Los dos agentes federales de inmigración que dispararon contra el manifestante Alex Pretti en Minneapolis están identificados en registros gubernamentales como el agente de la Patrulla Fronteriza Jesús Ochoa y el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) Raymundo Gutiérrez.
Los registros revisados por ProPublica señalan a Ochoa, de 43 años, y a Gutiérrez, de 35, como los tiradores durante el incidente mortal del fin de semana pasado, que dejó a Pretti muerto y desató protestas masivas y llamados a investigaciones penales.
Ambos fueron asignados a la Operación Metro Surge, un operativo de control migratorio lanzado en diciembre que desplegó a decenas de agentes armados y enmascarados por toda la ciudad.
La CBP, que emplea a ambos, hasta ahora se ha negado a divulgar sus nombres y ha revelado pocos detalles sobre el incidente mortal, ocurrido días después de que otro agente de inmigración disparara y matara a otra manifestante en Minneapolis: Renee Good, una madre de tres hijos de 37 años.
La muerte de Pretti y el hermetismo posterior en torno a los agentes involucrados ocurren mientras el país enfrenta las consecuencias de la ofensiva migratoria agresiva del presidente Donald Trump. Las redadas en ciudades de todo el país han estado marcadas por escenas de violencia contra inmigrantes y ciudadanos estadounidenses, por parte de agentes autorizados a ocultar su identidad con máscaras, una práctica casi inédita en las fuerzas del orden. Como resultado, al público se le ha privado de una de las principales formas de exigir rendición de cuentas a los agentes involucrados en este tipo de enfrentamientos: conocer su identidad.
Legisladores demócratas y republicanos han pedido una investigación transparente sobre la muerte de Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que trabajaba en un hospital del Departamento de Asuntos de los Veteranos.
“Debemos tener una investigación transparente e independiente sobre el tiroteo en Minnesota, y los responsables —sin importar su cargo— deben rendir cuentas”, escribió en X el lunes el senador republicano John Curtis, de Utah.
La agencia envió el martes un aviso a algunos miembros del Congreso en el que reconocía que dos agentes dispararon pistolas Glock durante el altercado que dejó a Pretti muerto. Ese aviso no incluye los nombres de los agentes. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que supervisa a la CBP, dijo que los agentes fueron puestos en licencia tras el tiroteo del 24 de enero. Y después de una semana de protestas y llamados de legisladores para que se revisara el caso, el Departamento de Justicia informó el viernes que su División de Derechos Civiles investiga el tiroteo. Un portavoz del DOJ no respondió preguntas, incluida si el DHS ha compartido materiales, como grabaciones de cámaras corporales, con los investigadores.
Ochoa es un agente de la Patrulla Fronteriza que se incorporó a la CBP en 2018. Gutiérrez ingresó en 2014 y trabaja para la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP. Está asignado a un equipo de respuesta especial, que realiza operativos de alto riesgo similares a los de las unidades SWAT policiales. Los registros muestran que ambos son del sur de Texas.
Tras el tiroteo, Gregory Bovino, quien ha coordinado redadas y arrestos migratorios de alta intensidad en una serie de ciudades gobernadas por demócratas desde principios de 2025, fue removido de su cargo como comandante general de la Patrulla Fronteriza y reasignado a su antiguo puesto en El Centro, California.
Un portavoz del DHS declinó responder preguntas sobre los dos agentes y remitió a ProPublica al FBI. El FBI se negó a comentar. ProPublica hizo varios intentos por llamar a Ochoa y Gutiérrez, pero ninguno respondió.
Ochoa, conocido como Jesse, se graduó de la Universidad de Texas-Pan American con un título en justicia penal, según su exesposa, Angélica Ochoa. Residente desde hace mucho tiempo del Valle del Río Grande, Ochoa había soñado durante años con trabajar para la Patrulla Fronteriza y finalmente consiguió el empleo, dijo ella. Para cuando la pareja se separó en 2021, él se había convertido en un aficionado a las armas, con unas 25 rifles, pistolas y escopetas, afirmó Angélica Ochoa.
La divulgación del DHS al Congreso se basó en una revisión interna de las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes, las cuales no han sido divulgadas al público. Investigadores estatales, mientras tanto, han acusado a sus contrapartes federales de obstaculizar su investigación del tiroteo.
“No tenemos ninguna información sobre los tiradores”, dijo un portavoz de la ciudad de Minneapolis. Un portavoz del gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo el martes que su oficina tampoco “ha recibido los nombres y no tenemos nueva información sobre la investigación”.
Los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en una carta enviada el lunes a la fiscal general Pam Bondi, acusaron al Departamento de Justicia de encubrir evidencia tanto en la muerte de Pretti como en la de Good.
“El DOJ también ha bloqueado a fiscales y agentes para que cooperen con funcionarios estatales encargados de hacer cumplir la ley y ha impedido que funcionarios estatales accedan a evidencia”, señala la carta.
