Por Jonathan Shorman, States Newsroom
A medida que se acercan las elecciones de medio término, funcionarios electorales republicanos y demócratas están divididos en torno a un poderoso programa federal que se ha convertido en pieza clave de la ofensiva del presidente Donald Trump para detectar votantes no ciudadanos y elaborar listas de estadounidenses en edad de votar.
Una audiencia del jueves del Comité de Administración de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dejó al descubierto esa división partidista en torno al programa SAVE del Departamento de Seguridad Nacional. La herramienta en línea puede verificar la ciudadanía estadounidense al cotejar nombres con múltiples bases de datos gubernamentales.
Los republicanos han adoptado SAVE —Systematic Alien Verification for Entitlements— como una nueva herramienta eficaz para identificar a posibles votantes no ciudadanos. Pero los demócratas lo han rechazado por temor a que Trump esté construyendo una base de datos nacional de votantes y por la preocupación de que el programa identifique erróneamente a ciudadanos estadounidenses.
El secretario de Estado republicano de Kansas, Scott Schwab, y el secretario de Estado demócrata de Minnesota, Steve Simon, expusieron posturas opuestas sobre SAVE durante la audiencia del jueves. Eliminar de los padrones a personas no ciudadanas registradas para votar sigue siendo una prioridad de la administración Trump, aunque los estudios muestran que el voto de no ciudadanos es extremadamente raro.
Kansas procesó su padrón electoral con SAVE el año pasado, después de que la administración Trump transformara el programa, concebido inicialmente para verificar si personas no ciudadanas eran elegibles para recibir beneficios gubernamentales, en una herramienta de verificación de ciudadanía y lo hiciera gratuito para los estados. Schwab dijo que SAVE permitió a Kansas identificar a más de 5,500 votantes registrados que habían fallecido fuera del estado.
“SAVE es una de las herramientas más importantes que tienen los estados para verificar la información de los votantes”, dijo Schwab al comité.
Pero Simon ya había expresado inquietudes sobre el programa. Firmó una carta el 1 de diciembre junto con otros 11 secretarios de Estado demócratas en la que señalaron que SAVE probablemente debilitaría, en lugar de reforzar, los esfuerzos estatales para garantizar elecciones libres, justas y seguras. Es probable que el programa identifique erróneamente a votantes elegibles y desaliente la participación electoral, escribieron.
“No pretendo desacreditar a mi colega, el secretario Schwab, pero hemos determinado que todavía no está listo para usarse en Minnesota”, dijo Simon el jueves, y agregó que la ley de Minnesota no permite el uso de SAVE.
Programa central en la ofensiva electoral de Trump
SAVE es una pieza clave en los esfuerzos de Trump por ampliar el poder de la Casa Blanca sobre las elecciones federales, que bajo la Constitución de Estados Unidos son administradas por los estados.
El Departamento de Justicia está demandando a 29 estados y al Distrito de Columbia para obtener acceso a sus padrones electorales completos, incluidos datos personales sensibles de los votantes, como números de licencia de conducir y números parciales del Seguro Social.
Un abogado del Departamento de Justicia dijo el mes pasado en una corte federal que el departamento tiene un acuerdo para compartir esa información con el Departamento de Seguridad Nacional con el fin de identificar a no ciudadanos.
Trump también firmó una orden ejecutiva el mes pasado que limita el voto por correo y ordena al Departamento de Seguridad Nacional elaborar listas de ciudadanos estadounidenses en edad de votar. La orden dice que esas listas se elaborarán a partir de datos de SAVE, junto con registros de naturalización y del Seguro Social. Al menos cinco demandas se han presentado contra la orden, incluida una impugnación interpuesta por funcionarios estatales demócratas.
La Casa Blanca también está presionando al Congreso para que apruebe la SAVE America Act, la principal propuesta electoral de Trump. La medida exigiría que los votantes presenten documentos que prueben su ciudadanía. Entre sus disposiciones figura la obligación de que los estados revisen sus padrones electorales mediante el programa SAVE.
La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley en febrero. El Senado debate una versión de la legislación, que al parecer no cuenta con los votos suficientes para superar la obstrucción legislativa.
Existe una alternativa sin fines de lucro
“La integridad electoral no es un asunto complicado. Solo los votantes elegibles deben emitir votos en nuestras elecciones. Un solo voto ilegal ya es demasiado”, dijo el representante Bryan Steil, republicano de Wisconsin y presidente del Comité de Administración de la Cámara.
En enero, Steil presentó la Make Elections Great Again Act, que contiene disposiciones similares a la SAVE America Act, pero con un alcance más amplio. Impondría límites adicionales al voto por correo y obligaría a los estados a usar SAVE para actualizar las listas de votantes cada mes.
El representante Joe Morelle, demócrata de Nueva York y principal miembro de su partido en el comité, sugirió que los estados ya cuentan con otras opciones eficaces además de SAVE. Destacó a ERIC, o Electronic Registration Information Center, una organización sin fines de lucro que permite a los estados comparar registros de votantes y otros datos para identificar registros desactualizados, votantes fallecidos y, en algunos casos, posibles casos de voto ilegal.
“Creo que probablemente sería una negligencia no hablar del Electronic Registration Information Center”, dijo Morelle.
Veinticinco estados y el Distrito de Columbia pertenecen a ERIC. Algunos estados gobernados por republicanos abandonaron la organización hace varios años después de que Trump los instara a salir en medio de falsas teorías de conspiración —que él ayudó a promover— sobre que le robaron la elección de 2020.
Simon dijo que ERIC ofrece datos “realmente buenos” y de enorme valor para ayudar a mantener actualizado el padrón electoral de Minnesota.
“Aquí, los buenos datos son fundamentales”, dijo.
Kansas no participa en ERIC. Schwab, quien compite por la gubernatura de Kansas en la primaria republicana del estado, dijo que sería una buena herramienta, pero que es costosa.
ERIC cobra a los nuevos miembros una cuota única de $25,000, además de las cuotas anuales aprobadas por su junta directiva, de acuerdo con los estatutos de la organización. Los estados más grandes pagan más cada año que los más pequeños, y las cuotas anuales van de aproximadamente $37,000 a $117,000, según su sitio web.
“No tenemos los recursos para unirnos”, dijo Schwab.
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