Por Shalina Chatlani, Nebraska Examiner
Un número creciente de estados conservadores está ordenando a proveedores estatales y locales de servicios sociales verificar y reportar el estatus migratorio de las personas que atienden. En algunos casos, las medidas contemplan fuertes sanciones para los empleados públicos que no cumplan.
Bajo la ley federal, los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos generalmente no pueden recibir beneficios públicos como atención médica no urgente, asistencia alimentaria y ayuda para vivienda, aunque algunos estados de tendencia progresista usan sus propios fondos para ofrecer esos beneficios.
Quienes apoyan las nuevas leyes de verificación y reporte aseguran que ayudarán a frenar la inmigración ilegal al dificultar que personas no elegibles reciban ayuda pública.
La atención médica financiada por el gobierno, la ayuda para vivienda y el derecho a obtener una licencia de conducir son un “factor de atracción que fomenta la inmigración ilegal”, dijo Cooper Smith, director de seguridad nacional e inmigración en America First Policy Institute, un centro de pensamiento conservador que ha trabajado en el desarrollo de políticas con la actual administración Trump.
Los beneficios gubernamentales, dijo Smith, son “un incentivo para que (los inmigrantes) vengan aquí, crucen la frontera y hagan de este lugar su hogar, y no queremos ver eso”.
En Tennessee, los legisladores enviaron esta semana un proyecto de ley al gobernador republicano Bill Lee que exigiría a todas las agencias estatales y locales verificar el estatus migratorio de las personas que soliciten beneficios gubernamentales federales, estatales o locales, y reportar a quienes se encuentren ilegalmente en el país ante la Legislatura y la nueva agencia estatal de aplicación migratoria.
La medida, que se espera que el gobernador firme, autoriza al fiscal general del estado a investigar posibles violaciones y amenaza con cárcel o pérdida de fondos estatales para trabajadores o agencias que no cumplan.
Las posibles sanciones en la ley de Tennessee son especialmente estrictas, pero este año Indiana, Utah y Wyoming también aprobaron leyes que obligan a agencias estatales y locales a verificar el estatus migratorio de personas que soliciten ciertos beneficios. En Indiana y Wyoming, las agencias también deben reportar ante autoridades federales a los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en el país. Luisiana aprobó una ley similar de verificación y reporte el año pasado.
Las leyes de Indiana y Wyoming van más allá de las personas que solicitan ayuda directamente.
Al evaluar una solicitud para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la ley de Indiana exige que las agencias notifiquen a las autoridades federales si no pueden verificar el estatus migratorio de cualquier integrante del hogar del solicitante. De forma similar, la ley de Wyoming exige que el departamento estatal de salud y el departamento estatal de servicios familiares notifiquen a las autoridades migratorias federales si determinan que una persona que solicita beneficios públicos vive en un hogar donde hay alguien que se encuentra ilegalmente en el país.
Los críticos dicen que las nuevas leyes estatales disuadirán a muchas personas que sí son elegibles para recibir beneficios, especialmente aquellas con familiares que se encuentran ilegalmente en el país, de buscar la ayuda a la que tienen derecho. También advierten que obligarán a funcionarios estatales y locales a asumir una función de aplicación migratoria para la que no están preparados.
“Tienen que hacer este proceso de verificación con cada persona que entra por la puerta. Esto retrasa los servicios para todos los habitantes de Tennessee en nombre de recopilar datos y tratar de hacer evaluaciones para las que la gente no está capacitada”, dijo el senador estatal demócrata Jeff Yarbro el mes pasado durante el debate del proyecto en el pleno.
“Probablemente no hay nadie que entienda suficientes reglas como para tomar esa determinación”, dijo. “Pero estamos imponiendo esa decisión a cada oficina gubernamental del estado de Tennessee; es un poco absurdo”.
Tanya Broder, abogada del National Immigration Law Center, que defiende a inmigrantes, dijo que las nuevas leyes representan una escalada en los esfuerzos estatales contra la inmigración. Aseguró que las medidas muestran que los estados conservadores avanzan en sintonía con la administración Trump.
“Hay muchísimos estados que imponen restricciones al acceso a beneficios públicos estatales y locales, pero algunos de estos requisitos de reporte que los estados están proponiendo ahora probablemente sí violan la ley”, dijo Broder. “Creo que están sembrando una campaña de miedo y desinformación”.
Broder agregó que el temor a sanciones podría llevar a trabajadores de agencias en Tennessee a reportar de más y, potencialmente, a incurrir en perfilamiento racial.
El proyecto de Tennessee forma parte de un amplio paquete de medidas de aplicación migratoria que la Legislatura estatal aprobó este año. La agenda migratoria de Tennessee fue elaborada en coordinación con la Casa Blanca, específicamente con el subjefe de gabinete Stephen Miller, arquitecto de la ofensiva de la administración Trump contra la inmigración ilegal.
A principios de este mes, Lee firmó una medida que exige a los jueces estatales cooperar con las autoridades migratorias federales. Y el mes pasado, el gobernador firmó un proyecto de ley que convierte en delito, bajo la ley de Tennessee, que un adulto se niegue o no salga del estado dentro de los 90 días posteriores a una orden final de deportación. La ley también convierte en delito que inmigrantes intenten entrar al estado si tienen una orden de deportación pendiente.
Otros proyectos que exigirían a los sheriffs locales cooperar con agentes migratorios federales y que harían ilegal que personas que viven ilegalmente en Estados Unidos conduzcan un vehículo comercial o camión en el estado están en el escritorio de Lee, a la espera de su firma.
Smith, de America First Policy Institute, dijo que Tennessee está “sirviendo como modelo para que otros estados lo sigan”.
Los republicanos tuvieron dificultades este año para conseguir fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, señaló Smith, “así que saben que su capacidad de lograr una reforma migratoria legal significativa, aprobada por ambas cámaras del Congreso y firmada por el presidente, es muy, muy improbable”, dijo. “Así que el siguiente paso es hacer todo lo que se pueda a nivel estatal”.
Julia Gelatt, directora asociada del Migration Policy Institute, un centro de pensamiento con sede en Washington, coincidió con la evaluación política de Smith.
“Hay cosas que el gobierno federal no puede controlar, o que pueden ser más difíciles de lograr a nivel federal, particularmente con un Congreso que no está aprobando proyectos de ley”, dijo Gelatt.
“Sabemos que Stephen Miller asesoró a Tennessee sobre sus proyectos migratorios, y creo que su filosofía es que el gobierno federal y los gobiernos estatales deben hacer que la vida en Estados Unidos sea tan difícil para las personas sin estatus legal que decidan regresar a casa”.
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