Citando escasez de personal y un gran volumen de casos similares de deportación en todo el país, abogados del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. obtuvieron más tiempo para responder a una demanda presentada por estudiantes de Iowa que temen haber sido seleccionados para deportación.
Tres estudiantes internacionales de la Universidad de Iowa y un exalumno internacional de la misma institución están demandando al Departamento de Seguridad Nacional por revocar su estatus como estudiantes, medida que temen pueda derivar en su detención y deportación.
La jueza federal Rebecca Goodgame Ebinger emitió inicialmente una orden de restricción temporal que prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional deportar a los cuatro, y posteriormente, el 15 de mayo, les otorgó la protección adicional de una orden judicial preliminar destinada a mantenerse en vigor mientras se desarrolla el litigio principal contra el gobierno.
Según la demanda, cada uno de los demandantes ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa de estudiante tipo F-1. Los estudiantes alegan que el Departamento de Seguridad Nacional violó su derecho al debido proceso al cancelar su estatus sin justificación legal ni explicación alguna.
Entre los demandados se encuentran la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el propio Departamento de Seguridad Nacional, del cual forma parte el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). También figura como demandado el director interino de ICE, Todd Lyons.
Desde la emisión de la orden judicial del 15 de mayo, el caso ha mostrado poca actividad, y el Departamento de Seguridad Nacional aún no ha presentado una respuesta formal a la demanda inicial, presentada el 21 de abril.
Recientemente, los abogados del gobierno solicitaron —y obtuvieron— una prórroga de 60 días para presentar una respuesta o una moción para desestimar el caso.
Como argumento, señalaron que “la pequeña división civil de la Oficina del Fiscal de EE. UU. ha experimentado recientemente una significativa escasez de personal” y que los temas planteados en el caso de la Universidad de Iowa están siendo objeto de “litigios relevantes a nivel nacional”, lo cual requiere tiempo adicional para coordinar una respuesta con otros miembros del Departamento de Justicia.
Además, indicaron que el abogado principal de Seguridad Nacional e ICE “dejará el servicio federal en las próximas semanas”, por lo que el nuevo abogado principal y su equipo necesitarán tiempo adicional para familiarizarse con el caso.
Ahora, los abogados del gobierno tienen hasta el 21 de agosto de 2025 para responder a la demanda de los estudiantes.
La jueza expresó “poca confianza” en Seguridad Nacional
En su decisión del 15 de mayo para otorgar la orden judicial, la jueza Ebinger rechazó el argumento del Departamento de Seguridad Nacional de que sus acciones no fueron arbitrarias ni caprichosas —el estándar legal para revocar una medida administrativa, que es precisamente lo que buscan revertir los cuatro demandantes de la UI.
La jueza señaló que no se presentó “ninguna indicación” de que los cuatro estudiantes cumplieran con los criterios establecidos por Seguridad Nacional para revocar el estatus estudiantil, como haber proporcionado información falsa, trabajar sin autorización, cometer un delito grave o no participar en actividades académicas.
Al emitir la orden judicial, Ebinger también expresó tener “poca confianza” en que Seguridad Nacional e ICE cumplan la ley en adelante y “actúen conforme a los factores regulatorios pertinentes”.
En una afirmación que anticipa las dificultades que probablemente enfrentará la defensa gubernamental a medida que avance el proceso, Ebinger escribió que “imponer consecuencias negativas inmediatas a personas ignorando las leyes y regulaciones vigentes es arbitrario y caprichoso”. Los cuatro demandantes, añadió, “han demostrado una alta probabilidad de éxito en el fondo del caso”.
La orden judicial prohíbe a Noem, al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE iniciar o ordenar el arresto, detención o traslado de los cuatro demandantes —Prasoon Kumar, Songli Cai, Haoran Yang y Sri Chaitanya Krishna Akondy— fuera de la jurisdicción del tribunal sin notificar previamente a la Corte, de modo que el equipo legal de los estudiantes pueda impugnar cualquier acción.
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