El representante de Maryland Jamie Raskin, el principal demócrata en el Comité Judicial de la Cámara, dijo el domingo a CNN que los agentes de inmigración no deberían usar máscaras.
“No deberían ser anónimos. Deberían ser identificables. Y tienen que tener reglas de enfrentamiento que no les permitan aterrorizar e intimidar, acosar y agredir a ciudadanos estadounidenses y a otras personas”, dijo.
El aviso al Congreso indicó que el tiroteo ocurrió cuando Pretti se resistió al arresto después de que los oficiales no lograron sacar de la calle a él y a una manifestante.
El oficial de la CBP “intentó mover a la mujer y a Pretti fuera de la vía. La mujer y Pretti no se movieron”, dice el informe. “El personal de la CBP intentó poner a Pretti bajo custodia. Pretti se resistió a los esfuerzos del personal de la CBP y se produjo un forcejeo”.
Según el informe, un agente gritó entonces “¡Tiene un arma!” varias veces, y otros dos “dispararon” sus pistolas Glock.
En videos ampliamente compartidos en línea, se puede ver a Pretti sosteniendo un teléfono y documentando los movimientos de agentes federales y oficiales mientras patrullaban las calles de un popular distrito gastronómico y artístico. Según reportes de prensa, Pretti estaba preocupado por el cerco cada vez más volátil de la ciudad por parte de agentes federales.
En los videos, un agente enmascarado parece derribar a una mujer. Pretti acude en su ayuda, interponiéndose entre ambos, momento en que el oficial le rocía gas pimienta en el rostro. Luego, dos agentes agarran a Pretti y lo tiran al suelo, mientras más personal federal se amontona encima. Durante el forcejeo, los agentes realizaron una serie de disparos —aproximadamente 10— mientras los presentes gritaban.
Pretti estaba armado en el momento del encuentro con una pistola de propiedad legal, según funcionarios estatales y federales. Algunos análisis de video grabado por testigos parecen mostrar a un agente federal quitándole el arma a Pretti de la cintura antes de que se efectuaran los primeros disparos. Las máscaras de los agentes y el caos del altercado dificultan distinguir a unos de otros.
Esos videos parecen contradecir las afirmaciones de Bovino y otros funcionarios, incluida la secretaria del DHS, Kristi Noem, de que Pretti había intentado atacar a los agentes.
“Los agentes intentaron desarmar al individuo, pero se resistió violentamente”, dijo Bovino en una conferencia de prensa el 25 de enero. “Temiendo por su vida y por la vida y seguridad de otros oficiales, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó tiros defensivos”.
En los primeros días tras el hecho, Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump y figura clave detrás de las operaciones de control migratorio, calificó a Pretti como “un posible asesino”. Pero Miller cambió de tono más adelante en la semana cuando dijo en un comunicado que los oficiales de la CBP “podrían no haber estado siguiendo” el protocolo relacionado con confrontar a transeúntes.
También surgió otro video que muestra a Pretti en un altercado distinto con agentes federales 11 días antes de que muriera. El video muestra a Pretti gritándoles a los agentes, quienes subieron a una SUV y comenzaron a irse. Pretti luego patea y rompe la luz trasera del vehículo y los agentes, que llevaban máscaras protectoras, se bajan y lo derriban al suelo.
No está claro si algunos de los mismos agentes estuvieron involucrados en ambos incidentes.
Lauren Bonds, directora ejecutiva del National Police Accountability Project, dijo que muchos departamentos de policía locales y estatales son “mucho más transparentes” que la CBP cuando agentes disparan contra personas. “Cada vez más departamentos de policía están optando por divulgar grabaciones de cámaras corporales o de patrullas en cuestión de un par de días”.
Gil Kerlikowske, excomisionado de la CBP, dijo a ProPublica que es difícil sacar conclusiones a partir del caos en los videos grabados por testigos. Aun así, señaló que el tiroteo podría haberse evitado. El intento de Pretti de ayudar a la mujer derribada podría haberse interpretado como una interferencia con la labor federal, dijo. Pero la decisión de los oficiales de usar gas pimienta de inmediato creó una escena caótica que probablemente contribuyó a la muerte de Pretti.
“El otro agente podría haber dicho ‘no interfiera’ o ‘aléjese’”, dijo Kerlikowske. “En lugar de pasar de inmediato al gas pimienta, se puede arrestar a la persona”. Es parte de un patrón, añadió, de oficiales federales que recurren de inmediato al uso de la fuerza en situaciones que podrían haberse desescalado, pero que en cambio crean peligro tanto para los agentes como para sus objetivos.
La muerte de Pretti y la manera en que el gobierno federal caracterizó el hecho desataron protestas inmediatas, impulsando a miles de personas a salir al frío intenso en Minneapolis y otras ciudades estadounidenses. El tiroteo también ha recibido duras críticas de líderes políticos, incluido Walz, quien ha prometido que las fuerzas del orden de su estado realizarán su propia investigación penal.
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