Por William Morris, Des Moines Register
Mientras los estadounidenses han presenciado escenas alarmantes de enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis, la fiscal general de Iowa, Brenna Bird, pide a los tribunales federales que no restrinjan las acciones de las autoridades federales de inmigración.
Bird, junto con otros 20 fiscales generales republicanos, presentó el 21 de enero un escrito de amicus curiae para objetar una orden de una jueza federal que concluyó que ICE y otros funcionarios federales probablemente estaban violando los derechos constitucionales de los habitantes de Minnesota. La corte ordenó a los agentes abstenerse de rociar gas pimienta contra observadores no violentos y de utilizar otras tácticas controvertidas.
El escrito se presentó antes de que agentes, el sábado 24 de enero, dispararan y mataran a Alex Pretti, un enfermero del Departamento de Asuntos de Veteranos, en el segundo tiroteo mortal desde que agencias federales de cumplimiento de la ley se desplegaron masivamente en las Twin Cities en diciembre.
En su presentación, Bird criticó las protestas “no del todo pacíficas” y argumentó que el tribunal de distrito trató de manera indebida el caso como una acción colectiva en nombre de todos los manifestantes. En un movimiento inusual, la oficina de Bird no anunció la presentación mediante un comunicado de prensa.
Desde entonces, una corte federal de apelaciones suspendió temporalmente la orden de la jueza de primera instancia sin explicación, lo que permitió que ICE continúe su operación sin cambios.
¿Qué está haciendo ICE en Minnesota?
Operación Metro Surge, lanzada por ICE y otras agencias federales a inicios de diciembre, ha enviado a más de 3,000 agentes a las Twin Cities para realizar labores de control migratorio. Observadores han acusado a las autoridades de perfilamiento racial generalizado, incluso contra ciudadanos estadounidenses, detenciones ilegítimas y el uso de gas lacrimógeno y otras formas de fuerza contra testigos y manifestantes no violentos, además de otros abusos.
El despliegue ha provocado amplia oposición en Minnesota, incluidas protestas de gran magnitud y esfuerzos comunitarios para rastrear y monitorear las actividades de ICE, proteger escuelas y otros lugares, y apoyar a inmigrantes y a otros residentes que se han ocultado.
ICE ha reportado más de 3,000 arrestos desde diciembre y ha responsabilizado a funcionarios locales del creciente malestar. El 19 de enero, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, describió a los detenidos como “extranjeros ilegales criminales que estaban matando estadounidenses, dañando a niños y sembrando terror en Minneapolis porque Tim Walz y Jacob Frey (el gobernador de Minnesota y el alcalde de Minneapolis) se niegan a proteger a su gente y, en cambio, protegen a criminales”.
Funcionarios federales han disparado contra tres personas en Minnesota, dos de ellas de forma mortal: Renée Good, una ciudadana de 37 años que recibió disparos dentro de su auto el 7 de enero, y Pretti, también de 37, otro ciudadano que fue baleado el sábado después de intervenir en una disputa en la que un agente había empujado a una mujer al suelo. Funcionarios federales han acusado tanto a Good como a Pretti, quien portaba un arma cargada, de haber intentado o planeado matar a agentes; sin embargo, análisis de medios sobre videos de testigos han concluido que no respaldan esas afirmaciones.
Jueza limita a ICE; la corte de apelaciones pausa la orden
La presentación de Bird se dio en el marco de una demanda interpuesta por seis manifestantes que acusaron a agentes federales de violar sus derechos, incluido el uso de fuerza y arrestos contra observadores que no interferían, discriminación por raza y origen nacional, y detenciones y arrestos ilegales de personas que seguían a los agentes en sus vehículos. Los demandantes buscaron promover una acción colectiva en nombre de todos los habitantes de Minnesota que vigilaban actividades de ICE y pidieron al tribunal una orden judicial para frenar estas y otras tácticas de ICE.
La jueza federal de distrito Katherine Menendez concedió su solicitud en parte el 16 de enero. En su orden de 83 páginas, Menendez analizó el testimonio de cada demandante, incluido material de video relevante, y concluyó que los demandantes habían demostrado “una probabilidad de éxito sobre el fondo de sus reclamaciones” de que funcionarios habían violado sus derechos constitucionales.
