Por Erika Bolstad, Minnesota Reporter
Portland, Oregón – Keith Ellison alzó su teléfono celular. El fiscal general de Minnesota estaba en el escenario de un teatro en Oregón, ante cientos de personas, acompañado por cuatro de sus colegas demócratas de otros estados, para conmemorar un año de estrategia legal coordinada para responder al amplio uso del poder ejecutivo por parte de la administración Trump.
“¿Puedo señalar, muy rápido, que necesitamos que todos usen estas cosas?”, dijo Ellison al público, que momentos antes había recibido al fiscal general de otro estado con una ovación de pie. “Han sido de gran ayuda”.
Ellison y sus colegas fiscales generales demócratas estuvieron sentados en el escenario la semana pasada en Revolution Hall, un recinto que la mayoría de las noches funciona como sala de conciertos. En el último año, los fiscales generales se han convertido en inesperadas figuras de la resistencia legal al presidente Donald Trump, quien ha recurrido ampliamente a la autoridad presidencial tanto para el control migratorio como para una amplia gama de otros temas, sin contrapesos por parte de un Congreso con mayoría republicana.
El video grabado con teléfonos celulares se ha convertido en un fuerte desmentido de la versión de los hechos de Trump, en un momento en que el gobierno federal ha restringido a investigadores estatales y locales el acceso a posibles evidencias para llevar a cabo sus propias investigaciones sobre uso excesivo de la fuerza y tiroteos mortales por parte de agentes migratorios en sus jurisdicciones.
El sábado, testigos con cámaras de celular grabaron a agentes federales en Minneapolis cuando dispararon y mataron a Alex Pretti, un enfermero de UCI de 37 años que, como muchas personas en la ciudad, estaba registrando cómo los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) interactúan con el público durante operativos de control. La evidencia en video de la muerte de Pretti fue captada por grupos coordinados, aunque de organización flexible, de ciudadanos comunes que usaban sus teléfonos celulares.
Las imágenes, compartidas ampliamente en redes sociales, contradicen de forma directa los relatos oficiales, incluidas las afirmaciones de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien acusó a Pretti de atacar a los agentes. El video de transeúntes muestra a Pretti filmando con su celular antes de que varios agentes lo derribaran, lo golpearan y luego le dispararan hasta matarlo, después de quitarle su arma. Pretti, que tenía licencia para portar un arma en público en Minnesota, nunca la desenfundó.
Dos semanas antes, en Minneapolis, cámaras de celular captaron desde múltiples ángulos el tiroteo mortal de Renee Good, de 37 años, a manos de un agente migratorio. Una semana después, en la cercana St. Paul, Minnesota, un video grabado con celular mostró a agentes migratorios armados obligando a ChongLy Scott Thao, un ciudadano estadounidense naturalizado de mediana edad, a salir de su casa y exponerse a temperaturas bajo cero mientras solo llevaba ropa interior y sandalias.
Hay “muchas más historias”, dijo Ellison, muchas captadas con teléfonos celulares o cámaras de tablero, y todas muestran las tácticas agresivas que están utilizando algunos de los más de 3,000 agentes federales de inmigración en su estado. Una imagen que Ellison no mencionó: la foto de un niño de 5 años de Ecuador bajo custodia federal, con un gorro azul de conejo y su mochila de Spider-Man.
En Minnesota, el estado ha creado un portal en línea para denuncias para recopilar evidencia generada por la ciudadanía sobre mala conducta federal o comportamientos ilícitos, incluidas imágenes de celulares, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se negara a compartir evidencias sobre la muerte de Good con fiscales del condado y la oficina de Ellison. Portales similares para recopilar evidencia o comisiones de rendición de cuentas federal funcionan en Colorado, Illinois y Oregón.
Cuando la gente común registra en video tácticas federales agresivas, dijo Ellison, también ayuda a sustentar ante tribunales federales que el despliegue masivo de agentes migratorios en sus estados es inconstitucional y viola la soberanía estatal. Minnesota ha demandado para poner fin a la aplicación agresiva de ICE en el estado, oficialmente conocida como Operación Metro Surge.
Esa evidencia también podría ser crucial si el gobierno federal continúa resistiéndose a investigar o a presentar cargos penales federales contra los agentes no identificados que mataron a Pretti, así como contra Jonathan Ross, el agente de ICE que mató a Good. En un caso separado, un juez federal emitió una orden tras la muerte de Pretti que prohíbe a la administración Trump destruir o alterar evidencia relacionada con el tiroteo.
Los límites constitucionales dificultan, aunque no lo hacen imposible, que los estados procesen a funcionarios federales por violaciones a la ley estatal, dijo Bryna Godar, abogada del State Democracy Research Initiative de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin. Sin embargo, hay casos exitosos en los que los estados han procesado a agentes que presuntamente se han excedido del alcance de sus funciones federales o han actuado de manera irrazonable al llevarlas a cabo, señaló.
