Por Clark Kauffman, Iowa Capital Dispatch
Niegan audiencias de fianza a dos solicitantes de asilo
Un juez federal ordenó al gobierno de Estados Unidos respetar el debido proceso y otorgar audiencias de fianza a dos personas detenidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en cárceles de condado en Iowa.
Ambas personas solicitaron asilo en el país, argumentando que huían de la persecución en sus países de origen.
En los últimos meses, cientos de personas acusadas de haber ingresado al país de forma irregular han sido detenidas por el DHS. Los jueces de inmigración, basándose en una nueva interpretación impulsada por la administración Trump de una ley federal vigente, les han negado audiencias donde podrían haber solicitado su liberación bajo fianza mientras sus procesos de deportación estaban en curso.
Esto ha provocado que decenas de detenidos demanden al gobierno federal, así como a las cárceles donde están recluidos, ante tribunales federales, alegando que se están violando sus derechos constitucionales.
En la mayoría de estos casos, los jueces federales han fallado a favor de los demandantes, ordenando a los jueces de inmigración que programen audiencias de fianza.
Dos de esos casos fueron resueltos recientemente por el juez federal Stephen Locher, del Distrito Sur de Iowa.
Mujer de Iowa denuncia persecución de cárteles mexicanos
Uno de los casos corresponde a María Enríquez Reyes, quien ingresó a Estados Unidos desde México, cerca de Sasabe, Arizona, el 23 de septiembre de 2023, acompañada de su hijo, ahora de 10 años, y su esposo. En ese momento, la familia declaró estar huyendo de la persecución. Fueron detenidos brevemente por la Patrulla Fronteriza y luego liberados bajo palabra.
Posteriormente, Reyes y su familia presentaron solicitudes formales de asilo, argumentando que eran perseguidos por cárteles mexicanos del narcotráfico, actualmente reconocidos por el gobierno de EE. UU. como organizaciones terroristas.
El 2 de septiembre de 2025, con la solicitud aún en trámite, la familia se presentó a una cita programada en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Cedar Rapids. Según los expedientes judiciales, agentes de ICE detuvieron a Reyes en la oficina y la trasladaron a la cárcel del condado de Muscatine, donde permanece detenida hasta la audiencia prevista para el 19 de diciembre de 2025.
Un juez de inmigración negó su solicitud de audiencia de fianza, citando la nueva interpretación legal impulsada por la administración Trump sobre la detención de personas sujetas a deportación.
Reyes presentó una demanda ante un tribunal federal contra el administrador de la cárcel del condado de Muscatine, Matt McCleary, además del DHS, ICE, la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, y la directora del DHS, Kristi Noem.
El 3 de noviembre de 2025, el juez Locher falló a favor de Reyes, señalando que la mayoría de los tribunales del país han rechazado esa interpretación legal que establece la detención obligatoria sin oportunidad de solicitar fianza.
Locher destacó que Reyes ha residido en Estados Unidos junto a su familia durante dos años y no tiene antecedentes penales ni representa un riesgo.
Al ordenar al tribunal de inmigración que le conceda una audiencia sobre su solicitud de libertad bajo fianza, Locher aclaró que “no se está ordenando un resultado específico respecto a la fianza o la detención. Más bien, (Reyes) tiene derecho, por ley y debido proceso, a una audiencia”.
“Esto significa que el juez de inmigración tendrá la autoridad —como ha ocurrido durante años— para evaluar los antecedentes y circunstancias de (Reyes) y tomar una decisión individualizada. Si la seguridad pública u otro factor lo justifica, seguirá detenida. Si no, será puesta en libertad bajo fianza. En cualquier caso, no existe un perjuicio real para el gobierno al respetar el debido proceso”.
Hombre de Des Moines huía de la persecución en Colombia
En otro caso, Locher falló a favor de Saider Santiago Helbrum, de 26 años, quien llegó a Estados Unidos en mayo de 2024, afirmando que escapaba de la persecución en Colombia. Fue detenido brevemente por la Patrulla Fronteriza y luego liberado bajo palabra, asentándose en Des Moines.
Ha sido difícil mantenerme saludable o tener esperanza sin ver a mi familia ni sentir el aire libre. Extraño mucho a mi esposa.
– Saider Santiago Helbrum
En enero de 2025 presentó una solicitud de asilo. En julio, con el trámite aún en curso, fue arrestado y encarcelado por un delito menor de robo en quinto grado, acusado de sustraer alimentos de un Walmart. Santiago Helbrum argumentó que el recibo de compra y los registros bancarios asociados a la tarjeta utilizada demostraban que los productos habían sido pagados.
Tres semanas después, el cargo fue retirado. La Fiscalía del Condado de Polk indicó que, “tras revisar los registros, hablar con los testigos y considerar todos los factores”, decidió no presentar cargos por razones de justicia.
No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional asumió la custodia de Santiago Helbrum y, tras retirarse el cargo penal, continuó manteniéndolo detenido en la cárcel del condado de Polk. Un juez de inmigración volvió a negar su solicitud de audiencia de fianza.
Posteriormente, Santiago Helbrum demandó al DHS y al administrador de la cárcel del condado de Polk, Cory Williams, ante un tribunal federal, donde explicó los efectos que tuvo en él pasar tres meses detenido.
“Mi tiempo en la cárcel ha sido física y mentalmente agotador”, escribió en una declaración jurada. “Al llegar, me sentía enfermo, tuve hemorragias nasales y se me reventó un vaso en el ojo. Ha sido muy difícil mantenerme saludable o esperanzado sin ver a mi familia ni sentir el aire libre. Extraño mucho a mi esposa. Me duele y me preocupa no haber podido cuidarla ni apoyarla a ella y a nuestra familia en estos meses”.
En los documentos judiciales, abogados del Departamento de Justicia citaron una cláusula de la Ley Laken Riley que exige detención en casos donde una persona “está acusada” de un delito. El gobierno argumentó que el arresto por robo activó dicha obligación de detención y que la desestimación posterior del cargo no la anula.
El juez Locher no coincidió con ese criterio y ordenó al tribunal de inmigración realizar una audiencia de fianza, afirmando en su fallo que “una vez que los cargos se retiran, ya no es correcto afirmar que una persona ‘está acusada’ de robo”.
Antes de esta decisión, Williams, administrador de la cárcel del condado de Polk, había presentado documentos al tribunal indicando que su oficina no adoptaba ninguna postura sobre el caso.
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