Por Jacob Fischler, Iowa Capital Dispatch
La administración Trump revisará las subvenciones congeladas destinadas a universidades sin aplicar sus controvertidos criterios, que desincentivaban iniciativas relacionadas con género, raza y orientación sexual, así como la investigación en vacunas.
En un acuerdo judicial presentado el lunes ante un tribunal federal de Massachusetts, los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y un grupo de fiscales generales demócratas que impugnaron los nuevos criterios de financiamiento señalaron que el NIH evaluará las solicitudes de subvención presentadas hasta el 29 de septiembre de 2025 sin juzgar los esfuerzos relacionados con diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) ni con vacunas.
El acuerdo ofrece una vía sin oposición para que la agencia continúe su labor mientras los tribunales determinan si la administración puede utilizar su análisis controvertido. La administración no aceptó abandonar de manera permanente su campaña para evaluar las decisiones de financiamiento en investigación de salud con base en los programas DEI de las instituciones.
Los funcionarios del NIH “completarán la evaluación de las solicitudes en el curso ordinario del proceso de revisión científica del NIH, sin aplicar las directrices impugnadas”, señala el acuerdo, y agrega que la agencia “evaluará cada solicitud de manera individual y de buena fe”.
El acuerdo fue firmado por abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos y por los fiscales generales de Massachusetts, California, Maryland, Washington, Arizona, Colorado, Delaware, Hawái, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island y Wisconsin.
En una declaración emitida el martes, la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, afirmó que el acuerdo compromete al Departamento de Salud y Servicios Humanos a retomar “el proceso habitual para evaluar las solicitudes de subvenciones del NIH dentro de un calendario oportuno y acordado”.
Los 17 fiscales generales presentaron la demanda en abril por un total de 783 millones de dólares en subvenciones congeladas.
Un tribunal de primera instancia y una corte de apelaciones en Massachusetts fallaron a favor de los estados, pero la Corte Suprema de Estados Unidos determinó en agosto que el juez de primera instancia carecía de autoridad para ordenar el pago de las subvenciones, especialmente a la luz de una decisión similar relacionada con el Departamento de Educación.
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