Por Kassidy Arena, Radio Pública de Iowa
Después de convencer con éxito a los funcionarios del condado de Johnson para que destinen parte de sus fondos de ayuda contra la pandemia a pagos directos a los trabajadores excluidos de los pagos directos federales debido a su condición de inmigrantes, una coalición de inmigrantes y defensores está presionando a otros condados para que hagan lo mismo.
La coalición del Fondo para Trabajadores Excluidos es una nueva organización regional llamada Escucha Mi Voz, una derivación del Catholic Worker de Iowa City.
El mes pasado, el condado de Johnson destinó unos 2 millones de dólares a un fondo para trabajadores excluidos con fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA). Los pagos directos de ARPA a las personas tenían como objetivo “tender un puente hacia una recuperación económica equitativa” de la pandemia. El condado de Johnson planea comenzar su distribución a los trabajadores que quedaron fuera de esos pagos federales a principios de 2022.
Las peticiones de ayuda económica han tenido lugar durante tres meses en ciudades que van desde Iowa City y West Liberty hasta Muscatine, Columbus Junction y Washington.
El debate de la Junta de Supervisores del Condado de Polk sobre el bienestar económico de ARPA no fue una excepción a los llamados.
Alfonso Méndez vive en Des Moines y trabaja en la construcción. Con Iowa Citizens for Community Improvement (Iowa CCI), pidió a la Junta de Supervisores del Condado de Polk que ayudara a la gente como él, que está sufriendo por la falta de estímulo en un momento de estrés financiero.
“La triste realidad es que en muchas partes del país no hay mucha ayuda para las familias inmigrantes. Se necesita un fondo para ayudar a los trabajadores excluidos aquí en el condado de Polk. Puede ser un comienzo para mejorar la vida de las personas que viven y trabajan aquí”, dijo en español a través de un intérprete proporcionado por Iowa CCI.
Méndez y otros hicieron hincapié en que muchas personas que trabajan en empleos considerados esenciales durante la pandemia del COVID-19 tienen diferentes estatus de inmigración. Y el hecho de que no sean ciudadanos estadounidenses no significa que no se hayan visto afectados económica, emocional y físicamente por el virus. El propio Méndez contrajo el virus y dejó de percibir su sueldo mientras estaba enfermo.
“Por eso estoy aquí con la gente de CCI para pedir un fondo de trabajadores excluidos que podría beneficiar a muchas familias. Es algo digno, justo y factible. Nuestras familias han crecido aquí en Iowa, especialmente en el condado de Polk. Amamos este lugar a pesar de nuestro estatus migratorio”, dijo.
Blanca Sosa instó a los funcionarios del condado a recordar a personas como ella y Méndez. Dijo que era la primera vez que asistía a un foro en el que se pedía el apoyo municipal.
“Me impactó mucho saber que ustedes, siendo ciudadanos estadounidenses, están luchando por sí mismos. Ahora imaginen la vida de un trabajador inmigrante que no puede beneficiarse o puede solicitar estos programas y recibir esa ayuda”, dijo a través de un intérprete.
La Junta de Supervisores del Condado de Polk tomó notas durante sus intervenciones, y concluyó la reunión sin más comentarios poco después de que el último ponente tomara el micrófono. En el marco de ARPA, el condado de Polk recibirá un total de 95,2 millones de dólares.
En Wapello, un ponente tras otro, tanto en español como en inglés, compartió con los funcionarios del condado de Louisa historias desgarradoras sobre la pérdida de seres queridos a causa del COVID-19 y sus dificultades económicas. La trabajadora de la salud Areli Espinoza fue una de ellas.
“Somos trabajadores esenciales y seguimos trabajando todos los días. De verdad que aguantamos. Ya sea que haya seguridad o no, nunca dejamos de trabajar. Estoy, y estamos aquí, porque contamos con los fondos del plan de ayuda americana. Estamos pidiendo un alivio del cheque de estímulo”, dijo Espinoza.
Añadió que su historia es común para muchos trabajadores esenciales, muchos de los cuales son inmigrantes. Ellos fueron golpeados más duro que los individuos nacidos en Estados Unidos cuando la pandemia de COVID-19 apareció por primera vez en el país.
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Louisa, Randy Griffin, coincidió en que parte del trato que han recibido los trabajadores durante la pandemia ha sido “injusto”, y aseguró a los oradores que los entiende y que está teniendo en cuenta sus preocupaciones.
Los defensores de la ciudad de Iowa predijeron que una vez que algunos fondos de ARPA se destinen a los trabajadores excluidos en el condado de Johnson, otros les seguirán.
Cherie Mortice, presidenta de la junta directiva de Iowa CCI, dijo que el condado de Polk tiene una responsabilidad con sus residentes, sin importar su estatus migratorio, para asegurarse de que puedan recuperarse económicamente de COVID-19. Añadió que los fondos adicionales ayudarán a los individuos a ser más productivos, lo que a su vez ayudará al condado.
“Lo que realmente estamos viendo aquí es un deber moral, que mostramos gratitud por el trabajo que nuestros trabajadores de primera línea y esenciales han hecho, y el tipo de fuerza que han tenido que mostrar para superar esto, pero también el impacto que ha tenido en ellos y sus familias”, dijo.
Otros estados, como California y Nueva York, han aprobado leyes y ordenanzas similares que permiten a los trabajadores excluidos de los fondos federales recibir pagos directos del estado y los municipios.
No se ha tomado ninguna decisión en los condados de Louisa o Polk.
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