By Brooklyn Draisey, Iowa Capital Dispatch
Héctor Salamanca Arroyo atribuye sus éxitos educativos y oportunidades de servir al público a la matrícula estatal para la que calificó como residente de Iowa. Le permitió estudiar justicia penal en Des Moines Area Community College, lo que lo llevó a la Universidad Drake después de calificar para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y eventualmente servir en las fuerzas del orden y en el ejército.
Ahora, ciudadano estadounidense de pleno derecho, Arroyo habló el lunes ante miembros de la Cámara de Representantes de Iowa instándolos a oponerse a un proyecto de ley que impediría que los estudiantes tuvieran las mismas oportunidades educativas que él. House File 2128 requeriría que los estudiantes muestren prueba de ciudadanía para recibir la matrícula estatal.
“Se supone que la educación es el mecanismo que nivela el campo de juego, y si un estudiante de Iowa está tratando de continuar su educación, no deberíamos castigarlo poniendo la educación superior fuera de su alcance”, dijo Arroyo. “Lo reconozca o no, estos son habitantes de Iowa que aspiran a continuar su educación en su estado de origen. Habitantes de Iowa que aspiran a ser futuros ciclones, panteras y halcones de la misma manera que lo hice yo en 2012. Merecen ser tratados como habitantes de Iowa y calificar para la matrícula estatal”.
A pesar de las preocupaciones expresadas por miembros de la comunidad y representantes de los sistemas de educación superior de Iowa de que podría ser discriminatorio y gravoso, el proyecto de ley fue aprobado por un subcomité de tres miembros en la Cámara de Representantes de Iowa.
El proyecto de ley requeriría que la Junta de Regentes de Iowa y las juntas de colegios comunitarios adopten políticas para prohibir a las escuelas clasificar a un estudiante como residente de Iowa, lo que les permitiría recibir matrículas y tarifas más bajas, sin prueba de que el estudiante es ciudadano estadounidense o “presente legalmente en los Estados Unidos”, según el proyecto de ley.
El representante Taylor Collins, republicano por Mediapolis, escuchó declaraciones del público junto con el representante Sami Scheetz, demócrata de Cedar Rapids, y el representante Skyler Wheeler, republicano por Hull.
Otros habitantes de Iowa, muchos inmigrantes que luego se convirtieron en ciudadanos estadounidenses, se hicieron eco de la declaración de Arroyo y se pronunciaron en contra del proyecto de ley para otros como ellos, que intentan buscar una educación mientras sortean barreras que sus pares no tienen que manejar.
Joe Henry de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) dijo que esta legislación también impactaría negativamente a los trabajadores inmigrantes que trabajan en diferentes áreas de la agricultura, desde los campos hasta el procesamiento y el servicio de alimentos. Si ellos y sus familias no pudieran recibir la educación que necesitan para continuar en la fuerza laboral, Henry dijo que el sector agrícola “cerraría”.
Gabriel Saldana, organizador comunitario del Movimiento de Migrantes por la Justicia de Iowa (IMMJ), dijo que además de limitar la fuerza laboral, este proyecto de ley también provocaría una caída en las tasas de graduación y el interés en la educación superior. También sería un duro golpe para las familias y los educadores que trabajan para apoyar a los estudiantes.
Los estados que han promulgado legislación que proporciona equidad en la matrícula, en lugar de restricciones basadas en el estatus de ciudadanía, han visto a más estudiantes graduarse de la escuela secundaria y asistir a la educación postsecundaria, dijo Saldana, así como otros beneficios económicos y sociales. Según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, 24 estados y el Distrito de Columbia cuentan con leyes de equidad de matrícula, que garantizan que todos los residentes del estado reciban matrícula estatal sin importar su estado de ciudadanía.
“Este es un ataque a la comunidad inmigrante”, dijo Henry. “Los inmigrantes pagan impuestos, pagan sus cuentas, se ocupan de las cosas. Necesitan asegurarse de que sus hijos puedan recibir una buena educación. No se les debería cobrar matrícula de fuera del estado”.
Si se aprueba, este proyecto de ley supondría una carga para las instituciones y los estudiantes, dijo Keith Saunders, cabildero de la Junta de Regentes de Iowa.
Actualmente, la junta determina quién califica para la matrícula estatal por residencia, no por ciudadanía, generalmente basándose en dónde se graduó el estudiante de la escuela secundaria. Promulgar esta legislación requeriría que los estudiantes proporcionen más documentación a la que, dependiendo de su situación, tal vez ni siquiera tengan acceso, y luego asignaría a las instituciones la responsabilidad de verificar y mantener seguros estos documentos.
“Les pediría que no pongan a las universidades en la posición de juzgar la veracidad de los documentos legales, o que nos obliguen a crear otra burocracia en el campus para recopilar documentación que… todos los estudiantes de Iowa en este momento no están obligados a mostrar, y luego obligarnos a almacenar esa información también”, dijo Saunders.
Jeff Smith, en representación de los colegios comunitarios de Iowa, se hizo eco de la declaración de Saunders y dijo que la adición de más reglas administrativas para los solicitantes sería una carga para los colegios comunitarios que ya están trabajando arduamente para seguir las políticas establecidas por la Legislatura.
Al mostrar su apoyo al proyecto de ley, Collins dijo que 7 millones de personas han entrado ilegalmente a Estados Unidos durante el mandato del presidente Joe Biden y que la cuestión deberá abordarse en algún momento.
“Esta es una cuestión muy simple”, dijo Collins. “Si vienes a este país ilegalmente, no subsidiaremos tu educación universitaria”.
Wheeler también habló a favor de la legislación, calificándola de “sentido común” y diciendo que el dinero de los contribuyentes no debería usarse para financiar la educación de quienes no viven legalmente en Estados Unidos.
Scheetz dijo que le costó encontrarle sentido en el contexto más amplio de los problemas que enfrenta la educación superior hoy en día. ¿Por qué centrarse en el estatus de ciudadanía de cada estudiante residente en Iowa que espera asistir a uno de los colegios o universidades públicas del estado, preguntó, cuando existen problemas como el estancamiento de la financiación para la educación superior junto con costos más altos?
Si se convierte en ley, Scheetz dijo que el proyecto de ley convertiría a la Junta de Regentes en un servicio de inmigración e impondría cargas indebidas a los futuros estudiantes sin arreglar nada.
“Este es un proyecto de ley que busca un problema y por esa razón voy a votar en contra hoy”, dijo Scheetz.
El proyecto de ley se presenta al pleno del Comité Judicial de la Cámara para su mayor consideración.
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