Por Amanda Watford, Stateline
A medida que un número creciente de encuentros entre civiles y agentes del Departamento de Seguridad Nacional —incluido el tiroteo fatal, ampliamente cuestionado, de Renee Good en Minneapolis— se analiza en expedientes judiciales y en redes sociales, las autoridades federales vuelven a una respuesta ya conocida: la defensa propia.
En más de un puñado de encuentros recientes, el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, ha afirmado que sus agentes actuaron en defensa propia durante enfrentamientos violentos, aun cuando el testimonio de testigos y los videos han puesto en duda si esas versiones coinciden plenamente con lo ocurrido.
Y en un fallo relacionado con una demanda civil reciente, una jueza federal de distrito señaló que los funcionarios federales de inmigración no fueron del todo transparentes sobre los operativos, y citó discrepancias entre declaraciones oficiales del DHS y la evidencia en video.
“Ahora estamos en una situación en la que fuentes oficiales del gobierno de Trump se aferran con mucha fuerza a una narrativa específica, independientemente de lo que sugieren los videos ampliamente difundidos”, dijo César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Ohio.
Estos casos ocurren en medio de una expansión agresiva del control migratorio federal y de escenas cada vez más frecuentes de tácticas de arresto violentas e intimidantes. La administración del presidente Donald Trump ha incrementado de forma notable la contratación de agentes de inmigración, ampliado los operativos y acelerado las deportaciones, mientras las protestas se han extendido por grandes ciudades.
El uso de la fuerza, junto con declaraciones oficiales y evidencia en conflicto, ha generado dudas sobre si los funcionarios federales de inmigración pueden rendir cuentas y ha puesto de relieve los altos obstáculos que podrían enfrentar las víctimas de uso excesivo de la fuerza al buscar recursos legales.
El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no respondieron a múltiples solicitudes de Stateline para comentar las discrepancias entre las versiones oficiales y la evidencia disponible públicamente.
Desde julio pasado, se han registrado al menos 17 incidentes con intercambio de disparos que involucran a agentes federales de inmigración —incluidos tiroteos mortales, tiroteos con heridos y casos en los que se realizaron disparos—, según datos recopilados por The Trace, un medio sin fines de lucro y no partidista que investiga la violencia armada. Una investigación reciente de The Wall Street Journal también halló 13 incidentes desde julio en los que agentes de inmigración dispararon contra o hacia vehículos civiles.
Uno de los ejemplos más notorios ocurrió este mes en Minneapolis: el tiroteo fatal de Good a manos de un agente de ICE enmascarado. El Departamento de Seguridad Nacional dijo inicialmente que el agente, Jonathan Ross, disparó en defensa propia después de que Good, de 37 años, presuntamente intentó atropellar a oficiales. Videos grabados por testigos muestran que el vehículo de Good retrocedió, se acomodó y empezó a girar para alejarse de los oficiales después de que uno gritó y tiró de la manija de su auto. Ross se colocó cerca del cofre del vehículo y comenzó a disparar.
Funcionarios de Minnesota afirmaron después que las imágenes no respaldaban la descripción del DHS sobre una amenaza inminente, lo que reavivó el escrutinio sobre cómo la administración Trump está caracterizando los encuentros en los que se usa la fuerza.
Discrepancias similares han surgido en otros casos. El Departamento de Seguridad Nacional revisó recientemente su versión sobre un tiroteo ocurrido en diciembre en Glen Burnie, Maryland, después de que la policía local contradijera su relato inicial. El DHS afirmó primero que los dos hombres heridos en el incidente estaban dentro de una camioneta a la que agentes de ICE dispararon en defensa propia, pero después dijo que uno de los lesionados ya había sido arrestado y estaba bajo custodia dentro de un vehículo de ICE cuando resultó herido. El otro hombre recibió dos disparos y enfrenta dos cargos penales federales cargos.
En agosto, agentes federales de inmigración dispararon tres veces contra el vehículo de una familia en San Bernardino, California. El DHS sostuvo que el tiroteo estuvo justificado después de que, al menos, dos agentes fueran golpeados por el vehículo, pero las imágenes disponibles muestran a un agente rompiendo la ventana del lado del conductor instantes antes de que estallaran los disparos. Las cámaras de vigilancia de la calle no muestran que los agentes hayan sido golpeados por el vehículo.
Fuentes oficiales de la administración Trump se aferran con mucha fuerza a una narrativa específica.
– César Cuauhtémoc García Hernández, experto en política migratoria
“No puedo pensar en otro momento en mi vida —tengo 50 años— en el que hayamos visto este tipo de fuerza en las calles de Estados Unidos”, dijo Mark Fleming, director asociado de litigio federal en el National Immigrant Justice Center. Fleming ha sido abogado de inmigración y de derechos civiles durante los últimos 20 años.
García Hernández, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Ohio, coincidió con Fleming y señaló que también destaca con qué frecuencia los agentes están desplegando armas menos letales de maneras que, por lo general, estarían prohibidas, incluido disparar balas de goma y proyectiles similares al rostro o la cabeza de las personas.
En su política sobre uso de la fuerza, el DHS señala que sus agentes solo pueden usarla cuando no exista una alternativa “razonablemente efectiva, segura y viable”, y únicamente a un nivel “objetivamente razonable”. La política del DHS enfatiza el “respeto por la vida humana” y ordena a los oficiales dominar tácticas de desescalamiento: usar comunicación u otras técnicas para estabilizar o reducir la intensidad de una situación potencialmente violenta sin recurrir a la fuerza física, o con un uso reducido de esta. La política también establece que la fuerza letal no debe emplearse solo para impedir la huida de un sospechoso que está escapando.
