Por Clark Kauffman, Iowa Capital Dispatch
Acciones del gobierno rozan la “mala fe”, dice juez federal
Un juez federal cuestionó duramente al gobierno por sus intentos de detener y deportar a un camionero arrestado durante un operativo conjunto de control migratorio llevado a cabo por ICE y la Patrulla Estatal de Iowa.
El caso involucra a Suraj Vasal, quien hace cuatro años llegó a Estados Unidos desde India en busca de asilo y luego fue liberado bajo palabra. El 11 de febrero de 2026, Vasal conducía un camión comercial por la Interestatal 80 en Iowa cuando no se detuvo en una estación de pesaje. El agente de la Patrulla Estatal de Iowa, Nathaniel Rippey, le impuso una multa y, después, agentes del Immigration and Customs Enforcement lo detuvieron y lo trasladaron a la cárcel del condado de Polk.
Los registros judiciales indican que la Patrulla Estatal de Iowa e ICE llevan a cabo un operativo de control migratorio llamado “Operation ICE Wall”, que incluye, entre otras acciones, detener a conductores de camiones comerciales en estaciones de pesaje de las autopistas interestatales de Iowa.
El abogado de Vasal, Alexander Smith, demandó a ICE, al Departamento de Seguridad Nacional y al administrador de la cárcel del condado de Polk, Cory Williams, por este caso. La Fiscalía federal sostiene que tenía una orden válida para detener a Vasal por la infracción de no detenerse en la estación de pesaje.
Inicialmente, a Vasal se le negó una audiencia de fianza, ya que el tribunal migratorio de Omaha se basó en la postura del gobierno de Trump de que las personas que han vivido en Estados Unidos durante meses o años están sujetas al mismo tipo de “detención obligatoria” que quienes son detenidos en la frontera.
El 24 de febrero de 2026, el juez federal de distrito Stephen H. Locher dio al tribunal migratorio siete días para conceder a Vasal una audiencia en la que pudiera argumentar a favor de su liberación bajo fianza mientras su caso de deportación seguía pendiente.
Lo único que el juez de inmigración no debía hacer era seguir adelante con la audiencia del 27 de febrero de 2026, violando los derechos de (Vasal). Y, sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió.
– Juez federal de distrito Stephen H. Locher
El 27 de febrero, agentes de ICE se acercaron a Vasal en su celda a las 10 a.m. y le informaron que debía comparecer, a través de Zoom, a una audiencia en 30 minutos. Vasal participó en la audiencia, que resultó ser la audiencia de fianza ordenada por el tribunal que inicialmente se le había negado.
Durante la audiencia, Vasal pidió más tiempo para conseguir representación legal. El tribunal rechazó la solicitud y siguió adelante con el proceso, en el que funcionarios de ICE argumentaron que el hecho de que Vasal no se detuviera en la estación de pesaje indicaba que representaba tanto un riesgo de fuga como un peligro para la comunidad. El juez de inmigración concluyó que existía riesgo de fuga y le negó la fianza.
Smith regresó al tribunal federal, argumentando que ICE y el tribunal de inmigración incurrieron en un “cumplimiento malicioso” de la orden emitida por Locher el 24 de febrero.
“La ‘audiencia de fianza’ del (gobierno) fue una farsa impuesta al señor Vasal sin previo aviso y sin una oportunidad razonable para contratar a un abogado o prepararse para su audiencia”, sostuvo Smith en documentos judiciales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en representación de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional, argumentó que la audiencia debía celebrarse en el momento establecido o el juez de inmigración, que tenía una agenda saturada, corría el riesgo de incumplir la orden de Locher de realizar la audiencia dentro de un plazo de siete días.
Juez: las acciones del gobierno rozan la mala fe
En un fallo contundente emitido el 24 de marzo, Locher rechazó el argumento del Departamento de Justicia y determinó que los derechos de Vasal fueron vulnerados por las acciones tanto del Departamento de Seguridad Nacional como del juez de inmigración.
Las acciones del gobierno, dijo Locher, “rozan la mala fe”. En esencia, señaló que la postura del gobierno implica que “es aceptable obligar a una persona que se representa a sí misma a participar en una audiencia en la que su libertad está en juego con, como máximo, 30 minutos de aviso. El tiempo hizo imposible que (Vasal) reuniera pruebas para su defensa, como evidencia de autorización de trabajo, información de su empleador, testimonios o cartas de apoyo de familiares y amigos, y pruebas sobre su situación de vivienda. Esto constituye una violación de los derechos básicos al debido proceso”.
El juez de inmigración, determinó Locher, “también parece haber violado el derecho legal de (Vasal) a contar con representación al negarse a posponer la audiencia … Para empeorar las cosas, parece que el juez de inmigración, con el pleno respaldo del (gobierno), intenta culpar a este tribunal de lo ocurrido”.
Los seres humanos tienen derecho a un debido proceso antes de ser encarcelados. Las personas que solo han cometido una infracción de tránsito no merecen meses de detención.
– Abogado Alexander Smith
Locher calificó de “frívolo” el argumento del gobierno de que el juez de inmigración debía continuar con la audiencia o corría el riesgo de no cumplir con el plazo de siete días.
“No hay razón para que este juez de inmigración en particular tuviera que encargarse de la audiencia de fianza”, escribió Locher. “Si su agenda estaba demasiado cargada para llevarla a cabo dentro del plazo de siete días respetando los derechos de (Vasal) a la representación legal y al debido proceso, debió transferir el caso a otro juez de inmigración”.
Locher añadió que “cabe señalar, en cualquier caso, que cualquier falta de recursos es responsabilidad del propio (gobierno) por impulsar medidas agresivas de control migratorio sin la preparación o infraestructura suficientes para garantizar la protección de los derechos al debido proceso”.
También subrayó que “lo único que el juez de inmigración no debía hacer era seguir adelante con la audiencia del 27 de febrero de 2026, violando los derechos de (Vasal). Y, sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió”.
Locher también cuestionó la decisión del juez de inmigración de negar la fianza a Vasal al final de la audiencia, señalando que Vasal “tiene empleo, paga impuestos, tiene un caso de asilo pendiente y no cuenta con antecedentes penales más allá de una infracción de tránsito. Resulta difícil entender cómo el juez de inmigración pudo concluir en estas circunstancias que representaba un riesgo de fuga”.
Locher ordenó que se realizara otra audiencia de fianza en un plazo de siete días, que el caso fuera asignado a un juez distinto del que lo atendió el 27 de febrero y que Vasal recibiera al menos 48 horas de aviso previo.
Sin embargo, al día siguiente de esa decisión, el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito determinó que no todas las personas detenidas por ICE que han vivido en Estados Unidos durante meses o años tienen derecho automático a una audiencia de fianza.
Locher retiró su orden de realizar una nueva audiencia de fianza, pero dio a Smith, abogado de Vasal, la oportunidad de argumentar por qué en este caso específico sí debería concederse una audiencia.
En respuesta, Smith presentó esta semana una moción solicitando la liberación inmediata de su cliente.
“Los seres humanos tienen derecho a un debido proceso antes de ser encarcelados”, dijo Smith ante el tribunal. “Las personas que solo han cometido una infracción de tránsito no merecen meses de detención. El tribunal debería ordenar la liberación inmediata de Suraj Vasal o, al menos, mantener vigente su decisión de que debe recibir una nueva audiencia de fianza”.
Locher aún no ha emitido un fallo sobre el caso.
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