Por Ariana Figueroa, Iowa Capital Dispatch
Washington, DC — Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia escuchó el lunes los argumentos orales presentados por la administración Trump en defensa de la decisión del presidente de poner fin a las solicitudes de asilo en la frontera sur mediante una orden ejecutiva.
Diversos grupos defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes solicitaron que se mantuviera de forma permanente la orden judicial emitida en julio por un tribunal del mismo distrito, la cual estableció que la administración Trump no podía impedir que las personas solicitantes de asilo presentaran sus peticiones — un tipo de protección destinada a quienes temen ser perseguidos.
Un panel de apelaciones distinto suspendió la orden del tribunal inferior, permitiendo así que la administración bloqueara las solicitudes de asilo mientras se debatían los méritos del caso.
La administración Trump invocó la proclamación 212(f) y argumentó que, debido a una presunta “invasión” en la frontera sur, podían negarse las protecciones de asilo — las cuales fueron establecidas por el Congreso. La proclamación 212(f) otorga al presidente la autoridad de suspender el ingreso de migrantes bajo ciertas circunstancias.
Los encuentros con migrantes en la frontera sur han alcanzado su nivel más bajo en años.
Política migratoria restrictiva
La orden ejecutiva emitida en enero se enmarca en la ofensiva migratoria del presidente, cuyo objetivo es reducir la inmigración dentro del país mediante deportaciones masivas y limitar el ingreso a Estados Unidos restringiendo el acceso al asilo y al programa de reasentamiento de refugiados.
Durante la audiencia del lunes, los abogados del Departamento de Justicia, en representación de la administración Trump, argumentaron que el presidente tiene autoridad para determinar quién puede ser admitido en el país, incluso cuando se trata de una solicitud de asilo.
La demanda fue presentada en nombre de tres organizaciones por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, la ACLU del Distrito de Columbia y la ACLU de Texas.
Las tres organizaciones representadas son el Centro para la Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES), el Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas y el Proyecto de Derechos de Refugiados e Inmigrantes Florence. Estas entidades brindan asistencia legal a personas solicitantes de asilo y argumentaron que, bajo la proclamación de Trump, no pueden ejercer su labor.
El panel de jueces estuvo conformado por Cornelia T.L. Pillard, Justin R. Walker y J. Michelle Childs.
La jueza Pillard fue nominada por el expresidente Barack Obama; la jueza Childs, por el presidente Joe Biden; y el juez Walker fue nominado por el expresidente Donald Trump durante su primer mandato.
Poderes ejecutivos de Trump
Drew Ensign, abogado del Departamento de Justicia en representación de la administración Trump, sostuvo que la proclamación presidencial es una extensión de las facultades del Poder Ejecutivo.
Ensign argumentó que la administración considera que el asilo es una medida discrecional y que el presidente puede “tomar las acciones necesarias para hacer efectiva una restricción de ingreso, incluyendo establecer consecuencias por su incumplimiento”.
Agregó que, dado que el tribunal de apelaciones permitió este verano suspender la orden del tribunal de distrito, eso sugiere que el gobierno probablemente prevalecerá en su argumento.
Por su parte, Lee Gelernt, de la ACLU, sostuvo que el uso de la proclamación 212(f) no puede invalidar las leyes de asilo establecidas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) aprobada por el Congreso.
“Se trata de una legislación internamente coherente que el Congreso ensambló pieza por pieza”, dijo Gelernt en referencia a la INA. “Y lo que realmente sucede aquí es que la administración no está conforme con la forma en que el Congreso estructuró esa legislación.”
Agregó que el Congreso fue específico al definir qué tipo de personas no califican para el asilo, como aquellas con vínculos con el terrorismo.
“Pero la 212(f) por sí sola no puede invalidar el derecho al asilo”, reiteró Gelernt.
Ensign también solicitó al panel de jueces que, en caso de reactivarse la orden judicial del tribunal inferior, se otorgue a la administración Trump un plazo de al menos dos semanas para implementar la nueva política en la frontera sur.
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