctica. En 2008, falló a favor de los auditores y concluyó que la Ley de Reafirmación del Idioma Inglés exigía que todos los documentos oficiales del gobierno estuvieran redactados únicamente en inglés.
Aunque el juez reconoció que las barreras lingüísticas podrían “constituir un impedimento para votar” y que las excepciones previstas en la ley “podrían justificar el uso de formularios de registro no redactados en inglés”, también señaló que el secretario de Estado no había presentado ese argumento.
El tribunal de distrito prohibió expresamente al secretario de Estado y a la Comisión de Registro de Votantes de Iowa “utilizar idiomas distintos del inglés en los formularios oficiales de registro de votantes del estado”.
Trece años más tarde, en 2021, LULAC presentó una nueva demanda contra el secretario de Estado Paul Pate, la Comisión de Registro de Votantes de Iowa y varios auditores de condado, argumentando que la ley, correctamente interpretada, sí permitía la difusión de materiales electorales en otros idiomas. El tribunal de distrito coincidió con LULAC y anuló el mandato judicial de 2008.
La oficina de Pate apeló, y el Tribunal Supremo de Iowa indicó que la cuestión central era si LULAC tenía legitimación para solicitar la disolución de una orden judicial permanente vigente desde hace 13 años y para buscar una interpretación judicial de una ley que no le causaba un perjuicio directo.
En su fallo, los jueces señalaron: “La decisión del tribunal de distrito de 2008 no tuvo ningún efecto sobre los derechos, el estatus o las relaciones legales de LULAC… LULAC nos pide que ordenemos al secretario Pate administrar la ley conforme a su interpretación y que permitamos a los funcionarios del condado tener la discreción de actuar del mismo modo. En efecto, LULAC solicita al poder judicial que ejerza funciones ejecutivas del gobierno por encargo suyo. Esto, el tribunal no puede hacerlo”.
En cuanto al argumento de LULAC de que el gasto en la traducción de documentos constituía un perjuicio, el tribunal recordó que la Corte Suprema de Estados Unidos ya ha determinado que un litigante “no puede obtener legitimación simplemente por gastar dinero” en respuesta a una ley que intenta impugnar.
Al concluir que LULAC no tenía legitimación para presentar la demanda, los jueces revocaron las decisiones del tribunal de distrito y devolvieron el caso para que sea desestimado. Todos los magistrados coincidieron en el dictamen, excepto Thomas D. Waterman y Edward M. Mansfield, quienes no participaron en la decisión.
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