By Ariana Figueroa , Iowa Capital Dispatch
Washington D. C.-Un juez federal anuló a última hora del jueves una política de la Casa Blanca que permitía un camino hacia la ciudadanía a personas en el país sin estatus permanente que estuvieran casadas con un ciudadano estadounidense.
El juez del Distrito Este de Texas, J. Campbell Barker, dictaminó que la administración Biden se extralimitó en sus funciones y que el programa “estira la interpretación legal más allá de su punto de ruptura” de la ley de inmigración estadounidense. La demanda fue presentada por Texas y otros estados liderados por los republicanos.
El programa del Departamento de Seguridad Nacional, denominado “Mantener a las familias unidas”, habría protegido de la deportación al menos a 550,000 cónyuges inmigrantes y a sus hijos.
A menos de tres meses de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, es poco probable que la administración entrante defienda el programa, y Trump ha prometido llevar a cabo deportaciones masivas.
In a Thursday interview with NBC News, Trump dijo que “no hay precio” cuando se trata de deportaciones masivas y que su administración no tendrá “más remedio” que llevarlas a cabo.
“Obviamente tenemos que hacer la frontera fuerte y poderosa y, y tenemos que – a la vez, queremos que la gente venga a nuestro país”, dijo a NBC. “No soy de los que dicen: “No, no pueden entrar”. Queremos que la gente entre”.
Promulgar deportaciones masivas sería una empresa costosa que requeriría la aprobación del Congreso, lo que podría ser más fácil si Trump obtiene el control del Congreso por parte del Partido Republicano. Los republicanos se acercan al control de ambas cámaras.
A punto de iniciar su segundo mandato en enero, el ex presidente ha prometido comenzar de inmediato a llevar a cabo deportaciones masivas y poner fin a programas que han concedido protecciones temporales a los inmigrantes, como la libertad condicional humanitaria.
Trump ha criticado la política de Biden que fue tumbada el jueves como un programa de “amnistía masiva”.
“Amnistía masiva” es un término legal que es considerado un indulto oficial, pero el programa tenía ciertos requisitos. Las personas consideradas para la ciudadanía tenían que haber estado casadas con un ciudadano estadounidense durante al menos una década y someterse a un procedimiento de investigación extremo por parte del DHS.
“¡Esto es insostenible y no se puede permitir que continúe!”. escribió Trump sobre el programa cuando se anunció en junio. “El primer día, CERRAREMOS LA FRONTERA y empezaremos a deportar a millones de Criminales Ilegales de Biden”.
El juez de Texas, Barker, fue nombrado durante el primer mandato de Trump. El programa ya quedó en suspendido en agosto, cuando el fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, encabezó una demanda en su contra.
Los estados que se sumaron a la demanda son Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Luisiana, Misuri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.
Estos estados argumentaron que la administración Biden se extralimitó en su autoridad al crear el programa y que perjudicaría económicamente a los estados si se permitía permanecer en el país a las personas que cumplían los requisitos para obtener la ciudadanía.
Los estados fueron representados por America First Legal, una organización establecida por el asesor de Trump Stephen Miller – el arquitecto de las políticas de inmigración de línea dura de Trump durante su primer mandato.
Ashley DeAzevedo, presidenta de American Families United, que representa a ciudadanos estadounidenses casados con personas sin estatus permanente, instó en un comunicado al gobierno de Biden a apelar el caso.
“El juez de distrito J. Campbell Barker no sólo desmanteló el programa Keeping Families Together, sino que destrozó las esperanzas de cientos de miles de familias estadounidenses”, afirmó. “Familias como la nuestra merecen algo mejor que este flagrante intento de detener un programa legal, y no pararemos hasta que los tribunales rectifiquen esta injusticia”.
Se calcula que unos 500,000 cónyuges sin estatus legal y sus hijos habrían podido solicitar la residencia permanente legal -tarjeta verde- bajo ciertos requisitos. Unos 50,000 niños que no tienen estatus legal y tienen un progenitor inmigrante casado con un ciudadano estadounidense también habrían sido incluidos en ese beneficio.
El Departamento de Justicia no respondió a la petición de comentarios de la sala de prensa de Estados Unidos.
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