Por Shauneen Miranda, Iowa Capital Dispatch
Un juez federal en Maryland ordenó el jueves a la administración Trump suspender la aplicación de una nueva prohibición del Departamento de Educación de los Estados Unidos sobre prácticas de diversidad, equidad e inclusión.
La orden se produjo mientras otro juez federal en New Hampshire emitió una orden judicial preliminar que bloquea temporalmente la administración Trump de arrancar fondos federales de muchas escuelas.
La orden de New Hampshire, sin embargo, solo se aplicó a las escuelas que emplean a miembros de la Asociación Nacional de Educación -el sindicato más grande del país, que presentó el caso que desafía la prohibición- o el Centro para el Desarrollo de Educadores Afroamericanos.
Las sentencias utilizan lógicas jurídicas diferentes, pero llegan a la misma conclusión: La prohibición de prácticas racistas no es válida.
En Maryland, la jueza de distrito Stephanie A. Gallagher dijo que no se pronunció sobre los méritos de la política, sino sobre la forma en que la administración Trump la desarrolló.
“Este Tribunal no se pronuncia sobre si las políticas en cuestión aquí son buenas o malas, prudentes o insensatas, justas o injustas. Sin embargo, este Tribunal está constitucionalmente obligado a examinar de cerca si el gobierno las creó e implementó de la manera que exige la ley”, escribió. “El Gobierno no lo hizo”.
La orden de Gallagher suspende la aplicación de una carta enviada el 14 de febrero a los distritos escolares por Craig Trainor, subsecretario en funciones de Derechos Civiles del Departamento, en la que se amenazaba con rescindir los fondos federales a los centros escolares que utilicen prácticas que tengan en cuenta la raza en la programación, las admisiones, las becas y otros aspectos de la vida estudiantil.
En New Hampshire, el juez de distrito Landya McCafferty escribió que “la pérdida de fondos federales paralizaría el funcionamiento de muchas instituciones educativas”.
La orden de McCafferty tiene efecto en todo el país, pero McCafferty la limitó a las escuelas que emplean a miembros de la NEA, rechazando el intento del sindicato de detener por completo las políticas descritas en la carta.
Demanda de los sindicatos de profesores
La carta del 14 de febrero suscitó una rápida acción legal, y la Asociación Nacional de Educación presentó la demanda en New Hampshire contra la administración junto con el Centro para el Desarrollo de Educadores Afroamericanos (Center for Black Educator Development).
La Federación Estadounidense de Profesores (AFT), uno de los mayores sindicatos de profesores del país, presentó una demanda en febrero junto con su filial AFT-Maryland. La Asociación Americana de Sociología y un distrito escolar público de Oregón también presentaron una demanda por la carta.
“Hoy el tribunal ha confirmado la importancia de nuestro trabajo como educadores para fomentar las oportunidades, la dignidad y el compromiso”, dijo Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Profesores, en un comunicado tras la sentencia de Maryland.
“El tribunal estuvo de acuerdo en que este requisito vago y claramente inconstitucional es un grave ataque a los estudiantes, a nuestra profesión, a la historia honesta y al propio conocimiento”, añadió. “Obstaculizaría los esfuerzos por ampliar el acceso a la educación y echaría por tierra la promesa de igualdad de oportunidades para todos, un principio central de Estados Unidos desde su fundación”.
NEA también celebró la medida cautelar concedida en su caso el jueves, y la presidenta del sindicato, Becky Pringle, dijo en un comunicado que “el fallo de hoy permite a los educadores y las escuelas seguir guiándose por lo que es mejor para los estudiantes, no por la amenaza de restricciones y castigos ilegales.”
Según el comunicado, el presidente Donald Trump, el multimillonario jefe del servicio DOGE de Estados Unidos, Elon Musk, y la secretaria de Educación, Linda McMahon, son responsables de un “ataque” a la educación pública.
“El hecho es que Donald Trump, Elon Musk y Linda McMahon están utilizando ataques políticamente motivados y directrices dañinas y vagas para sofocar el discurso y borrar lecciones críticas para atacar la educación pública, ya que trabajan para desmantelar las escuelas públicas”, dijo Pringle. “Esta es la razón por la que educadores, padres y líderes comunitarios se están organizando, movilizando y utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestros estudiantes y su futuro”.
El Departamento de Educación no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el jueves.
La carta plantea dudas
En la carta de febrero, Trainor ofrecía una interpretación amplia de una sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. en 2023 que implicaba a la Universidad de Harvard y a la Universidad de Carolina del Norte, y que anulaba el uso de la discriminación positiva en las admisiones universitarias.
Trainor escribió que, aunque el fallo “se refería a decisiones de admisión, la sentencia del Tribunal Supremo se aplica de forma más amplia”.
La carta de cuatro páginas planteó una serie de preguntas a las escuelas desde preescolar hasta la universidad sobre lo que correspondía a los requisitos, y el departamento publicó más tarde un documento de preguntas frecuentes sobre la carta en un intento de proporcionar más orientación.
A principios de este mes, el Departamento de Educación dio a los responsables estatales de educación sólo unos días para certificar que todas las escuelas K-12 de sus estados cumplían la carta para seguir recibiendo ayuda financiera federal. El Departamento y los grupos demandantes en el caso de New Hampshire llegaron más tarde a un acuerdo que suspendía la aplicación de la carta.
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