ICE, como agencia bajo el DHS, está sujeta a estas directrices, pero la política sobre disparar a vehículos en movimiento difiere de lo que muchas agencias policiales en el país consideran hoy mejores prácticas. Si bien el DHS prohíbe a los oficiales disparar al conductor de un vehículo en movimiento a menos que sea necesario para detener una amenaza grave, sus reglas no indican de forma explícita que los oficiales deban apartarse del paso de vehículos en movimiento cuando sea posible.
Uso de la fuerza
Un patrón creciente de tácticas agresivas y evidencia contradictoria ha planteado serias dudas sobre cómo los agentes federales de inmigración usan fuerza letal y menos letal, y sobre cómo los funcionarios del DHS describen estos incidentes ante el público.
En septiembre, Silverio Villegas González, de 38 años, murió tras recibir disparos durante una detención de tránsito en Franklin Park, un suburbio cercano a Chicago. El DHS afirmó que un agente resultó “gravemente herido” después de ser arrastrado por el auto de González cuando este intentó huir. Pero el video de la cámara corporal muestra al agente diciendo a un oficial de la policía de Franklin Park que su lesión “no era nada grave”.
En un comunicado, el DHS dijo que el agente respondió con fuerza letal porque “temía por su vida”, una narrativa muy similar a la descripción del departamento sobre el tiroteo fatal de Good en Minneapolis.
En los últimos meses, funcionarios del DHS han afirmado que los agentes de inmigración han sido atacados repetidamente con vehículos.
“Hemos visto vehículos usados como arma en más de 100 ocasiones en los últimos meses contra nuestros agentes del orden”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una entrevista con CNN este mes.
En documentos presentados ante un tribunal, relacionados con una demanda civil sobre la Operación Midway Blitz en Chicago, el departamento entregó videos de cámaras corporales y otros registros internos para respaldar sus afirmaciones de defensa propia.
Pero la jueza federal de distrito Sara Ellis consideró que la evidencia era “difícil, si no imposible de creer”. En su extensa opinión, emitida a finales de noviembre, Ellis reconoció que los agentes a veces se toparon con conductores agresivos, pero también concluyó que los agentes trataron como amenazas potenciales a autos que solo los estaban siguiendo.
En octubre, un agente de ICE disparó cinco veces contra una observadora comunitaria, Marimar Martinez, durante un enfrentamiento en Chicago. El DHS afirmó que ella embistió el vehículo de ICE con su auto y lo encerró, pero las imágenes de vigilancia no muestran que los agentes estuvieran atrapados.
Martinez sobrevivió, pero la administración Trump la calificó rápidamente como “terrorista doméstica”, la misma etiqueta usada para describir a Good. Los cargos penales contra Martinez fueron retirados en noviembre, después de que el Departamento de Justicia federal se moviera de forma abrupta para desestimar el caso.
En el fallo de Ellis sobre la demanda civil, escribió que los funcionarios federales “no pueden simplemente crear su propia narrativa de lo ocurrido, tergiversando la evidencia para justificar sus acciones”, y que la violencia usada por agentes federales “conmociona la conciencia”, un estándar legal que describe una situación que parece gravemente injusta para un observador.
Ellis también cuestionó de forma explícita la conducta y el liderazgo de Greg Bovino, de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, durante el operativo de inmigración en Chicago. Bovino, quien ha liderado la campaña del gobierno en grandes ciudades, declaró bajo juramento, y en su fallo de noviembre Ellis lo describió como “no creíble”, al escribir que “parecía evasivo durante los tres días de su declaración, ya fuera dando respuestas ‘ingeniosas’ … o mintiendo abiertamente”.
En una nota al pie, Ellis también mencionó un caso en el que un agente pidió a ChatGPT redactar un informe de uso de la fuerza a partir de una sola frase y unas cuantas imágenes, lo que debilitó aún más la credibilidad de los relatos oficiales del DHS.
Un camino estrecho hacia la rendición de cuentas
Exigir responsabilidades a agentes federales de inmigración por mala conducta es difícil, incluso cuando la evidencia en video y los registros policiales o judiciales contradicen cada vez más los relatos oficiales del gobierno.
Con más evidencia saliendo a la luz y reclamos legales ya en marcha, algunos expertos dicen que es probable que este año surjan aún más demandas.
“Deberíamos esperar ver más ejemplos, más casos en los que videos de teléfonos celulares se usen para respaldar reclamos legales contra el DHS, ICE, la Patrulla Fronteriza y oficiales específicos”, dijo García Hernández, de la Universidad Estatal de Ohio.
Los oficiales federales están protegidos por doctrinas legales como la inmunidad calificada y por fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos que restringen cuándo las personas pueden demandar a funcionarios federales por violaciones constitucionales. En los últimos años, los tribunales han reducido las circunstancias en las que individuos pueden presentar reclamos por uso excesivo de la fuerza o muerte injusta.
Demandar a agentes federales de inmigración de forma individual es casi imposible.
Sin embargo, las personas pueden presentar reclamos contra el gobierno federal bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios si un empleado del gobierno causa daños financieros o corporales. Estos casos, que pueden incluir reclamos por muerte injusta, enfrentan obstáculos importantes: no hay daños punitivos, no hay juicios con jurado, existen topes de compensación que varían por estado y hay protecciones para decisiones discrecionales del gobierno.
Las investigaciones internas del DHS pueden derivar en sanciones o cambios de política, pero sus hallazgos podrían no hacerse públicos.
Varios legisladores estatales en California, Colorado, Georgia, Nueva York y Oregón impulsan medidas que permitirían a los residentes demandar a agentes federales de inmigración por violaciones constitucionales. Illinois ya cuenta con una ley similar, pero esta vía sigue siendo en gran medida no probada, y expertos señalan que enfrenta obstáculos legales y logísticos importantes.
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