Los tribunales toman el mando mientras la política de inmigración de Estados Unidos sigue en el limbo

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CIUDAD ACUNA, MEXICO - SEPTEMBER 23: A Haitian father carries his children across the Rio Grande into Del Rio, Texas on September 23, 2021, from Ciudad Acuna, Mexico. Mexican immigration officials had launched an operation in a small migrant camp on the Mexican side of the river and many families, fearing deportation, surged across the border to take their chances on the U.S. side. (Photo by John Moore/Getty Images)
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Por Ariana Figueroa, Iowa Capital Dispatch

WASHINGTON – A los dieciocho meses del gobierno de Biden, la reforma migratoria se ha estancado a pesar de las promesas de campaña de reformar el sistema, con el movimiento más reciente en la política de inmigración repartido por el Tribunal Supremo de EE.UU. y en los tribunales federales inferiores.

El 30 de junio, el Tribunal Supremo falló a favor de la administración Biden en una decisión de 5 a 4, según la cual el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no violó la ley federal de inmigración cuando puso fin a la política de “Permanecer en México” de la administración Trump, conocida como Protocolos de Protección de Migrantes. Fue una rara victoria para el presidente Joe Biden en medio de una serie de derrotas al final del mandato de la corte, incluyendo el aborto y el cambio climático.

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El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, dijo durante una entrevista con ABC News el domingo que la agencia está planeando poner fin al programa de la era Trump que obligaba a los migrantes que buscaban asilo a permanecer en México mientras sus casos se procesaban a través del sistema judicial de inmigración de Estados Unidos. Pero dijo que llevará tiempo.

“Tenemos que esperar hasta que la decisión de la Corte Suprema sea realmente comunicada a la corte inferior, a la Corte Federal de Distrito y al Distrito Norte de Texas, y, una vez que eso ocurra, la Corte de Distrito debería levantar su orden judicial que nos está impidiendo terminar con el programa”, dijo Mayorkas.

Hay unos 30,000 casos pendientes del MPP, según el seguimiento realizado por la Universidad de Syracuse.

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El senador Marco Rubio, republicano de Florida, criticó al gobierno de Biden por poner fin a la política de “Permanecer en México”.

“Esta decisión enviará una señal más a las redes de traficantes y a los cárteles de que la frontera de Estados Unidos está abierta de par en par”, dijo Rubio en un comunicado. “La retórica y las acciones imprudentes del presidente Biden están fomentando la inmigración ilegal y perjudicando a nuestro país”.

Pero el senador Ben Ray Luján, demócrata de Nuevo México, dijo en un comunicado que el fin del programa “es el primer paso para remediar años de injusticia humanitaria.”

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“Esta política peligrosa y xenófoba establecida por la administración Trump ha forzado a decenas de miles de niños vulnerables, familias y otros solicitantes de asilo a condiciones inseguras antes de que sus solicitudes de asilo puedan siquiera ser escuchadas”, dijo.

Luján agregó que sigue trabajando con sus colegas en el Senado “para continuar con el impulso de mi carrera para arreglar nuestro sistema de inmigración roto.”

Tras destacar el horrible descubrimiento de 53 inmigrantes que murieron en un tráiler abandonado en Texas mientras intentaban cruzar a Estados Unidos, Mayorkas pidió al Congreso que apruebe una reforma migratoria. También defendió los mensajes de la administración para disuadir a los migrantes de cruzar la frontera de Estados Unidos. Los republicanos han atacado repetidamente a Biden por su política fronteriza.

“Dado que la frontera ha sido un desafío durante décadas, en última instancia el Congreso debe aprobar una legislación para arreglar de una vez por todas nuestro roto sistema de inmigración”, dijo Mayorkas durante la entrevista de ABC.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, se apresuró a culpar a Biden de las muertes de los migrantes encontrados en el tráiler.

“Estas muertes son culpa de Biden”, escribió Abbott en Twitter. “Son el resultado de sus mortales políticas de frontera abierta”.

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Mientras que a bordo del Air Force One, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a los periodistas que “el hecho de la cuestión es que la frontera está cerrada, que es en parte por lo que se ve a la gente tratando de hacer este peligroso viaje utilizando las redes de contrabando.”

El destino de los Dreamers en los tribunales

Sin la acción del Congreso, los casi 825,000 indocumentados amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocidos como Dreamers, permanecen en el limbo, ya que el miércoles tuvieron lugar los argumentos orales en un tribunal inferior de Luisiana.

El programa permite a los niños que fueron traídos al país ilegalmente obtener documentación para trabajar y les permite permanecer en el país.

Texas -en su demanda originalmente con Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental- argumentó que DACA suponía una carga excesiva para los estados y que la administración de Obama no siguió los procedimientos adecuados al implementar el programa.

El programa estaba destinado a ser una solución temporal, hasta que el Congreso pudiera establecer una vía de acceso a la ciudadanía para esos niños, que ahora son adultos, pero en junio el programa entró en su décimo año de vigencia.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata californiana Nancy Pelosi, dijo que los demócratas tienen que estar preparados para aprobar una legislación que cree una vía a la ciudadanía en caso de que ganen el caso DACA en el tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleans.

“Tenemos que estar preparados para hacer que el respeto a nuestros Dreamers sea la ley del país”, dijo en un comunicado.

En el discurso del Estado de la Unión de Biden a principios de este año, dijo que el país necesita “proporcionar una vía para la ciudadanía para los Dreamers”, y pidió al Congreso que aprobara un proyecto de ley, para que él pudiera firmarlo.

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Pero cualquier reforma migratoria no ha sido aprobada por el Congreso y sigue en gran medida estancada.

Título 42

Mientras tanto, la administración de Biden ha sido bloqueada por jueces conservadores, incluso en un intento de poner fin a la controvertida política del Título 42. Esa política de la era Trump permite a Estados Unidos expulsar a los migrantes que solicitan asilo durante un período de crisis sanitaria, como la pandemia de coronavirus.

“No deberíamos usar una ley de salud pública para aplicar la ley de inmigración”, dijo el presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, Jeremy McKinney. “La ley de salud pública debería estar impulsada por la ciencia y no por la política de un año electoral, especialmente viniendo de la misma clase que se ha opuesto a todas las medidas de salud pública desde que comenzó el COVID”.

El gobierno de Biden se movilizó para desechar el programa, pero después de que Texas lo demandara, un tribunal de distrito de Luisiana emitió una orden judicial preliminar a nivel nacional y dictaminó que la Casa Blanca tenía que mantener la política en vigor. El Departamento de Justicia ha apelado.

 

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