Por Clark Kauffman, Iowa Capital Dispatch
Demandan al alguacil del condado de Hardin por la detención de un hombre de Uzbekistán
Un ciudadano de Uzbekistán, actualmente detenido por autoridades federales ante una posible deportación, es el más reciente en demandar a un condado de Iowa debido a la política federal de mantener a inmigrantes bajo custodia sin derecho a fianza. (Foto de simpson33 vía iStock / Getty Images Plus)
Otro centro de detención en Iowa enfrenta una demanda por retener a una persona que se encuentra bajo custodia federal a la espera de un posible proceso de deportación.
Javokhir Rahimov-Akobirovich, originario de Uzbekistán y solicitante de asilo en Estados Unidos, presentó una demanda contra el administrador de la cárcel del condado de Hardin, Nick Whitmore, y el alguacil del condado, Dave McDaniel, ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Iowa.
También figuran como acusados la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem; la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi; el director interino de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons; el director de la oficina de ICE en St. Paul, Peter Berg; y la directora interina de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, Sirce Owen.
En la demanda, Rahimov-Akobirovich sostiene que ha vivido en Estados Unidos durante los últimos cinco años y que tuvo su primer contacto con ICE cuando se iniciaron los procedimientos de deportación en octubre de 2020.
Los registros judiciales señalan que en diciembre de 2020 Rahimov-Akobirovich fue liberado bajo una fianza de 5,000 dólares aprobada por un juez de inmigración en San Diego, California. El 20 de noviembre de 2025, mientras viajaba por Iowa desde su residencia en Calexico, California, fue detenido por agentes de ICE y trasladado a la cárcel del condado de Hardin.
La demanda alega que Rahimov-Akobirovich es víctima de la nueva política de la administración Trump, que considera que toda persona retenida para una posible deportación está sujeta a detención obligatoria sin importar cuánto tiempo haya vivido en Estados Unidos.
“ICE y el Departamento de Justicia han adoptado esta postura incluso cuando casi todos los tribunales federales de distrito se han pronunciado en contra”, afirma la demanda, añadiendo que sin la intervención del Tribunal Federal, Rahimov-Akobirovich enfrenta “la posibilidad de permanecer meses, o incluso años, en detención migratoria, separado de su familia y comunidad”.
La demanda, que denuncia violaciones al debido proceso y la negativa ilegal de concederle libertad bajo fianza, solicita una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar para impedir que las autoridades federales trasladen a Rahimov-Akobirovich fuera del condado de Hardin antes de que se tome una decisión sobre el caso. También señala que ICE está “ignorando” que Rahimov-Akobirovich se encontraba en libertad bajo fianza —aprobada por un juez de inmigración— cuando fue encarcelado en el condado.
El Departamento de Justicia y los demás acusados aún no han respondido a la demanda.
Esta demanda forma parte de cientos de casos interpuestos en todo Estados Unidos para impugnar la nueva interpretación de las leyes de inmigración por parte de la administración Trump. Decenas de estas demandas han sido presentadas en Iowa, muchas de ellas señalando como acusados a los condados donde DHS e ICE mantienen bajo custodia a personas detenidas.
Durante casi 30 años, el Departamento de Justicia y los tribunales sostuvieron que las personas que vivían en Estados Unidos y enfrentaban un proceso de deportación tenían derecho a una audiencia para determinar si podían ser liberadas bajo fianza mientras su caso seguía en curso.
En julio de este año, la administración Trump —a través del DHS, ICE y el Departamento de Justicia— emitió nuevas “directrices” sobre la detención de solicitantes de admisión al país. Estas directrices, ahora consideradas política oficial del Departamento de Justicia, establecen que todas las personas que hayan ingresado sin inspección están sujetas a detención obligatoria sin posibilidad de una audiencia de fianza.
El 5 de septiembre de 2025, la Junta de Apelaciones de Inmigración emitió una decisión alineada con esta nueva política, determinando que los jueces de inmigración carecen de autoridad para revisar solicitudes de fianza en estos casos.
Este cambio de política contradice la interpretación histórica de la ley federal, que establecía que las personas que ya residían en Estados Unidos mientras tramitaban su admisión legal —en contraste con quienes eran detenidos en la frontera— tenían derecho al debido proceso y podían solicitar libertad bajo fianza.
Los abogados que representan a personas detenidas bajo esta nueva interpretación argumentan que la política fue diseñada en respuesta a la asignación de miles de millones de dólares por parte del Congreso para ampliar el sistema migratorio, lo que permitirá a ICE duplicar su capacidad diaria de detención.
Desde julio, jueces de inmigración en todo el país han adoptado esta nueva interpretación de la ley, afirmando que carecen de jurisdicción para conceder fianzas a quienes ingresaron sin inspección, incluso si han vivido en Estados Unidos durante décadas.
Esto ha llevado a que cientos de detenidos en todo el país demanden al DHS, ICE y a funcionarios locales en tribunales federales, que son completamente independientes de los tribunales de inmigración. En la gran mayoría de estos casos, los jueces federales han fallado a favor de los detenidos, concluyendo que tienen derecho a audiencias de fianza.
A pesar de estas resoluciones, los jueces de inmigración continúan negando las audiencias de fianza, lo que ha generado nuevas demandas en los tribunales federales.
Mantente informado con historias relevantes — visita HolaAmericaNews.com para conocer las últimas noticias, cultura y actualizaciones de la comunidad.
Facebook Comments