Demandan a Seguridad Nacional por “interpretación extrema” de ley federal
Otro residente de Iowa desde hace años está demandando al gobierno federal por estar detenido en la cárcel sin derecho a fianza mientras espera su posible deportación.
Noel López De La Cruz, de 23 años y residente de Mt. Pleasant, es un extranjero no ciudadano que, según se alega, ha residido en Estados Unidos desde que era un niño pequeño, por más de 20 años. Está demandando al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y a otros en un tribunal federal. La demanda impugna lo que denomina la “nueva y draconiana política” del gobierno de reinterpretar la ley para eliminar cualquier posibilidad de audiencias de fianza en casos de detención migratoria.
Según los registros judiciales, De La Cruz tuvo su primer contacto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 9 de junio de 2025 en la cárcel del condado de Muscatine, donde estaba detenido por una orden judicial que lo acusaba de posesión de marihuana.
Los registros judiciales indican que el Departamento de Seguridad Nacional le ha negado la libertad mientras su caso está pendiente, una acción coherente con una nueva política del DHS que entró en vigor en julio de 2025. Según esta política, todos los empleados de ICE deben considerar que cualquier persona de la que se alegue que ingresó ilegalmente a Estados Unidos está sujeta a detención obligatoria.
De La Cruz solicitó una audiencia de reconsideración de fianza ante un juez de inmigración en el Tribunal de Inmigración de Omaha, pero el juez denegó la solicitud al considerar que no tenía jurisdicción sobre el asunto dada la nueva interpretación de la ley federal por parte del DHS.
La demanda alega que, como resultado de la negativa a celebrar una audiencia sobre el tema, los procedimientos de deportación contra De La Cruz no pueden suspenderse y su deportación “será acelerada”, lo que disminuye aún más sus posibilidades de argumentar en contra de su expulsión.
Al buscar alivio en los tribunales federales, De La Cruz argumenta que, sin la intervención judicial, “enfrenta la perspectiva de meses, o incluso años, bajo custodia migratoria, separado de su familia y comunidad”.
Un número creciente de casos similares a la demanda de De La Cruz se están presentando en todo el país, en parte debido a una decisión del 5 de septiembre de 2025 de la Junta de Apelaciones de Inmigración. En esa decisión, la junta adoptó la nueva interpretación de la ley de Seguridad Nacional, determinando que los jueces de inmigración carecen de autoridad incluso para considerar solicitudes de fianza en tales casos.
“Una medalla de oro en gimnasia mental”
Los abogados de De La Cruz y otros que enfrentan la deportación argumentan que, si bien la ley federal sí ordena la detención de aquellos aprehendidos en su “llegada” a Estados Unidos, una sección separada de la ley ha permitido, durante décadas, específicamente audiencias de fianza en casos donde las personas son detenidas días, meses o años después de haber ingresado al país.
En el caso de De La Cruz, sus abogados argumentan que, para justificar la detención sin fianza, la Junta de Apelaciones de Inmigración ha tenido que estirar el significado de “llegada” de una manera que es “digna de una medalla de oro en gimnasia mental”.
Citando fallos judiciales anteriores, dicen que esta “interpretación extrema” de la ley “revoca décadas de interpretación y práctica administrativa” y requeriría la detención de literalmente millones de personas.
Aunque algunos jueces de inmigración en todo el país han seguido concediendo audiencias de fianza a individuos, Seguridad Nacional ha contraatacado, apelando tales decisiones. Esas apelaciones típicamente resultan en una suspensión automática de los procedimientos, impidiendo que los no ciudadanos sean liberados bajo fianza incluso en casos donde un juez ha rechazado la nueva interpretación de la ley de la administración Trump.
Los demandados en el caso De La Cruz, que aún no han presentado una respuesta a la demanda, incluyen al Departamento de Seguridad Nacional y su directora, Kristi Noem; la Fiscal General de EE. UU., Pamela Bondi; la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración y su director interino, Srice Owen; el Tribunal de Inmigración de Omaha; el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. y su director interino, Todd M. Lyons; y Peter Berg, director de oficina de campo de ICE.
También se nombraron como demandados a Dave Beuter, administrador principal de la cárcel del condado de Linn, y a Brian Gardner, sheriff del condado de Linn.
A principios de esta semana, Iowa Capital Dispatch informó sobre otro hombre de Iowa, Yeison Antonio López López, de 29 años, quien alega que está detenido en la cárcel, mientras enfrenta deportación, sin la oportunidad de solicitar su libertad bajo fianza.
López López está demandando al gobierno federal, buscando la intervención judicial para proteger “los derechos al debido proceso que corresponden a miles de demandados migratorios en todo el país”. Ese caso aún está pendiente.
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