“Los demandados no explican por qué es necesario arrestar y usar la fuerza contra observadores pacíficos, como los demandantes nombrados y manifestantes no violentos en situación similar, para frenar otra violencia o intentos de obstruir por la fuerza sus operaciones”, escribió Menendez. “Tampoco explican cómo se sirve el interés público cuando los agentes detienen a automovilistas que cumplen la ley sin una sospecha razonable y particularizada de conducta delictiva”.
La jueza prohibió a funcionarios federales arrestar, tomar represalias o utilizar gas pimienta y otros químicos y municiones contra, o realizar detenciones vehiculares a, “personas que estén participando en actividades de protesta pacíficas y sin obstrucción”.
El Departamento de Seguridad Nacional apeló la decisión de Menendez y, el 21 de enero, una corte federal de apelaciones suspendió temporalmente su orden mientras considera con más detalle los argumentos del gobierno. Ese mismo día, Bird y su coalición de otros 20 fiscales generales presentaron su escrito en respaldo de la apelación del gobierno.
La presentación de Bird denuncia “protestas disruptivas y desorden”
El escrito de Bird se centra principalmente en dos asuntos legales técnicos: si el tribunal de distrito realizó el análisis adecuado antes de tratar el caso como una acción colectiva y si debió exigir a los demandantes que presentaran una fianza antes de otorgar una orden judicial. Pero también deja clara su discrepancia más amplia con los objetivos y posturas de los demandantes.
“Al igual que los inmigrantes ilegales que entran a nuestro país, las protestas disruptivas y el desorden no se quedan contenidos en una sola ciudad o estado”, escribió. “… En respuesta a la aplicación de la ley federal, los manifestantes han adoptado tácticas cada vez más agresivas para interferir con esas actividades de las fuerzas federales. Los manifestantes están bloqueando edificios, obstruyendo carreteras e interrumpiendo servicios religiosos”.
Luego sostiene que la Primera Enmienda no protege impedir el trabajo de las fuerzas del orden y acusa al tribunal de distrito de emitir una orden “impropia” “para proteger estas protestas no del todo pacíficas”.
Consultada sobre su escrito, la oficina de Bird expresó respaldo a ICE y a sus esfuerzos en las Twin Cities.
“Los esfuerzos federales de cumplimiento de la ley en Minnesota y en todo el país se enfocan en arrestar a inmigrantes ilegales que han cometido delitos”, dijo en un comunicado. “Como fiscal general, respaldo esos esfuerzos en curso”.
Añadió: “Me entristece profundamente la pérdida de vidas humanas y también la violencia contra los agentes del orden en el cumplimiento de su deber”.
El comunicado de Bird no respondió a preguntas del Des Moines Register sobre si considera que ICE está respetando los derechos constitucionales de los habitantes de Minnesota ni sobre sus posturas respecto a los tiroteos de Pretti y Good y las investigaciones federales.
Bird, inusualmente silenciosa sobre la presentación
La presentación se suma a los esfuerzos de Bird por intervenir en una amplia gama de disputas políticas y culturales, incluidas más de 150 demandas multiestatales, escritos amicus y cartas oficiales enviadas desde que asumió el cargo en 2023. Sin embargo, a diferencia de la gran mayoría de esas acciones, Bird no emitió un comunicado de prensa sobre el escrito amicus de la semana pasada.
Las únicas ocasiones previas de las que el Register tiene conocimiento en las que Bird participó en acciones multiestatales sin publicitarlo ocurrieron en 2023, cuando impulsó restringir el medicamento abortivo mifepristona mediante un escrito amicus en una demanda en Texas y se unió a Missouri y otros estados en una carta dirigida a grandes proveedores farmacéuticos, con amenazas de consecuencias legales por enviar el fármaco por correo.
Mantente al día con historias que importan — visita HolaAmericaNews.com para conocer las últimas noticias, cultura y actualizaciones comunitarias.
Facebook Comments