Por Steve Kenkel, Iowa Capital Dispatch
Mientras considera si firmar una ley que limita el uso del dominio eminente para construir gasoductos de carbono, la gobernadora Kim Reynolds enfrenta una decisión que definirá para siempre su legado dentro del Partido Republicano de Iowa: defender los derechos constitucionales y de propiedad de los propietarios de tierras en Iowa, o anteponer las ganancias de la industria del etanol por encima de esos derechos.
La plataforma del partido respalda de forma clara e inequívoca los derechos de los propietarios. La Cámara de Representantes y el Senado de Iowa, ambos con mayoría republicana, han aprobado una legislación bipartidista destinada a proteger esos derechos. No debería ser una decisión difícil.
Sin embargo, diversos grupos de interés están presionando a la gobernadora para que vete el Proyecto de Ley de la Cámara 639 (House File 639), argumentando que perjudicaría a la industria del etanol y afectaría negativamente futuras oportunidades de desarrollo económico en el estado. Pero si esas afirmaciones fueran ciertas, ¿por qué casi el 30 % de las plantas de etanol en Iowa han decidido no participar en esta arriesgada iniciativa de gasoductos de CO₂? ¿Por qué Summit Carbon Solutions ha demandado a varios condados de Iowa por sus ordenanzas de zonificación, precisamente las herramientas que dichos condados utilizan para orientar y proteger su crecimiento económico local?
Los argumentos de la industria del etanol, centrados en intereses propios, no resisten un análisis riguroso. Los gasoductos de dióxido de carbono de propiedad privada no cumplen con la definición constitucional de “uso público” requerida para aplicar el dominio eminente, y no justifican que el gobierno utilice su poder para obligar a propietarios privados a formar parte de un emprendimiento especulativo. En esencia, estos grupos de interés están pidiendo a la gobernadora que escoja ganadores y perdedores económicos, a costa de los derechos constitucionales.
Es fundamental destacar que el HF 639 no detiene el proyecto del gasoducto ni prohíbe los acuerdos voluntarios. De hecho, Summit ya ha obtenido todos los acuerdos voluntarios necesarios en Minnesota y ahora debe hacer lo mismo en Dakota del Sur para cumplir con las condiciones establecidas por la Comisión de Servicios Públicos de Iowa para poder construir en el estado. Los propietarios de tierras en Iowa merecen los mismos derechos que aquellos en los estados vecinos.
Si este proyecto realmente responde a una necesidad económica clave y cuenta con respaldo legítimo, debería avanzar a través del mercado libre, sin coerción y sin vulnerar los derechos de los propietarios.
Reconozco a la gobernadora Reynolds por haber incluido a una amplia gama de actores en esta conversación. Escuchar a la ciudadanía, y no solo a los intereses particulares, es esencial para formular políticas públicas sólidas. Pero eso no cambia el dilema que enfrenta: derechos constitucionales frente a ganancias para intereses especiales.
Firmar el HF 639 permitiría a la gobernadora Reynolds defender los derechos constitucionales, limitar el uso indebido del dominio eminente con fines de lucro privado, reafirmar su compromiso con la defensa de la propiedad privada como lo establece la plataforma del Partido Republicano, proteger a los propietarios ante seguros insuficientes y fortalecer la rendición de cuentas de la Comisión de Servicios Públicos de Iowa.
Eso garantizaría que su legado sea recordado como el de una firme defensora del compromiso del Partido Republicano con los derechos constitucionales y de propiedad privada.
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