Godar dijo que estos casos surgen con mayor frecuencia durante periodos de considerable fricción entre los estados y el gobierno federal, incluidos conflictos por la aplicación de la Ley de Esclavos Fugitivos, la Prohibición y las políticas de integración y desegregación. Otro tipo de prueba del federalismo y la soberanía estatal podría estar por venir, afirmó.
“Parece que potencialmente estamos entrando en otro periodo, o ya estamos en un periodo, de mayor fricción entre los estados y el gobierno federal, de una manera que podría llevar a que estos casos vuelvan a presentarse”, dijo Godar.
Ellison dijo que los investigadores estatales y del condado avanzaban con cuidado y de forma deliberada en su propia investigación.
“Es cierto que los federales nos están negando el acceso al expediente de investigación”, dijo Ellison. “También es cierto que no hay plazo de prescripción para el asesinato”.
Noem ha insistido repetidamente en que los agentes de ICE y otros oficiales son las verdaderas víctimas del aumento de la violencia. También ha argumentado que las protestas y el escrutinio de sus tácticas de control no solo han interferido con sus operaciones, sino que además han provocado la respuesta federal agresiva.
El fiscal federal adjunto Todd Blanche dijo el 16 de enero que el Departamento de Justicia proporcionará todos los recursos necesarios para respaldar el control migratorio, y que procesará a cualquiera que determinen que ha atacado, impedido u obstruido los esfuerzos federales. El Departamento de Justicia emitió citaciones la semana pasada a múltiples funcionarios demócratas de Minnesota en una investigación sobre si esos líderes estatales han impedido el operativo de aplicación intensificada.
En Minneapolis la semana pasada, después de reunirse con agentes migratorios, el vicepresidente JD Vance sugirió que el activismo con teléfonos celulares está provocando la violencia. Culpó a “unos cuantos agitadores de extrema izquierda” de la respuesta federal agresiva, y dijo que los agentes federales estaban “bajo una enorme presión” y que las autoridades estatales y locales no habían cooperado. Tras la muerte de Good, Vance la describió como “una tragedia causada por ella misma”.
“Muchos de estos tipos no pueden hacer su trabajo sin ser acosados, sin que se les exponga su información personal, y a veces sin ser agredidos”, dijo Vance, flanqueado por funcionarios federales de inmigración que trabajan en Minnesota. “Eso es totalmente inaceptable”.
A menudo, los transeúntes captan fotos y video con un gran riesgo personal, mientras vecindarios son rodeados por agentes federales fuertemente armados en autos sin identificación que rompen ventanas, arrastran a conductores al suelo, irrumpen en residencias privadas y rocían con irritantes químicos a manifestantes y observadores en el rostro. Los videos de los transeúntes con frecuencia contrarrestan los relatos oficiales del gobierno federal sobre los hechos.
La evidencia generada por la ciudadanía contribuye a la rendición de cuentas y a sustentar su argumento de exceso federal, dijo Ellison, quien en 2021 lideró el exitoso enjuiciamiento del exoficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin por la muerte en 2020 de George Floyd. La condena de Chauvin se apoyó en parte en 10 minutos de video grabado con un teléfono celular por Darnella Frazier, de 17 años.
Ellison y los otros fiscales generales demócratas animaron a las personas a seguir siendo testigos y a publicar en redes sociales.
“Gran parte de la evidencia que hemos podido generar es gracias a ustedes”, dijo Ellison. “Hay que pelear en un tribunal. Sin duda tenemos que hacerlo. Pero, en última instancia, este país se salvará por el pueblo de Estados Unidos. Y eso significa que ustedes protestan, reúnen evidencia, la comparten con nosotros… así es como realmente vamos a ganar”.
Desde su primera demanda contra la orden ejecutiva de Trump sobre ciudadanía por nacimiento al inicio de su mandato en 2025, los fiscales generales demócratas han presentado 77 casos. Han ganado 43 de los 53 casos resueltos, según un rastreador del Progressive State Leaders Committee.
No es que quieran presentar tantas demandas, pero saben que deben hacerlo, dijo el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, quien recibió a Ellison, a Rob Bonta de California, a Anne Lopez de Hawái y a Aaron Frey de Maine. Oregón no había llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos para argumentar un caso en una década, dijo Rayfield, hasta que el estado encabezó el año pasado una coalición de una docena de estados que demandó por la amplia política arancelaria de Trump sobre la mayoría de los bienes que ingresan a Estados Unidos.
“No vamos a retroceder”, dijo Rayfield. “No vamos a permitir que este presidente siga recortando nuestros derechos y nuestra democracia en este momento. Vamos a seguir luchando durante todo este mandato y a hacer nuestro trabajo como fiscales generales”.
Más allá de los fiscales generales, personas, empresas, sindicatos, asociaciones profesionales, universidades, gobiernos locales y otras entidades han presentado 593 casos contra la expansión de los poderes del Poder Ejecutivo por parte del presidente desde el inicio de su mandato, según el diario digital de política legal Just Security.
“La ilegalidad no ha hecho más que escalar”, dijo Bonta. “Ha empeorado”.
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