Por William Morris, Des Moines Register
Un tribunal de apelaciones federal determinó que un juez no cometió error al considerar que una ley de inmigración de Iowa es probablemente inconstitucional.
No obstante, el tribunal de apelaciones devuelve el caso para determinar si, a pesar de ello, debería permitirse al estado aplicar la ley en algunos casos.
La decisión del 23 de octubre del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito mantiene una medida cautelar que impide a Iowa aplicar el Proyecto de Ley del Senado 2340, firmado por la gobernadora Kim Reynolds en abril de 2024 para convertir el “reingreso ilegal” en un delito según la ley estatal.
En una demanda presentada por el Movimiento de Justicia para Migrantes de Iowa, el juez Stephen Locher determinó el año pasado que la aplicación de la ley de inmigración es explícitamente una responsabilidad federal y que la ley de Iowa es inválida según la Constitución de EE.UU.
“En términos políticos, la nueva legislación podría ser defendible”, escribió Locher en junio de 2024. “En términos de derecho constitucional, no lo es”.
Técnicamente, la decisión del jueves es la segunda vez que el Octavo Circuito se pronuncia en contra de la ley.
Originalmente, Iowa fue demandado dos veces: por el Movimiento de Justicia para Migrantes y por el gobierno de Biden. Locher concedió medidas cautelares en ambos casos, y en enero, el Octavo Circuito confirmó su fallo en la demanda del Departamento de Justicia y desestimó la segunda medida cautelar por ser duplicativa.
Poco después, sin embargo, el gobierno de Trump desestimó el desafío del gobierno federal, y el tribunal acordó reestudiar y fallar sobre la medida cautelar en el caso del Movimiento de Justicia para Migrantes.
¿Qué establecía la ley de inmigración de Iowa?
Según la ley de 2024, ingresar o residir en Iowa después de haber sido deportado de o negado la entrada a EE.UU., o no salir cuando se ordene, se convirtió en un delito estatal. La ley siguió el modelo de una ley similar adoptada en Texas, que desde entonces ha sido bloqueada por los tribunales.
La ley de Iowa también exigía que los jueces ordenaran a cualquier persona condenada bajo esta ley que regresara a su país de origen.
En su orden para bloquear la ley, Locher identificó varios problemas: el más evidente, una decisión de 2012 de la Corte Suprema de EE.UU. que determinó que las leyes de inmigración a nivel estatal interfieren y son invalidadas por la aplicación federal de inmigración.
En el caso de Iowa, señaló Locher, que los jueces estatales ordenen a las personas salir del país omite el extenso sistema federal, a menudo específico por caso y país, para decidir cuándo, cómo y hacia dónde puede ser deportada una persona.
“Esto crea una dicotomía insostenible entre la ley federal y la estatal en un área donde la Corte Suprema ha reconocido que Estados Unidos debe hablar con una sola voz armoniosa”, escribió Locher.
La ley no establece excepciones para personas con estatus de residente legal actual. Esto representa un problema para varios de los demandantes en el caso del Movimiento de Migrantes, que en su momento fueron deportados o se les negó la entrada pero luego pudieron obtener la residencia legal.
Aunque la fiscal general Brenna Bird dijo que no pretendía aplicar la ley contra residentes legales, Locher señaló que los fiscales del condado no estarían obligados por su declaración.
El Octavo Circuito considera que la ley es probablemente inconstitucional
En su fallo del jueves, el Octavo Circuito confirmó una vez más el razonamiento de Locher.
El juez Duane Benton escribió para el tribunal que la ley de Iowa invade la autoridad federal de inmigración incluso más que la ley de Arizona anulada por la Corte Suprema de EE.UU. en 2012.
Permitir que los funcionarios estatales no solo detengan a personas por presuntas violaciones de inmigración, sino que también las ordenen salir del país, con una posible pena de prisión de 10 años, excede en gran medida las facultades del estado bajo la Constitución de EE.UU., determinó el tribunal.
El tribunal rechazó los argumentos de Iowa, considerando que muchos contradecían el texto claro del estatuto.
Por ejemplo, Bird argumentó que la ley solo requería que el estado llevara a los extranjeros a un “puerto de entrada” —en concreto, el aeropuerto de Des Moines— y no tendría efecto fuera de las fronteras del estado, pero el tribunal de apelaciones señaló que la ley exige a los migrantes abandonar el país completo, no solo el estado, bajo pena de prisión.
“Cualquier aplicación de la ley probablemente entraría en conflicto con la ley federal al interferir con la discreción de ejecución que la ley federal otorga a los funcionarios federales”, escribió Benton. “(Los demandantes) han demostrado claramente que su impugnación tiene probabilidades de éxito en el fondo porque cada aplicación de la Ley se erige como un obstáculo para el logro y ejecución de los propósitos y objetivos completos del Congreso”.
Sí, pero: ¿A quién se aplica la medida cautelar?
La medida cautelar de Locher impedía a cualquier agente estatal, incluidos los fiscales del condado, aplicar la ley contra cualquier persona. Esto podría ser demasiado amplio, indica el tribunal de apelaciones.
En un caso de junio de 2025 contra Donald Trump, la Corte Suprema de EE.UU. limitó significativamente el uso de “medidas cautelares universales” que se aplican más allá de las partes en un caso particular.
A la luz de ese fallo, el Octavo Circuito está indicando a Locher que considere si tiene autoridad para bloquear la aplicación por parte de todos los funcionarios estatales, en oposición a solo aquellos nombrados en la demanda, y si la ley puede aplicarse contra individuos que no son miembros del Movimiento de Justicia para Migrantes de Iowa.
Independientemente de cómo se pueda modificar la medida cautelar, es probable que la demanda continúe.
La orden de junio de 2024 de Locher estableció una medida cautelar preliminar, impidiendo al estado aplicar la ley mientras el caso progresaba. A menos que haya más apelaciones, la decisión de apelación del jueves significa que el caso continuará ante Locher para más procedimientos antes de que el tribunal potencialmente pueda hacer permanente su medida cautelar.
Bird, en una declaración, dijo que el estado está “decepcionado” con la decisión.
“Cuando la Administración Biden no hizo su trabajo y no aseguró nuestras fronteras, Iowa actuó con nuestra propia ley para mantener seguros a nuestros ciudadanos. Bajo la Administración Biden, cada estado se convirtió en un estado fronterizo”, dijo. “Ahora, el presidente Trump ha cumplido su promesa de cerrar las fronteras y ha mostrado su apoyo al derecho de Iowa de hacer lo mismo en nuestro estado. Aunque estamos decepcionados con el fallo del Octavo Circuito hoy, no hemos terminado de trabajar para defender las leyes de Iowa”.
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