
Washington, D.C. — Fiscales generales estatales demócratas prometieron el lunes en el Capitolio seguir adelante con los desafíos legales contra la “escandalosa extralimitación” del presidente Donald Trump a través de órdenes ejecutivas para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, imponer aranceles globales excesivos, obstaculizar investigaciones médicas que salvan vidas y más.
Keith Ellison, de Minnesota; Matthew J. Platkin, de Nueva Jersey; Andrea Campbell, de Massachusetts; y Kwame Raoul, de Illinois, participaron ante legisladores demócratas de los comités judiciales del Senado y la Cámara de Representantes en un “foro especial” organizado por legisladores de la minoría.
Estos altos funcionarios y otros fiscales de estados gobernados por demócratas han impulsado múltiples acciones legales contra directrices de Trump que, argumentan, ponen en riesgo la economía de sus estados y vulneran los derechos de sus ciudadanos.
Han obtenido fallos favorables en tribunales federales para reincorporar a trabajadores federales despedidos, restaurar fondos asignados por el Congreso a iniciativas de salud y organizaciones sin fines de lucro, y proteger la ciudadanía de bebés nacidos en Estados Unidos, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Trump, miembros de su administración y del Partido Republicano han atacado en redes sociales a jueces federales por decisiones desfavorables y consideran impulsar legislación para recortar el poder del sistema judicial.
“Hemos hecho más de lo que se esperaba y estamos desempeñando un papel crucial en este momento”, afirmó Campbell.
Más de 20 fiscales generales estatales demócratas esperan ahora el fallo de la Corte Suprema de EE. UU. sobre si ratificará los veredictos de tribunales inferiores que protegen la ciudadanía por nacimiento.
30 demandas
El representante Jamie Raskin, principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara, elogió a los fiscales por su protagonismo entre los cientos de demandas contra acciones unilaterales del expresidente.
Según Raskin, la administración enfrenta 328 demandas de distintos actores, de las cuales al menos 30 provienen de fiscales generales demócratas. Varios seguimientos en línea documentan los avances de los numerosos casos iniciados desde que comenzó el segundo mandato de Trump.
“Los tribunales federales en todo el país han emitido 197 medidas cautelares preliminares contra este reinado de ilegalidad”, señaló Raskin, de Maryland.
El senador Dick Durbin, líder demócrata en el Comité Judicial del Senado, culpó a las órdenes ejecutivas de Trump por “afectar negativamente los derechos, las libertades y el bolsillo de la gente”.
“En este entorno alarmante, muchos estadounidenses no tienen mejor aliado que los fiscales generales de sus estados”, agregó Durbin, de Illinois.
Los fiscales presentes explicaron a los legisladores que defender la autoridad del Congreso ha sido “el núcleo” de muchas de sus acciones legales.
“Cuando decimos que no puede actuar como un rey, nos referimos a que no puede anular acciones ya aprobadas por el Congreso y firmadas por un presidente para, por ejemplo, convertir un programa de carreteras del Departamento de Transporte en una iniciativa de control migratorio”, explicó Platkin, en referencia a una victoria obtenida el 19 de junio por 20 estados liderados por demócratas, cuyos fondos de transporte federal estaban amenazados.
Ellison calificó estas órdenes ejecutivas de Trump como “intimidación, pura y simple”.
“Resistiremos. Este comité puede contar con los fiscales generales estatales, quienes creemos en la libertad y la justicia para todos, para seguir en esta lucha. Ninguno de nosotros está cansado, y podemos sostener esto más tiempo que ellos”, declaró Ellison.
Impacto en la investigación médica
Durante cerca de dos horas y media, legisladores demócratas abordaron los efectos que las numerosas órdenes ejecutivas de Trump, emitidas desde el 20 de enero, han tenido o podrían tener en sus comunidades.
La representante Mary Gay Scanlon, de Pensilvania, agradeció a los fiscales por “actuar en nombre de todos los estadounidenses para exigir rendición de cuentas a esta administración”.
Scanlon, quien representa el área de Filadelfia, señaló que su distrito fue especialmente golpeado por la orden de Trump que retiró financiamiento federal para investigaciones médicas, incluyendo amplios fondos del Instituto Nacional de Salud (NIH).
“Mis electores reportan toda clase de consecuencias negativas. A varios se les ha informado que ya no podrán recibir el tratamiento que, para muchos, representaba su última esperanza. Personal investigador altamente calificado ha sido despedido, afectando su sustento y limitando la capacidad de innovación del sector médico”, detalló Scanlon.
La representante Deborah Ross, cuyo distrito incluye el “Triángulo de Investigación” de Carolina del Norte —hogar de tres universidades líderes en Durham, Raleigh y Chapel Hill— agradeció a Campbell por su rol en una victoria legal que permitió restaurar los fondos del NIH.
Ross compartió que una mujer de su distrito se comunicó con su oficina para preguntar cuándo se reanudaría un estudio médico del que formaba parte.
“Cuando logran estas valiosas medidas cautelares, deben demostrar que la administración de Trump violó la ley, que hay alta probabilidad de éxito en el fondo del caso y que existe un daño irreparable. Y esta mujer es un claro ejemplo de ese daño”, dijo Ross.
El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, lamentó que sus colegas republicanos no se hayan sumado a las demandas, especialmente las relacionadas con la financiación para la salud. Raoul contó que su padre, médico, falleció de cáncer de próstata. Años después, él fue diagnosticado con la misma enfermedad y logró sobrevivir.
“Debemos seguir avanzando en investigación. Para mí, esta acción fue profundamente personal”, expresó Raoul.
“Esto no solo afecta a los estados azules, ¿verdad? También hay instituciones de investigación en los estados rojos que se están viendo perjudicadas. Espero, y pido, a mis colegas fiscales generales del otro lado del pasillo que se sumen a esta lucha, porque sus instituciones también sufrirán las consecuencias.”
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